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El Tribunal Supremo de Estados Unidos asestó este viernes uno de los golpes más duros a la política económica de Donald Trump al declarar ilegales la mayoría de los aranceles globales que el presidente impuso amparándose en poderes de emergencia.
La decisión, adoptada por seis votos contra tres, invalida retroactivamente las órdenes ejecutivas que establecieron gravámenes generalizados a decenas de países y abre un escenario de incertidumbre jurídica, económica y presupuestaria, según revelaron agencias de prensa.
El fallo supone una derrota significativa para el mandatario en uno de los pilares centrales de su agenda: la utilización de aranceles como herramienta de presión comercial, recaudación fiscal y negociación política.
El núcleo del fallo: La ley de emergencia no autoriza aranceles
La clave del caso está en la interpretación de la Ley de Poderes Económicos Internacionales para Emergencias (IEEPA), una norma de 1977 que permite al presidente “regular” el comercio exterior en situaciones de emergencia nacional.
Trump invocó esa ley para imponer los llamados aranceles “recíprocos”, que incluían gravámenes de hasta el 34 % para China y una tasa base del 10 % para la mayoría de los países, además de un 25 % adicional a determinados productos de Canadá, México y China, alegando razones vinculadas al fentanilo y la seguridad económica.
Sin embargo, la mayoría del Supremo fue tajante. En su sentencia subraya:
"El presidente afirma tener la facultad extraordinaria de imponer unilateralmente aranceles de monto, duración y alcance ilimitados. La concesión de la LPEIE de autoridad para 'regular... la importación' es insuficiente. La IEEPA no contiene ninguna referencia a aranceles. El Gobierno no señala ninguna ley en la que el Congreso haya utilizado la palabra 'regular' para autorizar la imposición de impuestos. Y hasta ahora ningún Presidente ha interpretado la LPEIE para conferir tal facultad".
El tribunal insistió en que su decisión no obedece a criterios económicos o políticos, sino estrictamente constitucionales:
"No reivindicamos ninguna competencia especial en materia económica ni de relaciones exteriores. Reivindicamos únicamente, como es nuestro deber, el papel limitado que nos asigna el Artículo III de la Constitución. En cumplimiento de dicho papel, sostenemos que la LPEIE no autoriza al presidente a imponer aranceles".
La Corte recordó además que, si el Congreso hubiera querido otorgar al presidente el poder “distinto y extraordinario de imponer aranceles” bajo esa ley, “lo habría hecho de forma expresa, como lo ha hecho de manera sistemática en otros estatutos arancelarios”.
¿Qué aranceles caen y cuáles siguen en vigor?
La sentencia no afecta a todos los gravámenes impuestos por la administración Trump.
Quedan anulados los aranceles generales país por país impuestos bajo la IEEPA, incluidos los “recíprocos” de amplio alcance.
En cambio, permanecen vigentes los aranceles sectoriales aplicados bajo otras leyes, como los gravámenes al acero, aluminio o determinados productos automotrices.
No obstante, estos aranceles sectoriales deben aplicarse de forma uniforme a todos los países.
Eso limita una de las estrategias más características de Trump: negociar aranceles “a la carta” con países concretos como herramienta de presión bilateral, salvo que medie un acuerdo comercial formal aprobado en términos similares al USMCA con México y Canadá.
El impacto económico: 150,000 millones en juego
El efecto inmediato más delicado es financiero.
Durante el último año, el Gobierno federal recaudó más de 150,000 millones de dólares por estos aranceles.
Con la anulación retroactiva, se abre la puerta a una avalancha de reclamaciones por parte de empresas que pagaron esas tasas.
Más de un millar de compañías ya se habían sumado a las demandas para evitar que los pagos prescribieran.
La sentencia no detalla el mecanismo de devolución, pero el problema es de enorme magnitud.
El juez Brett Kavanaugh, uno de los tres magistrados que votaron en contra, advirtió que: "Devolver el dinero a las empresas será muy complejo y confuso".
Además, recordó que gran parte del coste de los aranceles fue trasladado a los consumidores mediante subidas de precios, lo que implica que quienes recibirían las devoluciones serían los importadores o intermediarios, no necesariamente los ciudadanos que terminaron pagando más.
El golpe presupuestario podría ser doble: por un lado, la devolución de miles de millones; por otro, la desaparición de una fuente de ingresos que la administración había incorporado a su estrategia fiscal.
El déficit para 2025 podría acercarse a los dos billones de dólares, en un contexto en el que la deuda pública estadounidense ya ronda el 100 % del PIB.
Una batalla que venía de abajo
El fallo del Supremo confirma decisiones previas de tribunales inferiores.
En agosto del pasado año, un tribunal de apelaciones de Washington ya había declarado ilegales la mayoría de los aranceles impuestos mediante órdenes ejecutivas, al considerar que Trump se extralimitó al invocar poderes de emergencia.
En ese momento, la Casa Blanca defendió que los gravámenes eran “una herramienta fundamental para reducir el déficit fiscal y proteger la economía estadounidense”.
El propio Trump advirtió entonces en Truth Social que, si desaparecían, “sería un desastre total para el país”, y que la decisión judicial “literalmente destruiría a Estados Unidos de América”.Ahora, el Supremo ha cerrado la puerta a esa interpretación.
¿Qué puede hacer ahora Trump?
Tras conocerse el fallo, Trump calificó la decisión de “una desgracia” y aseguró que tiene “un plan B” para mantener aranceles.
Las opciones, sin embargo, son más limitadas.
Podría recurrir al artículo 122 de la Ley de Comercio de 1974, que permite imponer aranceles de hasta el 15 % de manera global, pero solo durante un período máximo de 150 días.
También puede seguir utilizando la llamada “Sección 232” de la Ley de Expansión Comercial de 1962, que permite imponer aranceles por razones de seguridad nacional, pero únicamente sobre sectores específicos, no de forma indiscriminada a todos los productos de un país.
Otras herramientas legales exigen demostrar prácticas discriminatorias o ilegales -como robo de propiedad intelectual- lo que eleva considerablemente el umbral probatorio y restringe su aplicación práctica a casos muy concretos, como China.
El contexto político: Una agenda bajo presión
La decisión llega en un momento políticamente sensible.
Trump había planteado utilizar los ingresos arancelarios para financiar cheques de 2,000 dólares a familias de clase media y para incrementar el gasto militar hasta 1,5 billones de dólares, argumentando que se sostendría “en base al dinero de los aranceles”.
Con la sentencia, esos fondos quedan en entredicho justo cuando el Congreso debate nuevamente el presupuesto para evitar un cierre del Gobierno.
Además, las encuestas muestran que los aranceles no cuentan con amplio respaldo ciudadano, en medio de preocupaciones sobre el aumento del costo de vida y la asequibilidad.
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