Estados Unidos impuso este viernes restricciones de visa a 50 familiares inmediatos de legisladores, fiscales y jueces vinculados al régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, en respuesta a la represión gubernamental desatada contra líderes políticos y activistas cívicos en el país centroamericano.
"Como demuestran estas acciones, Estados Unidos está comprometido con la promoción de una amplia rendición de cuentas para cualquier persona responsable o que se beneficie de los ataques del régimen Ortega-Murillo a las instituciones democráticas", dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.
El funcionario recordó que en los dos últimos meses, el régimen de Ortega ha detenido a 32 opositores políticos y actores prodemocráticos, entre ellos siete candidatos presidenciales, un candidato a vicepresidente, activistas estudiantiles, líderes del sector privado y abogados defensores.
Nicaragua celebrará elecciones generales el próximo 7 de noviembre cuando el país atraviesa por una crisis de gobernabilidad e inconformidad social, agitada por protestas populares desde mediados de 2018. El régimen de Ortega arremetió con violencia contra las manifestaciones, que fueron sofocadas por la policía con un saldo de 328 muertos, más de 2,000 heridos y 1,600 detenidos en los últimos tres años, de acuerdo con reportes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Ortega, de 75 años, y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, de 70, están postulados por el Frente Sandinista para la reelección, que parece encaminada a imponerse en condiciones irregulares y sospechas de fraude bajo el manto oficialista.
La alerta de Washington sobre el clima represivo en Nicaragua incluyó el caso de Berenice Quezada, de 27 años, exreina de belleza que dio el paso al frente para presentarse a la vicepresidencia como candidata de la oposición.
"Ortega y Murillo demostraron una vez más que tienen miedo de postularse contra quien consideran que puede ganar el apoyo del pueblo nicaragüense", consideró Price.
La administración de Joe Biden está siguiendo de cerca el incremento de la persecución política en Nicaragua a las puertas de las elecciones presidenciales del próximo noviembre.
El pasado 12 de julio, el Secretario de Estado, Antony Blinken, anunció restricciones de visado contra 100 legisladores nicaragüenses, jueces, fiscales y familiares de esos funcionarios bajo una política de restricción de visado que se aplica a los nicaragüenses que se cree que son responsables o cómplices de socavar la democracia.
Las sanciones se enfocan también en aquellas personas asociadas al régimen, con responsabilidad o complicidad en la represión de protestas pacíficas o en el abuso de los derechos humanos, así como a sus familiares inmediatos.
Nice explicó que las restricciones de visado de este viernes contra 50 familiares directos de funcionarios afines al régimen toman en cuenta a personas directamente responsabilizadas con las medidas recientes del gobierno de Nicaragua.
Las acciones del régimen de Ortega van encaminadas a impedir la celebración de elecciones transparentes, libres y justas a las que se han comprometido todos los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) en virtud de la Carta Democrática Interamericana.
El gobierno estadounidense aplica estas medidas en virtud de la Ley Magnitsky (Global Magnitsky Human Rights Accountability Act), establecida en 2012 para castigar a violadores de derechos humanos en la arena internacional, como a sucedido también con altos funcionarios cubanos y sus familiares.
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