España aprueba decreto para garantizar sanidad pública a extranjeros sin residencia legal: Así funcionará

El Gobierno de España aprobó este martes un real decreto que regula el acceso a la sanidad pública para personas extranjeras que se encuentran en el país sin residencia legal.

La norma, adoptada por el Consejo de Ministros, establece el procedimiento para reconocer a este colectivo el derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria financiada con fondos públicos.

Según informó el Ministerio de Sanidad, el reconocimiento del derecho se realizará mediante una declaración responsable en la que el solicitante deberá acreditar que no dispone de cobertura sanitaria por otra vía.

Para demostrar la residencia en España se podrá presentar el certificado de empadronamiento o, en su defecto, otros documentos como certificados de escolarización, facturas de suministros o informes emitidos por servicios sociales, según dio a conocer este 10 de marzo la agencia EFE.

El sistema también busca garantizar que las personas puedan recibir asistencia desde el primer momento en que inician el trámite.

De acuerdo con Sanidad, la solicitud activará automáticamente un documento provisional que permitirá acceder a la atención sanitaria mientras se resuelve el expediente.

La administración tendrá un plazo máximo de tres meses para emitir una resolución.

Si transcurrido ese tiempo no hay respuesta, la solicitud se considerará aprobada por silencio administrativo cuando haya sido iniciada por el propio interesado.

Una vez reconocido el derecho, este no tendrá fecha de caducidad, siempre que la persona no obtenga cobertura sanitaria por otra vía.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, subrayó que la norma pretende unificar criterios en todo el país."Este real decreto iguala la cobertura sanitaria para estos beneficiarios en toda la geografía española y acaba con criterios que eran divergentes y que hasta la fecha se aplicaban en función del territorio", afirmó.

La norma también prevé que las autoridades sanitarias puedan iniciar el procedimiento de oficio si el paciente no puede hacerlo en el momento de recibir atención médica.

Con ello se pretende evitar situaciones que hasta ahora se producían con frecuencia.

"Así evitamos algo que pasaba hasta ahora y es que alguien fuera atendido y luego recibiera una factura simplemente por no haber hecho el papeleo", explicó la ministra de Sanidad, Mónica García.

Desde el Ministerio de Sanidad se sostiene que la regulación busca garantizar la equidad en el acceso a la salud y reducir desigualdades, además de facilitar un mejor control de enfermedades desde la atención primaria y optimizar el uso de los recursos públicos.

"Eliminamos las barreras administrativas que todavía dejaban a personas sin atención", celebró García, quien defendió una universalidad "plena y efectiva" y reivindicó que "la sanidad pública es un derecho de todas las personas que viven en nuestro país".

El decreto amplía, además, el acceso a la sanidad pública a personas españolas de origen que residan en el extranjero, así como a sus familiares, durante estancias temporales en España, siempre que no estén cubiertos por convenios internacionales o por la legislación de la Seguridad Social.

En los casos en que la administración rechace la solicitud, las atenciones recibidas podrán ser facturadas.

Sin embargo, el decreto establece que no habrá facturación si posteriormente la persona demuestra que cumplía los requisitos en el momento de recibir la asistencia sanitaria.

Atención inmediata para colectivos vulnerables

La nueva normativa también identifica a varios colectivos vulnerables que tendrán derecho a recibir asistencia sanitaria inmediata, independientemente de su situación administrativa.

Entre ellos se encuentran menores de edad, mujeres embarazadas, víctimas de violencia de género o sexual, víctimas de explotación o trata y solicitantes de protección internacional o del estatuto de apátrida.

Asimismo, el texto reconoce explícitamente el derecho de las mujeres extranjeras no residentes a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo dentro del sistema sanitario público.

Cambios en el copago de productos ortoprotésicos

El decreto también introduce modificaciones en el sistema de copago de la prestación ortoprotésica del Sistema Nacional de Salud.

A partir de ahora, las personas que estén exentas de pagar medicamentos por su nivel de renta o situación de vulnerabilidad quedarán automáticamente exentas de aportar dinero cuando reciban productos como prótesis u otros dispositivos ortopédicos.

Con esta medida, el Gobierno busca equiparar ambos sistemas de copago para evitar que pacientes con bajos ingresos tengan que asumir costes adicionales al recibir este tipo de prestaciones sanitarias.