Asalto al Capitolio norteamericano el 6 de enero de 2021 Foto © Collage CiberCuba / Twitter Jan 6 Capitol

Sociedad civil y autonomía en Estados Unidos

En los pasados meses, emblemáticas organizaciones de la sociedad civil norteamericana -Open Society, National Endowment for Democracy y Freedom House, entre otras- hicieron diversos posicionamientos públicos en defensa de la ciudadanía norteamericana. Cuando la Casa Blanca amagó para reprimir las protestas en Washington DC y otras ciudades, estas organizaciones -y muchas otras- condenaron el populismo autoritario de Donald Trump. Se solidarizaron con los manifestantes, declararon su compromiso contra el racismo y denunciaron los intentos de erosión de la democracia. También apoyaron, en sus programas internacionales, a activistas y organizaciones que enfrentan tendencias autoritarias de gobiernos de derecha aliados del trumpismo. Sería bueno repasar, a la luz de los debates recientes sobre la “subversión imperialista”, algunos de esos acontecimientos. 

Cuando Estados Unidos convulsionaba de ira tras los casos de abuso policial, la National Endowment for Democracy se pronunció en estos términos: “Nuestra democracia está siendo puesta a prueba como nunca antes en la memoria de la mayoría de los estadounidenses vivos. No superaremos esta crisis y comenzaremos a sanar a nuestra nación dividida a menos que los cuatro agentes de policía responsables del asesinato de George Floyd sean procesados con todo el rigor de la ley, y a menos que Estados Unidos se comprometa plenamente con los principios de justicia racial e igualdad para todos los ciudadanos”. En similar tono, la organización expresó más adelante “Debemos salvaguardar con vigor, aquí en Estados Unidos y en todas partes, los derechos a la protesta pacífica, a la libertad de reunión y a la libertad de expresión. Estos derechos son parte integral de la salud y el éxito de las sociedades democráticas. Los manifestantes y las voces disidentes tienen derecho a sentirse seguros cuando marchan pacíficamente para que se escuchen sus voces. Estos principios, fundamentales para la NED, son universales. Asumirlos, especialmente frente a injusticias arraigadas, requerirá que todos llevemos estos valores a nuestros hogares, comunidades y lugares de trabajo.”

El pasado miércoles 6 de enero, a raíz de los violentos incidentes en Washington, la National Endowment for Democracy y sus cuatro organizaciones asociadas, emitieron otro pronunciamiento inequívoco. En este denunciaban "el asalto violento y sedicioso en el Capitolio de los Estados Unidos hoy. No obstante, confiamos en la fortaleza perdurable de las instituciones estadounidenses y en que cualquier intento de subvertir nuestra democracia no tendrá éxito. Los involucrados en actividades ilegales hoy en día deben rendir cuentas”. Para afirmar más adelante que “Un principio fundamental de la democracia es el concurso pacífico de ideas entre los conciudadanos en virtud de la ley. Después de una elección libre y justa, cuando los titulares son derrotados, debe producirse una transferencia pacífica de poder. Es a través de estos procesos democráticos que las libertades fundamentales están protegidas, y las oportunidades y la justicia son posibles para todos".

National Endowment for Democracy financia también en Latinoamérica a numerosas organizaciones -no pocas de ellas de corte y agenda progresista- que promueven la democracia frente a reconocidos gobiernos de derecha. En Guatemala, apoya a organizaciones como la Asociación Diálogos, Guatemala Visible y Sociedad Civil No-Ficcion, en temas de seguridad ciudadana, la supervisión de los tribunales electoral y constitucional y las amenazas contra el Estado de derecho. En la Colombia de Duque, ha apoyado a la Fundación Paz y Reconciliación -enfocada en la transparencia contra las actividades de corrupción y criminales ligadas al gobierno-, la Comisión Colombiana de Juristas -que apoya la implementación del acuerdo de paz con enfoques de Justicia Transicional y Derechos Humanos- ; la Corporación Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad -que ayuda al periodismo comunitario contra las amenazas que sufren por desarrollar su labor- y la Corporación Casa de la Mujer -fortalecedora del empoderamiento de mujeres líderes y defensoras en sus comunidades-, entre otras organizaciones. Y en el Brasil de Bolsonaro, ha apoyado recientemente al Instituto Tecnologia e Equidade -para contrarrestar la desinformación en las elecciones locales- y a Politizar, Instituto de Educación Política -promotor de una cultura de tolerancia y diálogo constructivo- en agendas claramente opuestas al populismo del presidente. 

