Organizaciones de defensa de los inmigrantes denuncian el aumento del número de familias afectadas por la política migratoria de "tolerancia cero" en Estados Unidos que tienen que recurrir a la petición de ayudas a la ciudadanía para poder pagar los gastos elementales de vivienda, alimentación, agua y luz.
En esa situación están los cinco hijos de Jesús, un inmigrante que fue detenido por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) el pasado 23 de mayo. Él era el único sostén de la familia. Su mujer padece epilepsia y la familia está a punto de ser desalojada porque no ha podido pagar la renta en Orange, California.
No les ha quedado más remedio que acudir a Gofundme, con la intención de recaudar dinero con urgencia. Su futuro depende de la generosidad de la gente.
Las llamadas a la solidaridad recorren Estados Unidos de costa a costa, según publica EFE.
"Ahora estamos viendo más necesidad en las familias que quedan endeudadas (por costos legales) o sin el ser querido que mantenía el hogar", asegura Jorge Mario Cabrera, portavoz de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA)
Las ONG sólo tienen recursos para asesorar legalmente a los damnificados por las deportaciones. Activistas como Cabrera apelan a la solidaridad de la gente, pero sobre todo, tiran de sus amigos.
InquilinXs UnidXs por Justicia en Minneapolis (MN) ha abierto una colecta por Mario, un inmigrante ecuatoriano detenido esta semana. La petición va acompañada de una foto del pequeño Kevin, que se ha quedado desamparado tras el arresto de su padre,
Lo mismo le ocurre a los cinco hijos de Laura Moreno, que fue detenida en julio por incumplir una orden de deportación de 1999. Ella vive en St. Paul (MN), una ciudad en la que las detenciones de inmigrantes aumentaron un 67% en 2017.
En 2016 más de 2.000 niños tuvieron que ser tutelados por los servicios sociales después de la detención y deportación de sus padres.
Maru Mora-Villalpando, fundadora de Latino Advocacy, califica la situación actual de "crisis sin precedentes". En su opinión, el Gobierno se lleva al cabeza de familia y obliga a pagar un rescate (la defensa legal) sin saber si conseguirán que regrese. Lo peor es que muchas veces, la persona que se queda a cargo de los hijos es indocumentada. Eso hace que no se atrevan a pedir ayudas públicas para niños estadounidenses por temor a ser deportados.
La gran mayoría de los deportados son hombres, lo que convierte a muchas mujeres inmigrantes en madres solteras y cabezas de familia.
En esa situación está Ana Castillo, ciudadana de Estados Unidos, profesora universitaria y madre de dos niñas, que no ha podido regularizar la situación de su esposo, Marlon Castillo, un guatemalteco de 46 años, detenido en una cita del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) cuando pretendía solicitar sus papeles. A los 15 días lo expulsaron del país.
Los compañeros de trabajo de Ana Castillo han abierto una colecta para ayudarla con los trámites legales.
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