El gobernador de Florida (EE.UU.), Ron DeSantis, anunció este fin de semana un acuerdo de cooperación entre las cárceles del estado y las autoridades federales de Inmigración para detectar inmigrantes indocumentados bajo el programa 287 (g), que autoriza a policías para actuar como agentes migratorios.
El republicano subrayó que la idea es "participar en programas que faciliten una mayor cooperación en la aplicación de la ley de inmigración con el gobierno federal".
Un grupo de agentes correccionales en una prisión del noroeste de Florida participará en un programa federal de inmigración que permitirá a los oficiales interrogar a cualquier detenido que crean que se encuentra en el país ilegalmente y procesarlo por posibles violaciones de inmigración.
El secretario de Correcciones de Florida, Mark Inch, firmó el acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos a mediados de agosto, aunque los funcionarios han esperado hasta este viernes para hacerlo público.
DeSantis dijo que le complace ver que el programa avance y agregó que había ordenado a Inch "facilitar una mayor cooperación en la aplicación de la ley de inmigración con el gobierno federal".
También detalló que el Centro de Recepción del Noroeste de Florida, en Chipley, en el condado de Washington, será el primero en poner en marcha el nuevo programa.
“Asumimos nuestra responsabilidad de proteger a nuestros ciudadanos, fomentar comunidades seguras y defender el estado de derecho muy en serio”, dijo DeSantis.
El programa establece pautas y condiciones para que ICE recopile información sobre la ciudadanía y el estado migratorio de un recluso.
Además, proporciona un marco para que el personal de FDC sea seleccionado, capacitado y aprobado por ICE para realizar ciertas funciones como oficiales de inmigración, tareas que son propias de los agentes federales.
"Esta asociación garantizará que los delincuentes extranjeros no sean devueltos a nuestras calles, aumentando la seguridad pública en todo el estado", dijo por su parte Michael W. Meade, director de la oficina de ICE en Miami.
Según los oponentes al acuerdo, este podría provocar más separaciones familiares en Florida, un estado donde alrededor del 20 por ciento de la población es de origen extranjero.
Thomas Kennedy, director político de la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC), lamentó que el acuerdo hace "parte de un esfuerzo continuo para fusionar el sistema de encarcelamiento masivo con la maquinaria de detención/deportación de inmigrantes para sacar provecho del sufrimiento de nuestras comunidades".
La FLIC criticó además que se esté usando el dinero de los contribuyentes de impuestos en Florida para esta forma de "racismo", como llamó al nuevo vínculo entre los correccionales y el ICE.
DeSantis impulsó también este año la puesta en marcha de E-verify, mediante una ley que obliga a los empleadores a verificar el estatus migratorio de sus trabajadores a través de esa plataforma federal y pese a la resistencia de los sectores de la agricultura y el turismo, los dos principales motores de la economía en el "estado del Sol" y ampliamente afectados por la pandemia del coronavirus.
Con este nuevo acuerdo, la Florida se una a otros 21 estados que tienen un acuerdo actual similar con ICE, cuyo director en funciones, Matthew Albence, anunció en julio que se retiraba de la agencia.
Se trata de un cambio en un área clave de política para el presidente Trump que buscará la reelección en noviembre.
La pandemia ha creado desafíos para las operaciones del ICE en terreno y en los centros de detención, donde cerca de 4 000 inmigrantes han dado positivos a las pruebas de COVID-19.
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