Entre un clamor de protestas de diversos activistas, disidentes, organismos independientes y ONGs, el gobierno de Cuba volverá a ocupar hoy un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas para el periodo 2021-23.
Todo parece indicar que la candidatura cubana, que el gobierno y la prensa oficialista presentan como un logro diplomático, logrará reunir el apoyo necesario en una votación general en la que no hay alternativas a la membresía cubana.
La ocasión coincide con recientes arrestos y hostigamientos a opositores y activistas en La Habana.
El reingreso de Cuba, que ha sido miembro del CDH durante cuatro periodos (de tres años cada uno) desde su fundación, ha suscitado durante los últimos meses y semanas un notable rechazo por parte de los disidentes cubanos, organismos internacionales defensores de los derechos humanos, y líderes políticos y sociales, que lo han calificado de "vergonzoso" e "inconcebible".
Ser miembro del consejo implica, según los estatutos de la organización internacional, "hacerse responsable de promover el respeto universal por la proteccIón de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas, sin distinción de ningún tipo y de una manera justa y equitativa". Este es el principio fundacional contemplado en la resolución 60/251, del 15 de marzo de 2006, sobre el que fue creado el Consejo, que actualmente está conformado por 47 países (ocho de ellos de América Latina y Caribe).
Sin embargo, el gobierno cubano sigue violando diariamente muchos de los derechos contenidos en los estatutos de la organización, y se niega a firmar o ratificar más de 160 tratados del ente.
El reingreso de Cuba en el Consejo ha motivado recientemente a grupos opositores de la Isla a lanzar una campaña denominada ‘El Consejo de los Derechos Humanos para las y los ciudadanos’ para concientizar a la comunidad internacional sobre las violaciones de los derechos humanos que se comenten en la isla, y con el objetivo de que el resto de países miembros del organismo rechacen la candidatura cubana.
En septiembre, numerosas personalidades de América Latina, entre ellas, la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, y el exvicepresidente de Nicaragua, Sergio Ramírez, se sumaron a una declaración del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL), una ONG argentina. En el texto, mostraban su rechazo a la nueva candidatura de Cuba "porque no es representativa de las aspiraciones democráticas y el compromiso internacional con los derechos humanos de la región".
Entre los argumentos expuestos por CADAL se señala que Cuba es el único país de América Latina "que no ratificó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales", y se explica que está documentada su falta de compromiso con el sistema universal de DD.HH, "habiendo adoptado un régimen de partido único, que desde 2019 adquiere rango constitucional". A esto se suma la ausencia de señales de reforma de una política de estado "que criminaliza los derechos a la libertad de asociación, reunión, prensa, expresión y participación política".
Según las últimas cifras de la ONG Cuban Prisoners Defenders, en la actualidad hay 138 presos políticos en Cuba. Más de doscientos cubanos estarían "regulados" (con la prohibición de viajar fuera de la isla) por razones políticas o religiosas, según el Instituto Patmos. La detenciones arbitrarias, con arrestos que van de unas pocas horas hasta las 72 horas, se han convertido en una práctica sistemática del régimen para erosionar a la disidencia y acallar sus denuncias dentro y fuera de la isla.
En casos de gran repercusión internacional, como el arresto y encarcelamiento del líder de la UNPACU José Daniel Ferrer, la Seguridad del Estado ha fabricado pruebas y forzado testimonios para sostener delitos falsos que mantengan a las principales voces de la oposición incomunicados durante semanas y encarcelados durante meses.
El Observatorio Cubano de DD.HH. (OCDH), con sede en Madrid, también remitió hace poco un documento a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en el que calificaba de "inconcebible" que Cuba se postule al CDH "sin ratificar o respetar al menos 16 tratados internacionales", entre ellos, la Convención contra la Tortura, la Convención contra las desapariciones forzadas, la Convención sobre la discriminación contra la mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño o la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo de 1967. "En consecuencia, el país no se encuentra comprometido a cooperar con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), o cualquier otro organismo de Naciones Unidas", señala el OCDH.
