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El canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha, anunció que viajará a Cuba para tratar con las autoridades el caso de diez ciudadanos panameños detenidos en La Habana y acusados por el régimen de realizar propaganda contra el orden constitucional.
El jefe de la diplomacia panameña aseguró que los detenidos “se encuentran en condiciones apropiadas” y reciben asistencia consular, de acuerdo con la agencia EFE.
Arrestados a fines de febrero tras ser acusados por el Ministerio del Interior de realizar pintadas críticas contra el sistema político de la Isla, los encarcelados ya han recibido asistencia consular del embajador de Panamá en Cuba, Edwin Pitty, quien los visitó recientemente en Villa Marista, centro de detención de la Seguridad del Estado en La Habana.
“He manifestado mi intención de visitarlos. Hay que coordinar detalles y espero que muy pronto pueda viajar a La Habana para ver a nuestros ciudadanos, mostrarles apoyo personalmente y conversar con las autoridades cubanas sobre cómo podemos, dentro del respeto a la legislación del país, solventar estas circunstancias”, declaró Martínez-Acha a la prensa.
El Ministerio del Interior de Cuba (Minint) informó el 2 de marzo sobre la detención de estos ciudadanos, a quienes se acusa de haber elaborado y colocado carteles con mensajes críticos contra el Gobierno en distintos puntos de la capital del país.
Entre las consignas pintadas que cita la versión oficial estarían frases como “Abajo la tiranía”, “Comunismo: enemigo de la comunidad” y “Confiamos en Donald Trump, Marco Rubio y Mike Hammer”; haciendo alusión al presidente y secretario de estado estadounidenses y al embajador de EE.UU. en la Isla, respectivamente.
De acuerdo con el Minint, los implicados habrían sido orientados para ingresar a Cuba con el propósito de colocar esos mensajes considerados “subversivos y contrarios al orden constitucional”. Según las autoridades, cada uno recibiría entre 1,000 y 1,500 dólares tras regresar a Panamá.
El delito de propaganda contra el orden constitucional está contemplado en el artículo 124 del Código Penal cubano. Si prosperan las acusaciones, los detenidos podrían enfrentar penas de hasta ocho años de prisión.
El caso provocó la reacción inmediata del Gobierno panameño, que confirmó el arresto y exigió garantías procesales, acceso consular permanente y respeto al debido proceso para sus ciudadanos.
Tras el encuentro del embajador Pitty con sus connacionales, la Cancillería panameña reiteró su interés en que se respeten plenamente los derechos de los acusados, incluida la presunción de inocencia y el acceso a asistencia jurídica local.
La detención también ha generado reacciones dentro de Cuba. En La Habana aparecieron recientemente carteles y pintadas exigiendo la liberación de los panameños detenidos, algunos de ellos en el municipio Cerro, según información enviada a CiberCuba.
Vecinos señalaron que, tras la aparición de los mensajes, la zona fue ocupada por agentes de la Seguridad del Estado y policías. Horas después también se reportaron cacerolazos en varios barrios de la capital, en medio de un clima de creciente malestar social y tensiones relacionadas con la crisis económica y energética que atraviesa el país, agudizada al extremo en las últimas semanas.
El activista panameño Jair Ortiz, quien logró abandonar Cuba antes de las detenciones aseguró que el grupo había viajado a la isla para realizar labores de ayuda humanitaria y repartir alimentos a familias vulnerables. Esta versión concuerda con otras de activistas cubanos que aluden a la misión de apoyo solidario de los encarcelados.
El caso permanece en fase inicial de investigación y podría ser remitido próximamente a las instancias fiscales cubanas, mientras el Gobierno de Panamá continúa las gestiones diplomáticas para darle cercano seguimiento.
Pintadas, cacerolazos, llamamientos en redes y otras manifestaciones más intensas, como la recientemente acontecida en Morón, Ciego de Ávila, evidencian el hartazgo de la población cubana con la situación de vida del país.
Preguntas frecuentes sobre la detención de ciudadanos panameños en Cuba
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¿Por qué fueron detenidos los ciudadanos panameños en Cuba?
Los ciudadanos panameños fueron detenidos en Cuba por acusaciones de realizar propaganda subversiva, según el Ministerio del Interior cubano. Se les imputa haber colocado carteles con mensajes críticos hacia el gobierno cubano, lo cual es considerado un delito según el artículo 124 del Código Penal cubano. Las autoridades cubanas afirman que los detenidos reconocieron su participación en estos hechos, mientras que activistas y opositores sostienen que estaban en Cuba con fines humanitarios.
¿Cómo está respondiendo el gobierno de Panamá al arresto de sus ciudadanos en Cuba?
El gobierno de Panamá ha tomado medidas diplomáticas para asistir a sus ciudadanos detenidos en Cuba. El canciller panameño, Javier Martínez-Acha, ha anunciado su intención de viajar a Cuba para abordar el caso directamente con las autoridades cubanas. Panamá ha exigido garantías procesales, acceso consular continuo y respeto al debido proceso para los detenidos. Además, el embajador de Panamá en Cuba, Edwin Pitty, ya ha visitado a los detenidos para verificar su estado y brindar asistencia consular.
¿Qué consecuencias legales enfrentan los panameños detenidos en Cuba?
Los ciudadanos panameños enfrentan cargos por propaganda contra el orden constitucional, un delito que según el artículo 124 del Código Penal cubano podría acarrear penas de hasta ocho años de prisión. Si las acusaciones prosperan, podrían enfrentar largas condenas. Sin embargo, el proceso todavía se encuentra en una fase inicial de investigación, y las gestiones diplomáticas de Panamá intentan influir en el tratamiento legal de los detenidos.
¿Qué acciones de apoyo han surgido en respuesta a las detenciones de los ciudadanos panameños en Cuba?
Las detenciones han generado respuestas tanto en Panamá como en Cuba. Activistas y opositores, como José Daniel Ferrer, han defendido las acciones humanitarias de los panameños y han pedido apoyo internacional para exigir su liberación. En Cuba, han aparecido carteles exigiendo la liberación de los detenidos, y se han reportado cacerolazos en protesta por su arresto. En Panamá, el gobierno continúa sus gestiones diplomáticas para garantizar el respeto a los derechos de sus ciudadanos.
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