El presidente del Tribunal Supremo Popular de Cuba (TSP), Rubén Remigio Ferro, amenazó con aplicar la Ley 88, conocida como "Ley Mordaza" a los que "apoyen, faciliten o colaboren con los objetivos de la Ley Helms-Burton".
Así lo aseguró el pasado 7 de mayo en su cuenta de Twitter, donde recordó que la ley aprobada en 1999 determina "penas severas".
"La Ley No. 88, sobre la protección de la independencia nacional y la economía de Cuba, tipifica como delitos los actos y conductas que apoyen, faciliten o colaboren con los objetivos de la Helms Burton y establece severas penas para sus comisores", escribió Ferro en su cuenta en la citada red social.
La referencia a la llamada "ley de protección de la independencia nacional y la economía de Cuba" se produce después de que el pasado 2 de mayo entró en vigor esta ley, que a través de su título III permite las reclamaciones de compañías y ciudadanos estadounidenses por las propiedades que les confiscaron en Cuba tras la Revolución.
En aquella ocasión Ferro calificó la ley como "caprichosa", "absurda" y "extraterritorial".
Esta ley establece en su primer artículo que tiene como objetivo "tipificar y sanciones los hechos dirigidos a apoyar, facilitar, o colaborar con los objetivos de la Ley Helms-Burton, el bloqueo y la guerra económica contra nuestro pueblo".
Además contempla que se puedan confiscar bienes "como sanción accesoria" y penas de cárcel de siete a 20 años.
También se contempla sanciones para aquellos que "busquen información clasificada para ser utilizada en la aplicación de la Ley Helms–Burton". En este supuesto la "Ley Mordaza" incluye una "sanción de privación de libertad de tres a ocho años o multa de tres mil a cinco mil cuotas, o ambas".
La ley también incluye sanciones si colabora "por cualquier vía" con emisoras de radio, televisión, periódicos, revistas u otros medios de difusión extranjeros y si se lleva a cabo "cualquier acto dirigido a impedir o perjudicar las relaciones económicas del Estado cubano, o de entidades industriales, comerciales, financieras o de otra naturaleza, nacionales o extranjeras".
La censura prevista en la Ley 88 contempla que se penalice a todo aquel que reciba, distribuya o participe en la distribución de medios financieros, materiales o de otra índole procedentes del Gobierno de Estados Unidos, así como de sus agencias, dependencias, representantes, funcionarios o de entidades privadas.
La Unión Europea, por su parte, ha amenazado con llevar a Estados Unidos ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) para proteger a sus compañías que tengan intereses en Cuba.
El pasado 2 de mayo comenzaron a materializarse las primeras reclamaciones de compañías y ciudadanos estadounidenses. La corporación ExxonMobil, la mayor productora de petróleo de Estados Unidos, inició un litigio contra las empresas cubanas CIMEX y Unión Cuba-Petróleo.
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