La presión sobre el gobierno de Doral para que ponga fin a su acuerdo de colaboración con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) aumentó este martes cuando exlegisladores, líderes comunitarios y el alcalde de South Miami se reunieron para reclamar que la ciudad se retire del programa federal 287(g).
Según informó CBS News Miami, los participantes rechazaron el argumento de las autoridades de Doral de que la ciudad no tenía otra opción que suscribir el acuerdo, que otorga a departamentos policiales locales determinadas funciones de colaboración en la aplicación de las leyes migratorias federales.
El reclamo planteado se centra específicamente en el acuerdo 287(g) de la Policía de Doral con ICE, y aunque romper ese convenio no impediría que los agentes federales realicen sus propias operaciones migratorias en la ciudad, sí pondría fin a la participación local prevista bajo ese mecanismo.
Uno de los argumentos planteados durante el encuentro fue el caso de South Miami, que no suscribió el acuerdo 287(g). Su alcalde, Javier Fernández, afirmó que la ciudad no ha sufrido repercusiones por esa decisión.
Entre quienes participaron estuvo el exrepresentante federal Joe García, quien lanzó una dura crítica contra la decisión adoptada por Doral: «Podrían haber elegido tener compasión y eligieron ser crueles», afirmó.
El excongresista cuestionó además que ahora dirigentes locales intenten desvincularse de las consecuencias de la política migratoria aplicada en la ciudad.
La polémica se produce en momentos en que residentes continúan reportando en redes sociales la presencia y operaciones de agentes de ICE en distintos puntos de Doral, una ciudad en la que aproximadamente el 70% de la población nació fuera de Estados Unidos.
La alcaldesa de Doral, Christi Fraga, ha insistido en que el gobierno municipal no tiene autoridad para impedir que ICE aplique la ley federal dentro de la ciudad.
Sin embargo, el debate ocurre además en medio de un creciente impacto económico y social atribuido al temor provocado por los operativos.
Negocios de Doral han reportado fuertes caídas en sus ventas, mientras empleados y residentes evitan salir de sus viviendas por miedo a encontrarse con agentes migratorios.
Uno de los casos más notorios es el de un restaurante que aseguró haber sufrido una caída del 70% en sus ventas. Otros establecimientos han reportado pérdidas de trabajadores, incluidos empleados con permisos laborales y procesos migratorios todavía pendientes.
Fraga ha reconocido públicamente que existe «mucho temor» entre parte de la comunidad, aunque ha señalado que la Policía de Doral no dirige las redadas federales y que la ciudad tampoco recibe aviso previo sobre cuándo y dónde ICE realizará sus operaciones.
La preocupación por las consecuencias de las detenciones ha generado también iniciativas privadas de asistencia.
Esta semana, por ejemplo, el activista Carlos Eduardo Espina aportó 50,000 dólares para crear un fondo de emergencia destinado a familias de Doral que hayan perdido a su principal sostén económico debido a una detención o deportación de ICE.
El fondo, administrado por LULAC, ofrece hasta 1,000 dólares por hogar para cubrir necesidades básicas como alquiler, alimentos, servicios públicos y cuidado infantil.
El acuerdo 287(g) de Doral con ICE es solo uno de los muchos frentes del debate migratorio en Estados Unidos. Sigue toda la actualidad sobre políticas, deportaciones y derechos en nuestra sección de Inmigración en EE.UU.
Preguntas Frecuentes sobre el Acuerdo 287(g) en Doral y su Impacto
CiberCuba te lo explica:
¿Qué es el acuerdo 287(g) entre Doral e ICE?
El acuerdo 287(g) permite a los departamentos de policía locales asumir funciones de aplicación de leyes migratorias federales bajo supervisión de ICE. En Doral, este acuerdo se formalizó en enero de 2026 bajo un modelo de patrulla conjunta.
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¿Cómo ha afectado el acuerdo 287(g) a la economía local de Doral?
Los operativos de ICE han generado un clima de miedo que ha impactado negativamente en las ventas de los negocios locales. Algunos establecimientos han reportado caídas de hasta el 70% en sus ingresos debido al temor de los trabajadores a encuentros con agentes federales.
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¿Por qué hay presión para que Doral rescinda el acuerdo con ICE?
Exlegisladores y el alcalde de South Miami han exigido públicamente que Doral rescinda su acuerdo con ICE, argumentando que el acuerdo genera miedo y afecta la vida cotidiana de los residentes extranjeros. Además, se cuestiona la afirmación de que los gobiernos locales no tienen autoridad para impedir estas colaboraciones.
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¿Qué medidas se están tomando en Doral para apoyar a las familias afectadas por las detenciones de ICE?
En respuesta a la crisis, el activista Carlos Eduardo Espina donó $50,000 para crear el Doral Family Emergency Fund, que ofrece hasta $1,000 por hogar a familias afectadas por detenciones o deportaciones, administrado por LULAC.
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