La administración Trump anunció el viernes la cancelación de casi 1,000 millones de dólares en fondos aprobados por el Congreso, recurriendo a un mecanismo legal poco utilizado y muy cuestionado para eliminar programas de servicios a inmigrantes, iniciativas de diversidad y otras partidas que la Casa Blanca calificó como el gasto gubernamental más dañino.
La medida se formalizó mediante una carta del presidente al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, notificando 11 rescisiones de autoridad presupuestaria por un total de 810 millones de dólares, aunque el monto global con partidas adicionales se aproxima a los 1,000 millones.
El grueso de los recortes —567 millones de dólares— afecta al fondo de Asistencia a Refugiados y Entrantes del Departamento de Salud y Servicios Humanos, destinado a programas para refugiados, asilados y menores no acompañados.
La Casa Blanca argumentó que esos fondos son excedentes gracias al éxito de sus políticas fronterizas, que habrían reducido drásticamente los cruces irregulares.
Entre las partidas eliminadas figuran también 25 millones de programas educativos para estudiantes migrantes del Departamento de Educación, 15 millones del programa piloto de alternativas a la detención del Departamento de Seguridad Nacional, 10 millones del programa de ciudadanía e integración de USCIS, 15 millones del Servicio de Relaciones Comunitarias del Departamento de Justicia —agencia ya disuelta por la propia administración—, 10 millones de la Agencia de Desarrollo de Negocios para Minorías, y unos 9 millones de un programa del Tesoro que otorgaba condonación de deuda a países extranjeros a cambio de inversiones climáticas.
La maniobra empleada, conocida como «rescisión de bolsillo», consiste en enviar al Congreso la notificación de cancelación de fondos tan cerca del fin del año fiscal que el plazo legal de 45 días para la revisión legislativa expira antes de que el dinero deba ser desembolsado.
Trump recurrió a este mecanismo por primera vez en casi 50 años en 2025, cuando bloqueó 4,900 millones en ayuda exterior aprobada por el Congreso. Esta vez apunta al gasto doméstico, lo que representa una escalada en la disputa entre el Ejecutivo y el Legislativo por el control del presupuesto federal.
La Oficina de Responsabilidad Gubernamental, brazo del Congreso, ha dictaminado que las rescisiones de bolsillo son ilegales bajo la Ley de Control de Impoundment y Presupuesto de 1974.
Trump anunció los recortes con apenas cinco días restantes en el año fiscal y con la Cámara fuera de sesión, haciendo prácticamente imposible cualquier revisión legislativa.
La reacción en el Congreso fue inusualmente bipartidista. La senadora republicana Susan Collins, presidenta del Comité de Apropiaciones del Senado, calificó la acción de ilegal y advirtió que trabajaría con colegas para abordar «estas acciones ilegales».
«No solo la demora en sí misma constituye un impoundment no reportado al Congreso, sino que además es una usurpación de los poderes de apropiación del Congreso», declaró Collins. «La Oficina de Gestión y Presupuesto es una agencia del poder ejecutivo. No le corresponde decidir qué programas merecen financiamiento».
La senadora demócrata Patty Murray, líder de la minoría en el mismo comité, fue aún más directa al calificar la medida de «un robo al pueblo americano, sin más».
«Estos son fondos que el Congreso aprobó de manera bipartidista y deberían estar ayudando a personas, no ser cancelados por un presidente más enfocado en construir un salón de baile que en invertir en familias», añadió.
La rescisión se enmarca en un patrón más amplio de la administración Trump de recortar programas federales para inmigrantes que incluye órdenes ejecutivas, congelación de fondos y múltiples batallas judiciales.
A comienzos de esta semana, una jueza federal anuló permanentemente una directiva de 2025 que restringía el acceso de inmigrantes a programas como Head Start y clínicas comunitarias.
La Corte Suprema declinó bloquear la primera rescisión de bolsillo de Trump en 2025, argumentando que la autoridad presidencial en política exterior pesaba en su decisión, aunque sin resolver definitivamente la legalidad del mecanismo.
Ahora, con el foco puesto en el gasto doméstico, los tribunales deberán determinar si esa misma lógica aplica cuando los fondos cancelados benefician a personas dentro del territorio estadounidense.
Preguntas Frecuentes sobre la Cancelación de Fondos para Programas de Inmigrantes y Diversidad por la Administración Trump
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué la administración Trump canceló los fondos para programas de inmigrantes y diversidad?
La administración Trump argumentó que los fondos eran excedentes debido al éxito de sus políticas fronterizas, lo que habría reducido drásticamente los cruces irregulares. Además, la Casa Blanca calificó estos programas como el gasto gubernamental más dañino.
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¿Cuáles son los programas afectados por la cancelación de fondos anunciada por Trump?
Los programas más afectados incluyen el fondo de Asistencia a Refugiados y Entrantes del Departamento de Salud y Servicios Humanos, programas educativos para estudiantes migrantes, el programa piloto de alternativas a la detención del Departamento de Seguridad Nacional, el programa de ciudadanía e integración de USCIS, y la Agencia de Desarrollo de Negocios para Minorías, entre otros.
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¿Qué es la "rescisión de bolsillo" utilizada por Trump para cancelar estos fondos?
La "rescisión de bolsillo" es un mecanismo legal que permite cancelar fondos enviando la notificación al Congreso tan cerca del fin del año fiscal, que el plazo legal de 45 días para revisión legislativa expira antes de que el dinero deba ser desembolsado. Este método fue utilizado por Trump por primera vez en 2025 y ha sido calificado de ilegal por la Oficina de Responsabilidad Gubernamental.
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¿Cómo ha reaccionado el Congreso ante la cancelación de fondos por parte de Trump?
La reacción en el Congreso ha sido bipartidista, con figuras como la senadora republicana Susan Collins calificando la acción de ilegal y advirtiendo que trabajaría para abordar estas acciones ilegales. La senadora demócrata Patty Murray calificó la medida de "un robo al pueblo americano".
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