El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) presentó una queja formal ante la Fiscalía Provincial de Camagüey, con copia a la Fiscalía Militar competente, por las graves irregularidades que rodean el proceso penal contra el periodista independiente Henry Constantín Ferreiro, quien cumple un mes recluido en la prisión de máxima seguridad Kilo 7, en Camagüey, sin que se haya fijado fecha de juicio.
La denuncia exige que la Presidencia del Tribunal Supremo Popular y la Fiscalía General de la República asuman sus responsabilidades institucionales, garanticen una investigación objetiva y libre de interferencias, y protejan al periodista y a las personas vinculadas a su defensa frente a posibles represalias.
Dos irregularidades centrales motivan la queja. La primera es el supuesto hallazgo de un cuchillo artesanal entre las pertenencias de Constantín durante una requisa penitenciaria realizada el jueves en Kilo 7, hecho que el periodista niega categóricamente y que sospecha fue un montaje deliberado.
Según informó La Hora de Cuba, los funcionarios «fueron directamente al lugar exacto donde, supuestamente, él guardaba el arma», lo que refuerza la sospecha de que el objeto fue colocado durante la noche anterior a la requisa. Además, un agente identificado como Frank había conversado el día previo a la requisa con un recluso que ocupa la litera debajo de donde duerme Constantín, un detalle que el OCDH considera relevante para esclarecer el posible montaje.
Como consecuencia del supuesto hallazgo, el mayor Dany, jefe de la unidad penitenciaria, ordenó trasladar al reportero a una celda de castigo durante al menos 15 días e iniciar un procedimiento por presunta tenencia de armas blancas.
La sanción implica además que el periodista perderá la visita familiar y conyugal prevista para el próximo lunes y quedará privado de las llamadas telefónicas diarias que tenía autorizadas.
La segunda irregularidad denunciada por el OCDH es la falta de localización confirmada del expediente penal. El Tribunal Municipal de Camagüey informó primero que lo había devuelto a la Fiscalía, y luego afirmó haberlo remitido el 9 de octubre, pero ninguna institución judicial o fiscal confirmó oficialmente su recepción, lo que obstaculiza el ejercicio efectivo de la defensa y prolonga la incertidumbre procesal.
«Exigimos garantías para la integridad física y psicológica de Henry Constantín, el esclarecimiento del supuesto hallazgo y la localización inmediata de su expediente», subraya la publicación en Facebook.
Constantín fue detenido el 16 de septiembre tras acudir a una citación policial. Las autoridades lo acusan de «desobediencia» por supuestamente no haberse presentado a una convocatoria de la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería; el periodista sostiene que sí acudió, pero los funcionarios ya se habían retirado.
El caso ha generado una cadena de condenas internacionales. Reporteros Sin Fronteras exigió su liberación a finales de septiembre y documentó que se trata de al menos la decimonovena detención del periodista vinculada a su trabajo. La administración Trump reclamó su excarcelación a través del subsecretario de Estado Juan Pablo Segura, y la Sociedad Interamericana de Prensa también condenó su encarcelamiento.
El entorno del periodista tampoco ha quedado al margen de la presión del régimen. El 9 de octubre, Alejandra García, periodista y pareja de Constantín, fue sometida a un interrogatorio por agentes de la Seguridad del Estado al salir de una visita a Kilo 7, durante el cual uno de los agentes le advirtió que podía escoger entre «la forma fácil o la difícil».
El 14 de octubre, escritores, periodistas y artistas cubanos lanzaron una campaña audiovisual bajo el lema «Informar no es delito» para exigir la excarcelación del periodista, fundador de La Hora de Cuba, medio que este año recibió el premio Civil Rights Defender of the Year de la organización sueca Civil Rights Defenders, siendo el primer medio de prensa de América en obtener ese galardón.
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