Por su parte, Open Society aprobó una ayuda extraordinaria - 220 millones de dólares- al empoderamiento de comunidades afroamericanas. La organización fundada por George Soros señaló que “Para apoyar el movimiento histórico de esta nación hacia la justicia racial, las Fundaciones de la Sociedad Abierta anuncian hoy inversiones por un total de $220 millones en organizaciones emergentes y líderes que construyen poder en las comunidades negras en todo el país, apostando por su capacidad de llevar el impulso de hoy hacia un futuro mejor”. La mayor parte de ese recurso se dirigiría a “subvenciones de cinco años a organizaciones de justicia dirigidas por negros que ayudaron a crear y ahora mantener el impulso hacia la igualdad racial”. 

Entonces la postura de la organización fue inequívocamente beligerante al señalar  "Reconocemos que la lucha por desmantelar el racismo sistémico es constante; ha existido desde los albores de la república hasta la actualidad, y está incrustado en todos los niveles de gobierno y en nuestros sistemas penales y de justicia”. Apostando a que los apoyos "empoderarán a los líderes probados de la comunidad negra para reimaginar la policía, poner fin al encarcelamiento masivo y eliminar las barreras a las oportunidades que han sido la fuente de la inequidad durante demasiado tiempo". Además, otros apoyos irían al fomento del compromiso cívico de los jóvenes, con financiamiento en pasantías y becas centradas en la lucha por más justicia racial, democracia y organización comunitaria.  

A raíz de los sucesos del 6 de enero, Open Society declaró “hemos visto escenas asombrosas como cientos de matones incitados por un presidente criminal invadieron las cámaras legislativas de un país y causaron caos y muerte en un esfuerzo por anular el resultado de una elección democrática. Como sabemos, esto no estaba en ninguna parte. Sucedió en Washington, D.C., la capital de una de las democracias más antiguas del mundo, los Estados Unidos. Hasta hace cuatro años sospecho que pocos en las Fundaciones de la Sociedad Abierta esperaban usar esas palabras de condena sobre Estados Unidos. Fundada para promover los derechos humanos y la justicia en todo el mundo, Open Society nunca ha estado ciega a la mitad en el propio ojo de Estados Unidos, una sociedad con su brutal participación en la injusticia racial y la exclusión económica, pero nosotros, como tantos, habíamos contado con la autoridad del proceso democrático de Estados Unidos para proporcionar una manera de avanzar”. Para terminar condenando, sin ambages “Los mismos valores de la sociedad abierta ya amenazada por gobiernos cada vez más autoritarios de todo el mundo fueron atacados ayer en las calles y las escalinatas del Capitolio de los Estados Unidos. Sin embargo, como también muestran las victorias del Senado en Georgia, la democracia puede prevalecer”.

Open Society ha apoyado proyectos e instituciones de corte progresista como la American Civil Liberties Union -reconocida defensora de los derechos civiles, crítica de las restricciones aprobadas bajo la lucha contra el terrorismo-, la Arab American Institute Foundation -que denuncia la ocupación y represión israelíes contra los palestinos-, la Malcom X Grassroots Movement y NACCP Legal Defense and Education -defensoras de la población afronorteamericana-, el National Council of La Raza -enfocado en los derechos de los inmigrantes-, el Planned Parenthood -promotor de los derechos de la mujer-, la Tide Foundation -identificada con la agenda izquierdista- y Voto Latino -grupo que alienta la afiliación electoral de la comunidad latina- entre otros colectivos. Además, Open Society ha financiado entidades que trabajan con las instituciones oficiales cubanas, como el National Security Archive Project y el Programa Cuba del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Columbia. Este último instituto reconocido por su colanoración académica con la Universidad de La Habana y el Instituto Superior de Relaciones Internacionales. 

Hace pocas semanas, a raíz de las maniobras y descalificaciones de Trump a las elecciones norteamericanas, la organización Freedom House -blanco permanente de las campañas de Beijing, la Habana y Moscú- emitió su rechazo a la campaña trumpista. En esta se leía: "La continua negación del presidente Trump de que perdió su candidatura a la reelección ya no puede ser tolerada (..) La gente ha hablado. Los tribunales independientes han prescindido de numerosas impugnaciones legales. El proceso de certificación estatal está en gran medida completo, y el Colegio Electoral emitirá papeletas en menos de dos semanas. De acuerdo con la ley y la constitución estadounidense, la presidencia de Donald Trump terminará al mediodía del 20 de enero. Pero mientras mantenga sus falsas afirmaciones sobre el fraude —y sus intentos de imponer esas ficciones a otros políticos, instituciones gubernamentales y estadounidenses comunes y corrientes— se alejará de los cimientos de nuestra república constitucional y dañará la causa del libre autogobierno de manera más amplia".

