Uno de los datos más reveladores del noveno Informe sobre el Estado de los Derechos Sociales en Cuba se refiere a cómo los ciudadanos consideran que deberían prestarse los servicios de salud y educación. El 66 % prefiere un modelo mixto, con participación pública y privada; el 21 % opta por uno exclusivamente público y el 6 % por uno completamente privado.
Ese 66 % refleja una preferencia por la pluralidad de actores en la prestación de servicios, en el que puedan participar tanto el Estado como entidades privadas. En el ámbito de la salud, estos últimos podrían incluir empresas hospitalarias y de laboratorios, cooperativas, organizaciones religiosas, fundaciones y entidades comunitarias.
Este dato cuestiona uno de los pilares simbólicos del sistema socialista cubano: la identificación entre universalidad y monopolio estatal, dos ideas que el discurso del régimen suele presentar como inseparables. Sin embargo, que la salud y la educación sean derechos universales no exige necesariamente que el Estado sea su único proveedor. Garantizar un derecho, financiarlo y prestar directamente el servicio son funciones diferentes. El Estado puede garantizar el acceso universal y participar decisivamente en su financiación sin necesidad de administrar directamente todos los hospitales, clínicas o laboratorios.
Un dato adicional resulta especialmente interesante: el apoyo al modelo mixto alcanza el 78 % entre los cubanos de 18 a 30 años, pero desciende al 53 % entre los mayores de 70 aunque sigue siendo la preferencia. En sentido inverso, la preferencia por un modelo exclusivamente público es del 12 % entre los jóvenes y del 35 % entre los adultos mayores. Como ocurre con otros temas analizados en nuestros estudios, las generaciones más jóvenes muestran un menor apego a los planteamientos históricos del régimen. No parece tratarse, sin embargo, de un rechazo al papel del Estado, sino de una concepción diferente de ese papel: menos como proveedor exclusivo y más como garante de derechos dentro de un sistema plural.
La crisis sanitaria
El artículo 72 de la Constitución socialista establece que “la salud pública es un derecho de todas las personas y es responsabilidad del Estado garantizar el acceso, la gratuidad y la calidad de los servicios de atención, protección y recuperación”. Sin embargo, la distancia entre esa formulación constitucional y la realidad cotidiana del sistema es abismal. Veamos algunos de los hallazgos recogidos en nuestros informes.
Según nuestro estudio de 2024, el 89 % calificó negativamente el sistema de salud pública: un 61 % de forma “muy negativa” y un 28 % de forma “negativa”. En el informe más reciente (2026), el 82 % evaluó como malo el estado de los hospitales y centros de salud, mientras que el 13 % lo calificó de regular. Ese nivel de desaprobación coloca al sector entre las infraestructuras públicas más deterioradas, junto con la electricidad, la recogida de basura, internet, la telefonía, los acueductos y el alcantarillado.
La farmacia estatal tampoco asegura el acceso regular a medicamentos para buena parte de la población: la proporción de personas que declaró poder acceder a ellos sin problemas se situó entre apenas el 2 % y el 3 % en los años 2024 y 2025.
Otro dato relevante es que el 40 % de los encuestados en 2022 afirmó que tuvo que pagar o entregar un regalo a un profesional de la salud para acceder o agilizar un servicio, seis puntos más que en 2021, cuando esta proporción fue del 34 %.
La salud, además, ha aparecido sistemáticamente entre los cinco principales problemas sociales identificados por la población.
Responder a esta crisis exigirá un esfuerzo complejo: técnico, financiero, de inversión y de recuperación del capital humano. La incorporación del sector privado podría aportar capacidad, tecnología, incentivos, especialización y mejores condiciones para retener a los profesionales de la salud en el país.
Existen diversas propuestas para reformar el sistema sanitario durante una etapa de reconstrucción. Estas contienen elementos valiosos y coinciden en la necesidad de garantizar la universalidad, ampliar la libertad de elección, atraer inversión y diversificar los proveedores. Sin embargo, aquellas que conceden un papel predominantemente privado a la prestación sanitaria requieren una discusión más profunda sobre el equilibrio entre el mercado y la responsabilidad pública. El problema no es la existencia de proveedores privados, que serán necesarios, sino asumir que los incentivos del mercado bastarán por sí solos para garantizar una cobertura territorial y social verdaderamente universal.
Un mercado competitivo no debe verse como un demonio, pero tampoco puede perderse de vista que las empresas operan guiadas, legítimamente, por criterios de rentabilidad. Esto obliga a preguntarse qué ocurriría en localidades geográficamente alejadas, rurales o de baja densidad poblacional, donde la instalación y operación de determinados servicios de salud podría no resultar rentable.
En esas zonas, es probable que el mercado no garantice por sí solo una oferta suficiente ni competitiva. El Estado tendría necesariamente que intervenir para asegurar la atención y garantizar que el lugar de residencia o la rentabilidad económica de un servicio no determinen el acceso efectivo a la salud.
Igualmente, en países donde conviven la prestación pública y privada, suelen ser los hospitales públicos los que asumen buena parte de las urgencias permanentes -con la obligación de estabilizar a cualquier persona independientemente de su capacidad de pago-, además de desempeñar un papel fundamental en la vigilancia epidemiológica y mantener capacidad de reserva para responder a epidemias, desastres y fenómenos atmosféricos. El gran reto sería conseguir que los servicios de esos hospitales alcancen los más altos estándares de calidad.
En cualquier caso, Cuba enfrenta una urgencia ineludible: conseguir recursos para el sistema de salud y emplearlos estratégicamente durante una transición, al tiempo que se construye una institucionalidad con vocación de permanencia.
El nuevo modelo podría organizarse en torno a un financiador público común que reúna y distribuya los recursos para garantizar una cobertura universal basada exclusivamente en la necesidad clínica, sin discriminación por ingresos, empleo, edad o enfermedades previas. La atención se prestaría mediante una red territorial de atención primaria, con libre elección del médico y con la participación de entidades públicas, cooperativas, mutuales, comunitarias, religiosas, sin fines de lucro y privadas, todas sometidas a reglas comunes de calidad, transparencia y competencia regulada. Las mutualidades y los seguros voluntarios podrían ofrecer coberturas complementarias.
Por su parte, el Estado debería tener la responsabilidad indelegable de asegurar las urgencias, la atención rural, la vigilancia epidemiológica, la respuesta ante desastres y el tratamiento de pacientes complejos.
El objetivo no debería ser sustituir un monopolio estatal ineficiente por un mercado sin reglas, sino construir un sistema plural, sostenible y regulado, donde la salud sea un derecho universal y la participación de distintos proveedores contribuya a ampliar la capacidad, mejorar la calidad y recuperar la confianza de la población.
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