El ministro del Interior y Justicia de Venezuela, el general Néstor Reverol, aseguró que las defensas del régimen de Nicolás Maduro habían frustrado un intento de ataque marítimo por las costas del puerto La Guaira, litoral de Caracas.
En el enfrentamiento, según el titular, resultaron abatidos ocho de los presuntos agresores, mientras que varios fueron heridos y detenidos tras el intercambio.
Reverol afirmó que el grupo de paramilitares procedía de la vecina Colombia, que entró a territorio venezolano con la supuesta intención de “asesinar” a líderes políticos y dar un golpe de Estado, explica ABC.
El incidente se produjo en la madrugada de este domingo, a unos 20 kilómetros al norte de la capital venezolana. Sin embargo, Reverol no presentó fotos, vídeos o alguna otra evidencia de lo ocurrido.
El “grupo de mercenarios terroristas procedentes de Colombia” pretendió realizar “una invasión por vía marítima” en lanchas rápidas y fueron repelidos por agentes de la fuerza armada y la Policía Nacional, aseveró el ministro en una declaración difundida por la televisión estatal, resume un despacho de la agencia AP.
La operación de rastreo “minucioso por tierra, mar y aire” continúa por lo que no se descartan otras detenciones en las próximas horas, agregó el alto funcionario.
Por su lado, el líder del partido socialista y aliado de Maduro, Diosdado Cabello, confirmó la muerte de al menos ocho de los atacantes, uno de ellos un desertor de las fuerzas armadas venezolanas, el capitán Robert Colina, apodado “Pantera”.
“Pantera” trabajó como jefe de seguridad del exministro chavista Andrés Izarra, cuando este estaba al frente de la cartera de Comunicación e Información.
Cabello aprovechó la ocasión para afirmar que el hecho se trataba de “un plan orquestado por Estados Unidos” y aseguró que uno de los detenidos “es un narcotraficante”, quien admitió que era un supuesto agente de la DEA.
El líder chavista además vinculó a los atacantes con Cliver Alcalá, un general de división retirado del Ejército de su país, señalado de ser el cabecilla de los desertores militares venezolanos.
Alcalá, sancionado por Estados Unidos en 2011 por presuntamente suministrar misiles tierra-aire a las guerrillas de las FARC en Colombia a cambio de cocaína, fue acusado en marzo —junto con Maduro— de ser uno de los capos de una conspiración “narcoterrorista” que podría haber enviado 250 toneladas de cocaína a Estados Unidos cada año.
En la actualidad, Alcalá está bajo custodia federal en Nueva York a la espera de un juicio, luego de entregarse en Colombia, donde vivía desde 2018.
“Vamos a enfrentar con todos los instrumentos que nos garantiza la Constitución” y “el uso de la fuerza donde sea necesario para preservar el orden interno. Y quienes así lo asuman de atacar la institucionalidad de Venezuela tendrán que asumir también las consecuencias”, expresó Cabello.
En la operación se incautaron 10 fusiles, 1 pistola Glock 9 mm, 2 ametralladoras AFAG, robadas del parque de armas del Palacio Federal Legislativo.
La oposición venezolana, liderada por Juan Guaidó, se ha desmarcado este domingo del ataque frustrado en las costas cercanas a Caracas, al tiempo que alertó que podría tratarse de un falso positivo creado por el régimen de Maduro para actuar en contra de quienes se le oponen, apunta una nota de EFE.
Guaidó es considerado por casi 60 países como presidente legítimo. En 2019, a cargo de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, se autoproclamó mandatario interino de Venezuela tras considerar que la reelección de Maduro en 2018 había sido fraudulenta.
Estados Unidos lidera una campaña para expulsar a Maduro, acusándolo de narcotraficante y ofreciendo una recompensa de $15 millones por su arresto y otras sumas millonarias por personas cercanas a la cúpula del poder.
Venezuela está sumida en una severa crisis política y económica, caracterizada por una hiperinflación y profunda contracción del Producto Interno Bruto que ha obligado a casi cinco millones de personas a marcharse del país en los últimos años.
Desde inicios de abril de 2020, EE.UU. desplegó un operativo militar en el Caribe para enfrentar a los carteles de la droga y los ingresos ilícitos del gobierno en el país sudamericano, que ha contado largamente con el apoyo del régimen castrista en Cuba.
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