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El régimen cubano volvió a vender humo de esperanza esta semana, en la que los cubanos sufren la sexta desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) de los últimos 12 meses, dejando sin servicio eléctrico la isla de punta a cabo.
Sin embargo, este domingo el ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX) anunció en sus redes sociales que España enviará alimentos, artículos de higiene y placas fotovoltaicas como parte de un paquete de ayuda de la AECID, incluyendo sistemas solares para centros médicos y cooperativas.
Pero la pregunta clave no es qué llega, sino qué cambia.
Porque Cuba lleva años recibiendo ayuda internacional para su sistema energético. La Unión Europea ha destinado al menos 18 millones de euros al sector, con proyectos específicos como el programa EE-FRE Local, que suma más de 11,7 millones de dólares.
A esto se añaden otras iniciativas y fondos canalizados a través de agencias internacionales y cooperación bilateral.
El resultado, sin embargo, es difícil de defender.
Tras años de ejecución, uno de los principales proyectos apenas ha logrado instalar poco más de un centenar de sistemas fotovoltaicos en comunidades aisladas, beneficiando a unos pocos cientos de personas.
La electricidad generada por estas instalaciones es irrelevante frente al déficit estructural del sistema eléctrico cubano, que cada día deja a millones sin luz durante horas.
Mientras tanto, el país ha sufrido media docena de apagones nacionales en los últimos meses. El SEN opera al borde del colapso permanente, con centrales obsoletas, falta de combustible y una infraestructura incapaz de sostener la demanda.
Los propios informes oficiales de cooperación española reconocen lo que la propaganda evita: falta de indicadores claros, retrasos, dificultades de ejecución y un impacto “difícilmente medible”.
Desde 2021, incluso, la cooperación bilateral directa ha quedado prácticamente congelada por la crisis económica del país.
Pero hay un elemento aún más crítico: el control absoluto del régimen sobre la ayuda.
Toda la cooperación internacional en Cuba pasa por el Ministerio de Comercio Exterior (MINCEX), es decir, por el propio aparato estatal. No hay ejecución independiente, ni control externo efectivo, ni mecanismos reales de rendición de cuentas.
El dinero entra, se canaliza a través de estructuras estatales y se diluye en proyectos fragmentados, lentos o directamente inconclusos.
El resultado es un modelo que prioriza la narrativa sobre el impacto.
Se organizan talleres, se diseñan estrategias, se forman técnicos y se instalan pequeños sistemas piloto que sirven como vitrina. Pero el sistema eléctrico nacional —el que afecta a millones de cubanos— sigue intacto en su precariedad.
El nuevo envío anunciado por España encaja perfectamente en ese patrón. Paneles solares para algunos centros específicos pueden aliviar situaciones puntuales, pero no van a resolver una crisis energética estructural que requiere inversiones masivas, reformas profundas y una gestión completamente distinta.
Nada de eso está sobre la mesa.
En cambio, el régimen sigue utilizando cada paquete de ayuda como herramienta propagandística, atribuyendo la crisis al “bloqueo” mientras recibe millones en cooperación internacional que no se traducen en mejoras visibles para la población.
La paradoja es evidente: Europa financia la transición energética de Cuba, pero Cuba sigue funcionando con apagones diarios.
Y mientras llegan nuevos paneles solares, el país sigue en la misma oscuridad.
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