Una familia residente en un apartamento en el Cerro, en La Habana, logró librarse de un desalojo a último momento.
Tanto las funcionarias de Vivienda que estaban apostadas en los alrededores, como el camión para desalojar las pertenencias, se fueron del lugar después de estar un rato frente a la casa.
Los vecinos avisaron a la familia de la llegada de los funcionarios y, según el testimonio de la familia, al sobrino de los propietarios de la casa se lo llevaron en una patrulla por gritar: “Tía, no bajes”, e incitar a que no se dejaran desalojar.
En declaraciones a la reportera de CiberCuba, Iliana Hernández, la familia expresó la tremenda injusticia que supone el desalojo de la vivienda, de la que quieren echarlos porque uno de los hijos fue condenado a 8 años de cárcel.
Ellos insisten en que el miembro de la familia encarcelado no compró la casa, y creen que solo ha servido de pretexto a las autoridades para echarlos y darle otro destino a la vivienda.
“Están sancionando a muerte a la familia, a la madre, el padre y los hermanos”, expresó una de las familiares. En la vivienda, además, hay una niña de 1 año y 5 meses, hija del hombre preso.
“No tenemos absolutamente nada. No tenemos que pagar la culpa de lo que haya hecho mi hermano”, dijo un joven de 19 años, y añadió que las autoridades cubanas será culpables de lo que le pase a su madre.
"Todo me lo van a quitar injustamente. Yo no tengo la cupa. Yo traté de llevarlo por el buen camino”, dijo entre lágrimas la madre del joven presó.
A mediados de noviembre, la madre de la familia aseguró que los propietarios de la vivienda son ella y su marido, que permutaron un apartamento de microbrigada en el Vedado por ese apartamento en el Cerro.
En pormenorizada explicación, la madre del joven que está en prisión explicó entonces que su hijo se crió en Oriente con la abuela, pero que iba y venía periódicamente a La Habana y se quedaba en el apartamento donde, no obstante, nunca estuvo inscrito ni tuvo nada que ver con la propiedad de la casa.
Con el tiempo se convirtió en drogadicto y pese a que la familia llamó a la Línea de Ayuda, les dijeron que el joven tenía que estar de acuerdo en aceptar un ingreso médico y tratamiento, algo que no sucedió.
Un año después del encarcelamiento empezaron las amenazas de desalojo, pese a protestas a diferentes instancias.
El panorama actual es una amenaza de desalojo inminente y el traslado obligatorio de toda la familia a un albergue que ya han visitado y al que el padre de la familia ha dicho que solo llevarán esposado.
¿Qué opinas?
COMENTARArchivado en:
