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Prisión preventiva para la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner

La denuncia inicial contra ella fue presentada en enero de 2015 por el fiscal Alberto Nisman, quien cuatro días después fue hallado muerto de un disparo en su apartamento.

Cristina Fernández de Kirchner © Secretaría de Cultura de la Nación
Cristina Fernández de Kirchner Foto © Secretaría de Cultura de la Nación

Este artículo es de hace 4 años

La Corte Suprema de Argentina confirmó la orden de detención y prisión preventiva para la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, por el presunto encubrimiento de unos ciudadanos iraníes acusados de haber perpetrado un atentado a una institución judía en 1994, que dejó 85 muertos en Buenos Aires y aún sigue impune, informó Infobae.

Sin embargo, la exmandataria no entrará en prisión por ser senadora y estar aforada.

El Tribunal, por unanimidad, desestimó los recursos de queja presentados por los abogados de Kirchner y otro imputado, en la denominada causa por el Memorándum con Irán.

Kirchner, quien gobernó desde 2007 hasta 2015, está imputada por delitos de estorbo de un acto funcional, abuso de autoridad y encubrimiento agravado junto a 10 antiguos funcionarios de su administración.

La denuncia inicial contra ella fue presentada por el fiscal Alberto Nisman el 14 de enero de 2015, cuatro días antes de ser encontrado muerto en su apartamento por un disparo, en circunstancias que aún no han sido esclarecidas.

Según el fallecido magistrado, el pacto que suscribieron Argentina e Irán en 2013 para investigar el atentado, en realidad buscaba encubrir a los sospechosos del atentado terrorista, entre los que se encontraba el expresidente iraní Alí Akbar Rafsanjani (gobernó desde 1989 a 1997), para favorecer el intercambio comercial entre ambos países.

Las defensas de los imputados alegan que el citado memorándum fue una decisión política refrendada por el Congreso Nacional, cuyo objetivo era destrabar el proceso judicial, frenado durante años debido a que la nación islámica se negaba a detener y extraditar a los acusados.

Este no es el único revés judicial que sufre la expresidenta. En mayo del año pasado un juez federal ordenó su procesamiento por supuesto lavado de activos y asociación ilícita a través de hoteles vinculados a ella.

En octubre cuatro personas de su entorno fueron detenidas, acusadas de sacar dinero ilícito y lavarlo en el sector inmobiliario en Miami y otras ciudades de Estados Unidos.

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