La ONG cubana también se refiere en el texto a la prevalencia de la Constitución cubana sobre los tratados internacionales, así como la falta de independencia del poder judicial, supeditado al Partido Comunista, "un código penal que establece 'medidas predelictivas', así como las leyes y decretos que limitan la libertad de opinión, expresión, reunión, manifestación y asociación".
Las violaciones de derechos por parte del Gobierno cubano son incontables y están bien documentadas, a pesar de la opacidad del régimen. La represión que ha llevado a cabo sobre sus ciudadanos se ha mantenido durante décadas, y en lugar de suavizarse con la llegada al poder del presidente Miguel Díaz-Canel, parece haberse intensificado.
¿Cómo es posible que un país que viola reiteradamente los DD.HH. sea elegido, una y otra vez, para formar parte de este organismo?
"Cuba tiene un deplorable récord en materia de derechos humanos. Se trata de una dictadura que impone un modelo de sociedad cerrada—la única en todo el hemisferio—y reprime el disenso de manera sistemática. Solo en lo que va de este año, se han registrado más de mil detenciones arbitrarias y no hay que olvidar que hay más de 100 presos políticos", explicó al diario español ABC José Miguel Vivanco, director de la división para las Américas de la ONG Human Rights Watch (HRW). Unas víctimas que "no cuentan con ningún organismo independiente que pueda ampararlos y proteger sus derechos y el Gobierno no ha permitido el acceso de observadores internacionales creíbles para examinar la situación en el terreno", asegura el responsable de HRW.
"El Gobierno cubano cuenta con un importante apoyo político en la Asamblea General que lo aprovecha en parte para elegirse al CDH y así intentar blindarse a sí misma", declara Vivanco.
"Hay que terminar con la práctica de las listas cerradas por región. Lo que ocurre habitualmente es que las distintas regiones geográficas proponen tantos candidatos como asientos están asignados a cada zona. Ahora mismo, América Latina y el Caribe presenta tres candidatos (Cuba, México y Bolivia) para los tres asientos que corresponden a esa región, de manera que los tres serán elegidos. Este mecanismo transforma las elecciones al consejo en una mera formalidad pero también en una burla y permite que sean elegidos estados con un récord vergonzoso, como Cuba", explica el funcionario.
Por su parte, a la vicepresidenta del Parlamento Europeo para América Latina, Dita Charanzová, también le alarma que países violadores de DD.HH. como Cuba, Rusia, Arabia Saudí formen parte de este organismo, cuyos filtros de selección no parecen tener efecto: "Lamentablemente así son las normas actuales sobre las elecciones del Consejo. Esto pone de relieve de nuevo de que es necesario reformar el sistema de elección de miembros al Consejo de DD.HH. de la ONU para que no siga pasando en el futuro», explica Charanzová, a ABC promovió hace meses una resolución de urgencia ante el PE pidiendo la liberación del líder opositor cubano, José Daniel Ferrer. También ha cuestionado el Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación entre Cuba y la Unión Europea debido a las constantes violaciones de derechos en el país, vulnerando así uno de los puntos del acuerdo.
Otra de las organizaciones que también ha cuestionado el reingreso de Cuba en el CDH en esta nueva convocatoria ha sido UN Watch, un organismo dependiente de la ONU que monitoriza el buen funcionamiento del Consejo.
El pasado mes de abril, UN Watch realizó una verificación de las afirmaciones y compromisos de tres países (Cuba, Rusia y Arabia Saudí) respecto a sus argumentos a la hora de ingresar en el CDH. Son varios los incumplimientos o falsedades por parte del Gobierno cubano detectadas por este organismo. Una de ellas se refiere a la facilitación de información a los titulares de mandatos de procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos por parte del gobierno de Díaz-Canel, algo que desmiente UN Watch de la siguiente manera: "Según una base de datos de procedimientos especiales de la ONU, Cuba ha prohibido la entrada a los expertos en derechos humanos del Consejo en materia de tortura, libertad de reunión, libertad de expresión y detenciones arbitrarias, rechazando sus solicitudes de visitar la isla e informar sobre la situación de los derechos humanos".
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