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Preocupación entre las empresas canadienses que operan en Cuba por la creciente presión económica de Trump sobre la Isla

"Se han cambiado todas las reglas del juego. Tenemos que estar preparados para que el presidente [Trump] no renuncie más al Título III", ha dicho un consultor canadiense.

Donald Trump © Flickr/Gage Skidmore
Donald Trump Foto © Flickr/Gage Skidmore

Este artículo es de hace 5 años

Líderes empresariales de Canadá han señalado que la amenaza del Gobierno de Donald Trump de aumentar las restricciones del embargo de Estados Unidos a Cuba podría afectar a las compañías canadienses que están haciendo negocios en la Isla.

La Cámara de Comercio de Canadá ha expresado su preocupación sobre la posibilidad de que Estados Unidos ponga en práctica una sección nunca antes utilizada de la Ley Helms Burton, que permitiría interponer demandas contra compañías extranjeras vinculadas a propiedades cubanas que fueron confiscadas con posterioridad a 1959.

"Es una administración que no teme romper con lo que se considera la forma normal de hacer negocios en la diplomacia internacional", ha dicho Mark Agnew, director de política internacional de la Cámara, en declaraciones citadas por CTV News.

"No tienen miedo de salir y tomar una postura bastante audaz que no es necesariamente en interés de la comunidad empresarial", dijo.

Sin nombrar a las compañías que resultarían afectadas, Agnew ha hecho referencia a la posibilidad de que los operadores de turismo canadienses o las compañías de recursos puedan estar en riesgo.

"Estamos hablando con nuestro gobierno y con nuestras contrapartes comerciales en los Estados Unidos y Europa. El mensaje general es que no queremos que esto entre en vigencia", precisó.

“Las empresas canadienses deben prepararse para la activación de la sección del Título III de Helms Burton, a pesar de que esencialmente ha permanecido inactiva durante 23 años", dijo por su parte Mark Entwistle, un consultor de negocios en Cuba que se desempeñó como enviado canadiense a La Habana en la década de los 90.

“Hay una fuerte oposición a la activación del Título III entre los líderes empresariales y agrícolas de EE.UU., pero eso podría no ser suficiente”, dijo Entwistle.

"Se han cambiado todas las reglas del juego. Tenemos que estar preparados para que el presidente no renuncie más al Título III", concluyó.

"Podría ser una transacción financiera que tenga un punto de conexión con alguien en Cuba, que ahora es el propietario de la propiedad que nacionalizamos en 1960. Podría ser una operación financiera, una operación comercial. Podría ser una inversión, podría ser cualquier cosa ", insistió.

"Continuamos expresando nuestras preocupaciones sobre las posibles consecuencias negativas para los canadienses, preocupaciones que son de larga data y bien conocidas por nuestros socios estadounidenses", ha dicho por su parte Adam Austen, portavoz de la ministra de Asuntos Exteriores, Chrystia Freeland.

"Ella también ha estado en contacto con empresas canadienses para reafirmar que defenderemos completamente los intereses de los canadienses que realizan negocios e inversiones legítimas con Cuba", añadió Austen.

La compañía de recursos con sede en Toronto, Sherritt International, tiene una larga experiencia en Cuba, y sus ejecutivos tienen prohibido viajar a Estados Unidos o hacer negocios allí bajo las disposiciones existentes de la Helms Burton.

Otros países, como Francia, Reino Unido y España tienen empresas activas de ron, cigarros y empresas de turismo en Cuba, y también han expresado preocupación, especialmente España.

A inicios del pasado mes de marzo, el presidente norteamericano dio a conocer que a partir del 19 de marzo la puerta está abierta para demandar a 200 entidades gubernamentales cubanas, que forman parte de una "lista negra", por adueñarse de bienes confiscados. La iniciativa en principio no afecta legalmente a los socios extranjeros del Gobierno de la Isla.

Se espera que el Gobierno de Estados Unidos anuncie el próximo 17 de abril una decisión sobre el Título III, cuando vence una suspensión más corta (de apenas 30 días), de esa ley, que ha sido suspendida cada seis meses por los Gobiernos de Clinton, Bush Obama y el propio Trump durante sus primeros dos años de Administración.

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