La periodista independiente Camila Acosta ha asegurado hoy en su cuenta de Facebook que se "planta" y no pagará la multa de 3000 pesos que le impusieron recientemente las autoridades por sus publicaciones en redes sociales.
"¡Plantados! El Decreto-Ley 370 es la censura disfrazada, es la fiscalización de la libertad de expresión", escribió Acosta en su "muro". Ni firmé la multa ni la pagaré, pues #InformarNoEsDelito. Solo uniéndonos para presionar al régimen cubano lograremos la derogación de la #LeyAzote y de todas las leyes dictadoras y, en definitiva, el fin de la dictadura en Cuba.", declaró.
El pasado 27 de marzo el régimen cubano multó a la periodista por considerar que sus publicaciones en la red social Facebook violan el Inciso i, del Decreto Ley 370 del Código Penal.
En esa ocasión, Acosta fue interrogada por 4 personas, una capitana y tres inspectores del Ministerio de Comunicaciones, quienes le mostraron “evidencias” de sus publicaciones "contrarrevolucionarias" en Facebook, alegando que violaban el citado Decreto Ley 370, también conocido como la "Ley Azote".
La periodista independiente también recibió amenazas por parte de un oficial de la Seguridad del Estado llamado Alejandro. “Esto contigo va a ser al duro y sin guante. Vamos a ver cómo tocamos”, le dijo el oficial.
Acosta ha sido blanco de frecuentes intentos de intimidación y acoso por su trabajo como comunicadora para medios no gubernamentales.
Como a muchos otros activistas cubanos, las autoridades migratorias le han impedido salir del país desde noviembre de 2019.
En febrero, la policía política cubana presionó a los propietarios de la vivienda donde la periodista había estado rentada durante más de dos años para que la desalojaran.
De acuerdo con Acosta, antes de ordenar su "desalojo" la Seguridad del Estado le propuso eliminar "la regulación de salida del país" si colaboraba con ese órgano represivo. "Les dije rotundamente que no, que yo nunca apoyaría a una dictadura y que yo estaba orgullosamente regulada".
Desde finales de abril circula una petición al gobierno cubano para que detenga la creciente persecución a periodistas independientes, permita la libertad de expresión y derogue el polémico artículo 68 del Decreto Ley 370.
La iniciativa surgió porque la policía multó, también con 3.000 pesos (CUP) a la periodista independiente cubana Mónica Baró bajo el amparo de ese decreto que atenta contra la libertad de expresión hasta en los perfiles personales de cualquier ciudadano de la isla en Twitter, Facebook o cualquier otro sitio. Baró también ha declarado que no pagará la multa.
Antes de Baró, el citado Decreto-Ley del gobierno designado de Miguel Díaz-Canel fue aplicado a varios periodistas y cubanos no afines con el régimen.
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