El gobierno de Estados Unidos presentó el pasado martes cargos contra dos ciudadanos chinos, a quienes acusa de piratear información de compañías privadas de al menos 11 países, dedicadas a la investigación de vacunas y tratamientos para enfrentar la pandemia de coronavirus.
Los hackers, identificados como Li Xiaoyu, de 34 años, y Dong Jiazhi, de 33 años, se encuentran en paradero desconocido, aunque las autoridades norteamericanas piensan que están en China.
“Ambos atacaron a 13 empresas localizadas en Estados Unidos y 12 compañías en el extranjero que estaban investigando una vacuna”, dijo en rueda de prensa William D. Hyslop, uno de los fiscales implicados en la investigación.
Los dos hombres han sido imputados por 11 cargos criminales en un tribunal del estado de Washington, y entre sus actuaciones estuvo la de “investigar las debilidades en las redes de empresas de biotecnología y otros sectores conocidas por trabajar en vacunas, tratamientos y tecnología de test para el COVID-19”, según la acusación.
El documento relata que Xiaoyu y Jiazhi actuaron en beneficio propio y del gobierno de China, con una campaña de robo de información valorada en cientos de millones de dólares que se ha alargado durante una década, y que afectó a empresas en Estados Unidos, Alemania, Australia, Bélgica, Corea del Sur, Holanda Japón, Lituania, Reino Unido, Suecia, y España.
Dentro de Estados Unidos, las empresas afectadas se sitúan en los estados de California, Massachusetts, Maryland, Texas, Virginia y Washington.
Además, los acusados atacaron bases de datos gubernamentales de religiosos, miembros de la disidencia en China y Hong Kong y de organizaciones de derechos humanos.
Incluso, en algunos casos llegaron a proporcionar al gobierno chino los nombres, cuentas de correo electrónico y contraseñas de los afectados, entre los que se encontraban un luchador por la democracia en Hong Kong y un antiguo organizador de las protestas de Tiananmen en 1991.
De acuerdo al documento presentado por el Departamento de Justicia, los dos hackers fueron asistidos por un trabajador del Ministerio de Seguridad Estatal de China, una agencia de espionaje dedicada a la contrainteligencia, la seguridad política dentro del país y los servicios de inteligencia en otros países.
“China tiene ahora un sitio, junto a Rusia, Irán o Corea del Norte, en el vergonzoso club de los países que dan refugio a criminales cibernéticos a cambio de que esos criminales estén ‘de guardia’ para trabajar para el beneficio de su Gobierno”, afirmó el fiscal adjunto John Demers, el más alto cargo del Departamento de Justicia sobre seguridad nacional, citado por ABC.
“En este caso, alimentan el hambre insaciable del Partido Comunista chino por la propiedad intelectual conseguida con el esfuerzo de compañías estadounidenses y otras que no son chinas, incluidas las que investigan el COVID-19”, añadió.
También el martes el gobierno de Estados Unidos exigió a China que cerrara su consulado en Houston, una orden que deberá cumplir a más tardar el viernes.
El gobierno chino informó de la medida, pero no aclaró las razones de la administración estadounidense.
En un escueto comunicado, el Departamento de Estado solo advirtió que la disposición pretende “proteger la propiedad intelectual estadounidense y la información privada de los estadounidenses”.
Por su parte, Pekín exigió que reconsidere la medida, la cual describió como una violación de las normas internacionales y de los acuerdos consulares entre los dos países, así como un intento de socavar las relaciones bilaterales.
China mantiene aún su embajada en Washington y consulados en Nueva York, Chicago, San Francisco y Los Ángeles.
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