Como resultado de un acuerdo migratorio bilateral firmado en enero de 2017 por los gobiernos de La Habana y Washington, miles de emigrados cubanos considerados “excluibles” por Estados Unidos podrían ser deportados a Cuba.
Esta categoría, según explica el portal Martí Noticias, engloba a aquellos cubanos que ingresaron de forma ilegal a EE.UU, posterior al éxodo masivo del Mariel en 1980, y que cometieron delitos.
A principios del pasado mes, el presidente Donald Trump amenazó con imponer sanciones y aranceles e incluso cortar todo tipo de ayuda financiera a los países que no aceptaran de vuelta a los ciudadanos de su nación con orden de deportación pendiente.
Testimonios de dos cubanos que fueron deportados desde EE.UU hacen más de quince años, y cuyos casos fueron abordados por Martí Noticias, arrojan algunas luces sobre el previsible futuro de los “excluibles”, que estarían arribando a la Isla durante los próximos meses.
Tras vivir durante más de dos décadas en EE.UU, Roberto Molina Cruz fue devuelto a Cuba hace 17 años y, desde entonces, no han sido pocas las ocasiones en las que ha sufrido acoso policial, encarcelamiento y otras limitaciones.
“He cumplido condenas carcelarias en dos ocasiones: por peligrosidad y por asedio al turismo. Este último un delito que ni siquiera figura en el código penal”, dijo al referido medio Molina Ruiz, de 65 años, quien trabajaba como taxista en EE.UU cuando fue condenado por atropellar a una menor de edad, y posteriormente clasificado como “excluible”.
Al arribar a la Isla fue obligado a trabajar para el Estado cubano y le fue comunicado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) que no tenía derecho a jubilación. “Entonces decidí sacar provecho de mi inglés fluido, de mis conocimientos sobre Cuba y de mis amistades en Estados Unidos que me recomendaban como guía a norteamericanos que venían de turistas a Cuba”, relató.
Esto provocó que se incrementara la persecución y la vigilancia por parte de la policía. Actualmente, Molina carga con una restricción de movimiento y una amenaza de volver a ser procesado y encarcelado por “estado peligroso”.
Por su parte, el cubano Luis Herrera Paz, de 57 años de edad, se encontraba entre los presos que cumplían largas condenas en el Combinado del Este, y que el gobierno cubano obligó a exiliarse.
“En mi caso personal, aunque fui obligado a emigrar, fue mejor cualquier incertidumbre de futuro en EE.UU que una cárcel en el comunismo”, dijo Herrera, quien también estuvo entre los amotinados de la cárcel Atlanta en 1987 y fichado de inmediato como excluible.
A su retorno a la Isla fue directamente encarcelado durante más de cinco años, y liberado bajo licencia extrapenal. Actualmente, es padre de una niña de 12 años y se encuentra bajo tratamiento médico por un padecimiento esquizofrénico-paranoide.
Herrera Paz recibe por su condición médica una chequera del MTSS de apenas 165 pesos mensuales [aproximadamente 7 dólares]. “Después de casi veinte años de haber sido deportado, todavía recibo órdenes de apercibimiento cuando sucede cualquier evento como la visita de los Papas, de John Kerry y Barack Obama”, contó.
El punto de los “excluibles” en el acuerdo migratorio entre EE.UU y Cuba busca la deportación de casi 3 000 cubanos en cárceles norteamericanas, según un Comunicado Conjunto de diciembre de 1984. Estos prisioneros cuestan a los contribuyentes estadounidenses una media de 80 millones de dólares al año.
El listado original de 1984 casi no se puede aplicar porque del total de 2746 cubanos ya fueron deportados 2.022 individuos, 246 han muerto y solo 478 cubanos quedan pendientes de ser enviados a la Isla. De ahí que la cifra se mantendrá con la sustitución por otros encarcelados vinculados a la salida por El Mariel.
De acuerdo con la agencia EFE, cifras oficiales emitidas el pasado mes de diciembre indican que el número de cubanos con órdenes de deportación pendientes aumentó en 2017 hasta alcanza los 37.218 casos.
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