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Fundación para los Derechos Humanos advierte al presidente del Supremo de Cuba: “No le corresponde amenazar a los ciudadanos”

Rubén Remigio Ferro, jefe del aparato judicial en Cuba, amenazó con aplicar la Ley Mordaza a quienes “apoyen, faciliten o colaboren con los objetivos de la Ley Helms-Burton”.

Presidente del Tribunal Supremo de Cuba, Rubén Remigio Ferro. © Granma / Heriberto González
Presidente del Tribunal Supremo de Cuba, Rubén Remigio Ferro. Foto © Granma / Heriberto González

Este artículo es de hace 4 años

La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FDHC) ha incluido al presidente del Tribunal Supremo de la Isla en la lista de represores del régimen castrista, tras amenazar con aplicar la Ley 88, conocida como “Ley Mordaza”, informó Cubanet.

La propia organización ha enviado una carta abierta al jurista en la que le explican por qué han incorporado su ficha personal a la base de datos del grupo.

“Su decisión personal de poner su cargo como presidente del Tribunal Supremo al servicio incondicional de dictámenes del Ministerio Interior así lo amerita. No le corresponde estar amenazando a los ciudadanos que pacíficamente promueven un mejor país, Sr. Fierro. Debió dejarle esa faena a la policía”, señaló la misiva.

Rubén Remigio Ferro, jefe del aparato judicial en Cuba, amenazó el pasado 7 de mayo con aplicar la Ley Mordaza, que contiene “penas severas” para quienes “apoyen, faciliten o colaboren con los objetivos de la Ley Helms-Burton”.

El tuit de Ferro llegó pocos días después de la entrada en vigor de la Helms Burton, que permite a compañías y ciudadanos estadounidenses interponer demandas por las propiedades confiscadas en Cuba por el Gobierno de Fidel Castro, una legislación que el funcionario cubano tachó de “caprichosa”, “absurda” y “extraterritorial”.

En el documento enviado al juez, la FDHC le recuerda las nuevas medidas que está aplicando Estados Unidos para acabar con la impunidad a la que se acogen altos cargos de dictaduras como la de Cuba o Venezuela.

“Usted parece no percatarse de que el tiempo de la impunidad para los represores cubanos se viene acabando. Las cosas están cambiando. Se han iniciado procesos de enjuiciamiento y deportación de aquellos que después de reprimir a los ciudadanos en Cuba vinieron a reunirse con familiares y residir en Estados Unidos”, expresó el texto.

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