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Presos políticos excarcelados recientemente en Cuba como parte del grupo de los 51, han denunciado que las autoridades les imponen restricciones para publicar contenido en redes sociales como parte de las condiciones de su libertad condicional.
Uno de los casos es el de Juan Pablo Martínez, un cubano de 32 años condenado a 11 años de prisión por desorden público y sabotaje tras su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 (11J) en Güira de Melena, en la provincia de Artemisa, informó el medio Martí Noticias.
Según relató Martínez en entrevista con ese medio, fue liberado de manera inesperada el pasado viernes bajo libertad condicional, después de cumplir casi cinco años de su condena; pero antes debió firmar un documento con prohibiciones específicas, entre ellas no publicar contenido en redes sociales y no relacionarse con personas consideradas “delincuentes”.
Al momento de su excarcelación, las autoridades le indicaron que la decisión de liberarlo como parte del grupo de 51 beneficiados por un reciente diálogo con el Vaticano, se basaba en su “buen comportamiento” durante el tiempo que permaneció en prisión.
Sin embargo, el beneficio llegó acompañado de varias restricciones, entre ellas la obligación de mantener una rutina limitada entre su vivienda y el trabajo que le sea asignado por el Estado. Martínez deberá presentarse el próximo 25 de marzo ante el tribunal para recibir una ubicación laboral obligatoria.
Durante su encarcelamiento, el manifestante del 11J pasó por varios centros penitenciarios, entre ellos el Combinado del Este en La Habana, un área conocida como Zona Cero y posteriormente el campamento de trabajo forzado Ceiba 5, en Caimito del Guayabal, provincia Artemisa, donde permaneció cerca de dos años.
Según su relato, en ese último centro coincidió con otro joven manifestante del 11J, natural de San Antonio de los Baños, que también fue liberado recientemente bajo condiciones similares.
Las excarcelaciones de algunos presos políticos en Cuba se han producido en medio de presiones internacionales y gestiones diplomáticas, entre ellas conversaciones vinculadas al Vaticano, aunque organizaciones de derechos humanos han advertido que muchos opositores continúan encarcelados o sujetos a restricciones tras salir de prisión.
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