El Tribunal Supremo de Estados Unidos dio este miércoles un espaldarazo a la política del presidente Donald Trump al decretar como válidas nacionalmente las nuevas reglas administrativas para negar la solicitud de asilo a la mayoría de los inmigrantes llegados a la frontera mexicana, entre ellos miles de cubanos.
En una votación de 7-2, el máximo órgano judicial de la nación dio luz verde a la orden presidencial que requiere a los solicitantes de asilo haber buscado previamente refugio en un tercer país en tránsito hacia Estados Unidos.
Aunque la decisión no es definitiva, la medida dictada por la administración Trump el pasado 15 de julio entrará en vigor de inmediato, mientras se ventilan y definen los litigios que desafían su legitimidad en tribunales inferiores.
Solo dos juezas de reconocida proyección liberal y con historial favorable a los derechos de los inmigrantes, Sonia Sotomayor y Ruth Bader Ginsburg, discreparon del fallo respaldado por sus colegas.
"Una vez más, el Poder Ejecutivo emitió una norma que busca anular las prácticas de larga data con respecto a quienes que buscan refugio de la persecución", escribió Sotomayor.
Trump no demoró en celebrar el veredicto del Tribunal Supremo como una victoria de su política migratoria.
"¡GRAN VICTORIA para la frontera sobre el asilo en el Tribunal Supremo!", escribió el presidente en su cuenta de Twitter.
La política denominada Regla Final Interina (IFR) fue anunciada después de que la Casa Blanca no logró acuerdos con México y Guatemala para convertirlos en "países seguros" donde ofrecer protección a los refugiados.
La orden de los jueces de la Corte Suprema cierra las puertas a inmigrantes centroamericanos y de otras latitudes que no puedan demostrar que solicitaron asilo y su petición fue rechazada en un tercer país antes de emprender viaje en busca de protección en Estados Unidos.
La orden de los jueces de la Corte Suprema cierra las puertas a inmigrantes centroamericanos y de otras latitudes que no puedan demostrar que solicitaron asilo y su petición fue rechazada en un tercer país antes de emprender viaje en busca de protección en Estados Unidos
La noticia es un trago amargo para miles de cubanos que aguardan por su turno en ciudades y puntos de la frontera sur para presentar su solicitud de asilo basado en "miedo creíble" ante las autoridades estadounidenses, y pone también contra la pared a quienes consiguieron entrar sin demostrar una petición de refugio en un país de tránsito calificado como seguro.
Todas las personas que entraron al país después del 16 de julio sin presentar una negativa de asilo en un país de tránsito pudieran verse afectados por el veredicto del Tribunal Supremo.
Se calcula que entre 8 000 y 10 000 cubanos permanecen en zonas fronterizas cercanas a los estados de California, Texas, Arizona y Nuevo México con la esperanza de recibir protección como asilados en Estados Unidos. Al cierre de agosto otros 20 702 consiguieron ingresar a territorio estadounidense desde que comenzó el año fiscal 2019, y la definición de su estatus legal está en manos de tribunales de inmigración.
Se calcula que entre 8 000 y 10 000 cubanos permanecen en zonas fronterizas cercanas a los estados de California, Texas, Arizona y Nuevo México con la esperanza de recibir protección como asilados en Estados Unidos
El polémico reglamento de Trump ha planteado numerosos desafíos legales en los tribunales a pesar de que apenas van a cumplirse dos meses de su promulgación.
El pasado 24 de julio, el juez federal Jon StevenTigar, del Tribunal de Distrito Norte en San Francisco, había suspendido la normativa de Trump, argumentando que con su decisión “se respetará el interés público de que no pongamos a los extranjeros de vuelta en manos de sus perseguidores”.
La orden de Tigar emitió se produjo apenas horas después de que el juez Timothy J. Kelly, del Tribunal de Washington DC, se negara a revocar la orden presidencial como demandaba una acción legal de grupos defensores de los inmigrantes.
Tigar consideró que la medida de Trump constituía una violación de la Ley de Procedimientos Administrativos y por tanto carecía de alcance jurídico.
Pero la Corte Federal de Apelaciones del Noveno Circuito limitó el impacto de la orden de Tigar a los estados que se encuentran dentro del área de su jurisdicción, y determinó que solo en California y Arizona se podía solicitar asilo sin cumplir los requerimientos de la orden presidencial.
Los funcionarios del Departamento de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) comenzaron a aplicar la regla administrativa, exceptuando California y Arizona, pero rechazando las solicitudes de asilo en Texas y Nuevo México, lo cual no resultaba favorable para los inmigrantes cubanos.
De acuerdo con las estadísticas de CBP, durante el presente año fiscal los puntos de entrada de Nuevo Laredo y El Paso, ambos en territorio de Texas, fueron frecuentados por más de 19 000 inmigrantes cubanos, mientras que por San Diego (California) y Tucson (Arizona) solo entraron 958 de la misma nacionalidad.
Tigar respondió con una contraorden este lunes para reimponer su decisión a nivel nacional, con beneficios de refugiados también para los inmigrantes que llegan por Nuevo México y Texas, considerando que existía la "necesidad de mantener una política de inmigración uniforme”. Pero 24 horas después el Noveno Circuito de Apelaciones ripostó con otro fallo devolviendo el alcance de la decisión de Tigar solo a California y Arizona.
Hasta que se produjo la intervención del Tribunal Supremo la noche de este miércoles.
El Departamento de Justicia señaló que los tribunales de inmigración tienen pendientes 436 000 casos con solicitud de asilo.
El fallo del Tribunal Supremo se produce apenas cinco días después que un tribunal federal de Louisiana trajera una luz de esperanza para cientos de cubanos confinados en centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
El pasado viernes el juez federal James E. Boasberg ordenó al gobierno que modifique su política de retener indefinidamente en centros de detención a inmigrantes que optan por la vía legal para solicitar asilo, lo que abrió una ventana para obtener libertad condicional a decenas de cubanos que aguardan el procesamiento de sus casos en cárceles de Lousiana, Mississippi y Alabama.
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