El gobierno estadounidense hizo pública la nueva regla final que establece los procedimientos que deben seguir los oficiales, autorizados a negar visas a países que retrasan o se niegan a recibir a inmigrantes deportados por Estados Unidos.
Si hasta el momento los funcionarios consulares negaban o aceptaban visas de acuerdo con un reglamento estándar para todos los países, ahora se tendrá en cuenta si ese país se ha negado a aceptar a nacionales con órdenes de deportación.
Alex Gálvez,abogado de inmigración en Los Ángeles, California, dijo a Univisón que "no sabemos cuánta gente todos los días acude a un consulado para gestionar una visa, una reunificación familiar o un perdón. Y hasta ahora cada caso se trataba individualmente en base a los méritos del expediente".
Esta nueva ley aplica a todos los tipos de visados, incluso los B1/B2 para viajes de turismo o negocios.
“Por ejemplo, el secretario de Estado podría ordenar a los funcionarios consulares discontinuar la concesión de visas B1/B2 para viajes personales de ministros de un gobierno extranjero con escala en Estados Unidos. También podría afectar a las visas de estudiante de categoría F", apuntó el especialista.
Según Gálvez, “los cónsules utilizaban su discreción para conceder o negar un beneficio. Pero el nuevo reglamento no toma en cuenta este privilegio del cónsul porque el gobierno está castigando al país completo que retrase o se niegue a recibir a uno o más deportados”.
Por su parte, José Guerrero, abogado de Miami, dijo que la nueva regla “es grave porque pone en riesgo a personas que no tienen nada que ver con el retorno o deportación de extranjeros de Estados Unidos. No me cabe la menor duda que será revisada a fondo y será demandada en cualquier momento”.
De momento, Jared Kushner, asesor de la Casa Blanca, está preparando un plan de inmigración que podría incrementar las visas estadounidenses para trabajadores altamente cualificados, y que debe ser aprobado la próxima semana.
De acuerdo con el Departamento de Estado, la norma se basa en la sección 243(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) y se implementa “para detener el crecimiento de una población indocumentada” que el gobierno “está teniendo dificultades para eliminar debido a una falta de cooperación por parte del país” con la orden de deportación.
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