La revisión de 2,165 actores económicos en Ciego de Ávila dejó al descubierto un amplio nivel de incumplimiento de las normas, con violaciones detectadas en 1,337 establecimientos estatales y privados de todos los municipios de la provincia.
El operativo se extendió durante un mes y concluyó el 15 de septiembre, reveló un artículo del periódico oficial Invasor reproducido este sábado por la emisora provincial Radio Surco.
Según el reporte, los equipos de inspección encontraron irregularidades relacionadas con precios especulativos y abusivos, así como alimentos caducados y cuya venta podía comprometer la salud de los consumidores.
También fueron detectados establecimientos que no habían implementado las pasarelas de pago digital, registros diarios de ventas desactualizados o inexistentes y precios que no estaban visibles para el público.
A esto se sumaron casos de personas que comercializaban productos sin contar con autorización legal.
Las medidas adoptadas incluyeron 1,141 multas por un monto total superior a seis millones de pesos, 51 ventas forzosas y el cierre temporal de 70 establecimientos. Las autoridades también realizaron un decomiso y retiraron de manera definitiva seis proyectos.
Rafael de Jesús García Fernández, director de la Dirección de Inspección Provincial, advirtió que las sanciones no bastan y reclamó nuevas inspecciones para comprobar si los infractores corrigieron las irregularidades detectadas. El seguimiento corresponde a los intendentes municipales y a los consejos de la administración.
La Dirección de Inspección Provincial planteó que el resultado del operativo no debe limitarse al período de fiscalización, sino convertirse en un control permanente sobre precios, cumplimiento fiscal y uso de las pasarelas de pago.
El operativo en Ciego de Ávila forma parte de una ofensiva nacional de fiscalización que el gobierno intensificó en los últimos meses, ante el fracaso de su política de bancarización obligatoria.
En Matanzas, un operativo similar entre agosto y septiembre clausuró 46 establecimientos e impuso más de 1,000 multas por casi siete millones de pesos.
Por su parte, en Sancti Spíritus, las inspecciones lograron que más de 6,3 millones de pesos regresaran al sistema bancario, aunque las propias autoridades calificaron los resultados de "discretos".
Asimismo, en Guantánamo, el gobierno multó a varias mipymes y clausuró el negocio Fénix por reincidencia en el rechazo a los pagos digitales.
Tres años después de que el Banco Central impusiera la bancarización obligatoria mediante la Resolución 111/2023, menos de cuatro por ciento de las transacciones en Cuba son digitales, pese a la aplicación de miles de multas y cierres de establecimientos en todo el país.
La Asamblea Nacional aprobó en julio el Acuerdo X-171, que ordena al gobierno y al Banco Central adoptar nuevas medidas correctivas sobre bancarización, con una evaluación de resultados prevista para diciembre.
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