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Gobierno de Cuba decreta multas de 36 mil pesos a arrendadores de viviendas que incumplan la ley

Dicho Decreto-Ley entrará en vigor el primero de enero del año 2021.

La Habana Foto © CiberCuba

Este artículo es de hace 3 años

El Gobierno de Cuba impondrá multas de 36 mil pesos a los arrendadores de viviendas que incumplan los requisitos plasmados en el Decreto-Ley 357 de la Gaceta Oficial de la República de Cuba.

Según el documento oficial, se multará al arrendador que alquile su vivienda habitación o espacio sin autorización, o quien esté inscrito para arrendar solo a personas residentes permanentes en el territorio nacional y arriende a otras.

También se multará con la misma suma a las personas que arrienden vivienda, habitaciones o espacios a personas que no residen permanentemente en el territorio nacional sin exigirles los documentos de identidad o no informar a la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería, independientemente de la responsabilidad penal en que pueda incurrir.

Además, será sancionado quien permita que en la vivienda, habitación o espacio arrendado se ocasionen alteraciones que perturben la tranquilidad de los vecinos, violen las normas de convivencia social o afecten la moral o las buenas costumbres.

"Asimismo, a los que ejercen esta actividad del trabajo por cuenta propia sin la autorización correspondiente, se les impone multa en la cuantía prevista en este artículo y no se les otorga la autorización para ejercer dicha actividad durante el plazo de dos (2) años", aclara el documento.

Dicho Decreto-Ley entrará en vigor el primero de enero del año 2021.

La Gaceta Oficial ha estado compartiendo actualizaciones de las leyes a modo de prepararse para el reordenamiento económico que tendrá lugar en la Isla a partir del próximo 1 de enero.

"Reiteramos la trascendencia de esta tarea que pondrá al país en mejores condiciones para llevar a cabo las transformaciones que demanda la actualización de nuestro modelo económico y social sobre la base de garantizar a todos los cubanos la mayor igualdad de oportunidades, derechos y justicia social, la cual será posible no mediante el igualitarismo, sino promoviendo el interés y la motivación por el trabajo", declaró el gobernante Miguel Díaz-Canel.

También apuntó que el ordenamiento no constituye por sí misma las solución mágica a todos los problemas presentes en nuestra economía, aunque favorecerá la creación de las condiciones necesarias para avanzar de manera más sólida.

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