Florida endurece su política migratoria y excluye a indocumentados de la educación pública

La Junta de Educación de Florida aprobó este miércoles dos nuevas normas que impedirán a los inmigrantes indocumentados matricularse en los 28 colegios universitarios públicos del estado y en los programas estatales de educación para adultos, una decisión que podría afectar cada año a miles de jóvenes que terminan la secundaria en Florida sin un estatus migratorio regular.

Las regulaciones, adoptadas durante una reunión virtual, exigen que los aspirantes demuestren con documentación «clara y convincente» que son ciudadanos estadounidenses o que se encuentran legalmente en el país para poder acceder a estas instituciones, que ofrecen carreras técnicas, programas profesionales y licenciaturas de cuatro años, según informó la agencia Efe.

La segunda disposición amplía esa restricción a los programas públicos de educación para adultos, incluidos los cursos de preparación para obtener el diploma de equivalencia de secundaria (GED) y las clases de inglés para hablantes de otros idiomas (ESOL).

Según estimaciones citadas durante el debate, la medida afectará a unos 8,000 estudiantes indocumentados que cada año se gradúan de las escuelas secundarias de Florida y que hasta ahora podían continuar sus estudios en los colegios universitarios estatales.

La aprobación de las normas estuvo marcada por las críticas de organizaciones civiles, que denunciaron que buena parte de las intervenciones del público no fueron escuchadas antes de la votación.

Florida Student Power aseguró que decenas de estudiantes, residentes y empresarios participaron telefónicamente para expresar su rechazo a las nuevas restricciones, aunque el período de comentarios públicos concluyó antes de que todos pudieran intervenir.

Farah Al Jallad, organizadora de Justicia para Migrantes de esa organización, calificó la decisión como «un claro desprecio por la voz de los floridanos y un abandono directo de nuestros valores democráticos».

Durante la audiencia también intervino Alexander V., estudiante de la Universidad de Florida Central (UCF) y beneficiario del programa DACA, quien explicó que comenzar sus estudios en un colegio universitario estatal fue la única alternativa económicamente viable para acceder posteriormente a la universidad, una posibilidad que ahora podría desaparecer para miles de jóvenes en circunstancias similares.

El impacto de la medida también podría sentirse en las propias instituciones educativas. Un análisis del Florida Policy Institute estima que la prohibición supondrá pérdidas cercanas a los 15 millones de dólares anuales en ingresos por matrículas. Solo Miami-Dade College dejaría de percibir alrededor de 1.8 millones de dólares, mientras que Palm Beach State College perdería aproximadamente un millón.

Las nuevas restricciones forman parte del endurecimiento de la política migratoria impulsada por el gobernador Ron DeSantis. En febrero de 2025, el mandatario promulgó la ley SB 2C, que eliminó la matrícula con tarifa de residente para estudiantes indocumentados, incluidos los beneficiarios de DACA, lo que elevó el costo de sus estudios hasta en un 300 % y afectó a unos 6,500 alumnos.

La decisión de este miércoles se suma además a otra iniciativa impulsada la semana pasada por la Junta de Gobernadores de Florida, que propone extender una prohibición similar a las 12 universidades públicas del Sistema Universitario Estatal.

Esa normativa aún deberá completar un período de comentarios públicos de 14 días y someterse a una votación definitiva prevista para septiembre. De entrar en vigor para el curso académico 2027-2028, Florida se convertiría en el cuarto estado del país —junto con Alabama, Georgia y Carolina del Sur— en restringir total o parcialmente el acceso de estudiantes indocumentados a la educación superior pública.