El 5 de septiembre pasado un chofer de una motoneta en Villa Clara salió de su casa sin saber que sus actos lo llevarían a la cárcel por tres años, como acaba de decretarlo un juez. El no detener su vehículo en la parada establecida, sino en otro punto cercano donde algunos pasajeros le pagarían más por su servicio, sirvió de desencadenante de una serie de acontecimientos que han terminado en la sentencia que recientemente se ha conocido.
A unos metros de distancia, justo en el sitio donde debió haber parado su motoneta, una profesora universitaria que no pudo irse con él hizo una fotografía de su vehículo, probablemente para denunciarlo, tal y como alienta el gobierno local por estos días ante violaciones de lo dispuesto en materia de precios.
Un rato más tarde Abreu aborda a la mujer y le exige que le entregue el celular. Esta se niega, y entonces él se lo arrebata de sus manos y lo estrella violentamente.
Luego la profesora y algunos testigos formulan la denuncia, no ya porque el chofer hubiera violado lo dispuesto por el gobierno provincial en materia de precios o trabajo por cuenta propia, sino por la agresión.
La prensa local, por su parte divulgó el suceso, al punto de ser conocido por todos los santaclareños, quienes consideraron inadmisible que este chofer de quien solo se conoce el nombre agrediera públicamente a una profesora.
Transcurrido un mes del lamentable hecho, ahora el Tribunal Popular Municipal de Santa Clara acaba de dictar sentencia, y Alexis ha sido condenado a tres años de privación de libertad.
Al darse a conocer el fallo no pocas personas se han mostrado de acuerdo con que un acto de esa naturaleza no quede impune, sin embargo, tampoco faltan quienes piensen que la sanción ha sido excesiva.
“Yo lo veía venir. Él agredió a una mujer, y eso nadie lo puede cambiar, es verdad que se encolerizó y actuó de una manera muy descompuesta, todo eso se debe castigar. Pero estoy convencido de que esta sanción ha servido sobre todo para escarmentar a los cuentapropistas. Y es entonces en ese punto donde no puedo estar de acuerdo”, asegura otro profesor universitario residente en Santa Clara.
Para entender el peso de tales aseveraciones es preciso poner el asunto en contexto. Desde hace algunas semanas suben de tono las discrepancias entre los cuentapropistas y el gobierno de la provincia tras la aplicación de una nueva tarifa de precios para los productos y servicios que se ofertan desde el sector no estatal.
En uno de los momentos de mayor algidez el presidente del gobierno en Villa Clara, Alberto López, llegó a declarar que si algunos cuentapropistas tenían que ir presos pues irían presos por violar los precios establecidos desde el Consejo de la Administración Provincial.
Es por eso que, según opina el entrevistado, Alexis les sirvió en bandeja de plata, la posibilidad de escarmentar a todo aquel cuentapropista que se “pasara de la raya”.
“¿Se debía o no juzgar al chofer? Sin duda. Yo digo que ciertamente merecía un castigo, además de reponerle el objeto dañado a la profesora… pero nunca tres años de prisión, eso fue excesivo, la pena pudo haber sido más benévola”, opina el profesor, para quien existen dos aspectos aparentemente inconexos que sirven de agravantes en el caso: “Alexis es cuentapropista y estamos en coyuntura”.
“Toda crisis se presta para cometer excesos, y los tiempos que corren no son nada buenos para el pueblo, y tampoco para los cuentapropistas. Se les está recogiendo toda la pita que se les dio durante la cercanía con Obama”, reflexiona el profesor.
“No digas tú que por romperle el celular a otra gente te metan preso, sino algo peor, ¿cada vez que un hombre golpea a una mujer lo meten a la cárcel? ¿Por qué esta vez, que ni siquiera la golpeó directamente, sí lo hacen y nada menos que tres años? ¿No era suficiente el decomiso del vehículo, que le quitaran la patente, una multa y la reposición del celular?”, se pregunta una joven santaclareña, quien tampoco deja de ver en esta sentencia un escarmiento.
“El otro día en mi barrio había un marido dándole golpes a su mujer mientras esta gritaba por ayuda. Mi madre llamó a la policía y cuando les dijo que eran esposos los oficiales como que le restaron importancia al asunto. Jamás fueron al lugar”, rememoró la joven.
Sin embargo, no hace falta interpretar el hecho desde la suspicacia extrema, dado que el vicefiscal jefe de Villa Clara, Javier Jiménez dejó bien claro al comunicar la sentencia que el enjuiciado fue condenado por coacción y daños, delitos que se vieron agravados por las circunstancias.
“En este caso específico se aplicó la figura agravada del delito de daño previsto en el código penal artículo 339 apartado 5, que refiere que independientemente del valor, cuando una víctima ha contribuido como testigo a la aplicación de las leyes vigentes en el país, la sanción es de privación de libertad de 2 a 5 años”.
Acto seguido explicó que esta causa, la número 72 del Tribunal Popular Municipal, debería ser tomada en cuenta por aquellos que no acaten lo dispuesto en el acuerdo 255 del Consejo de la Administración del Poder Popular Provincial.
“Este caso debe servir de experiencia para las regulaciones establecidas por nuestro Consejo de la Administración. Hay casos que se pueden repetir en nuestra provincia cuando los porteadores privados cobren mayor tarifa de precio que la establecida, y agredan de forma verbal o personal a aquellas personas que enfrenten esas actitudes”, concluyó.
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