Y continúa el comunicado de la ONG: (...) Freedom House cree que todas las figuras políticas estadounidenses, y especialmente los titulares de cargos republicanos, tienen la obligación patriótica y moral de rechazar públicamente las afirmaciones del presidente saliente y rechazar cualquier intento de anular el resultado de las elecciones. Los ciudadanos estadounidenses y las audiencias extranjeras deben ser dicho lo más claramente posible que la narrativa de elecciones robadas del presidente Trump ha sido desterrada a los extremos del discurso político, y que el largo historial de orden democrático de los Estados Unidos permanecerá ininterrumpido". 

Actitud crítica en defensa de la democracia que acaba de repetir Freedom House ante la escalada de violencia trumpista en Washington DC. En su posicionamiento, dijo que “Incitado por el presidente en funciones de los Estados Unidos, una turba se hizo cargo temporalmente del Capitolio de los Estados Unidos y trató de impedir que el Congreso ejerció su deber constitucional de confirmar la elección del pueblo estadounidense para su próximo presidente. Afortunadamente, el esfuerzo fracasó. De hecho, el episodio subrayó la resiliencia esencial de nuestra democracia”. Pero mantuvo alta la voz frente al arrebato de Trump al denunciar:  “el presidente, a través de sus acciones, ha violado su juramento de cargo y traicionado la confianza del público. Más que eso, su presencia continua y su falta de voluntad o incapacidad para ejercer fielmente sus deberes constitucionales representan una amenaza directa para la transferencia pacífica del poder y el bienestar de la República. Ya sea a través de la renuncia, el impeachment y la condena, o la invocación de la 25a enmienda, el presidente Trump debe dejar el cargo inmediatamente”.

Por último, la vituperada Organización de Estados Americanos, se acaba de pronunciar en contra de las manifestaciones que buscaban sabotear la consumación del resultado electoral. En su comunicado indicó que: “La Secretaría General de la OEA condena y repudia el ataque contra las instituciones que se está llevando a cabo hoy en los Estados Unidos por parte de manifestantes que desautorizan los recientes resultados electorales. La democracia tiene como pilar fundamental la independencia de los poderes del Estado, que debe actuar completamente libre de presiones. El ejercicio de la fuerza y el vandalismo contra las instituciones constituye un grave ataque contra el funcionamiento democrático”. Se trata de una condena sin ambages a las maniobras desesperadas y antidemocráticas del trumpismo. ¿Alguna vez el ALBA o la CELAC condenaron, de modo similar, la violación de la Constitución bolivariana por el presidente Maduro?

Semejantes actitudes y posicionamientos le suben el listón a sus críticos de la izquierda radical y el populismo de cualquier signo ideológico. Revelan niveles y modos de autonomía -siempre relativa, pero aquí palpable y real- de los que no disponen sus adversarios. Autonomía que existe en democracia, cuando la sociedad vigila al poder y los ciudadanos ejercen la crítica al gobernante de turno. Ausente en tiranías donde caudillo, estado, gobierno y partido son una sola cosa, exigiendo lealtad absoluta a sus súbditos. 

Ojalá las organizaciones del eje bolivariano -Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y la Asamblea de Movimientos Sociales del ALBA, por ejemplo- hiciesen algo similar a la proyección de Open Society, National Endowment for Democracy, Freedom House o la OEA. Cuestionando algún exabrupto, errores y pendientes del gobierno de Díaz Canel, Ortega o Maduro, sin sufrir represalias. Sin que les cierren la sede y les corten los fondos. Sin ser catalogados, bajo la neolengua autoritaria, como mercenarios y agentes de potencias extranjeras.

Ojalá, haciendo uso de los derechos reconocidos en la nueva Constitución cubana y en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba denunciase la censura de artistas de la isla. Ojalá la Unión Nacional de Juristas rechazase en un pronunciamiento la postergación del cronograma legislativo previamente aprobado por la Asamblea Nacional. Y los Comités de Defensa de la Revolución cuestionasen en un comunicado los aumentos de precios de bienes y servicios que afectan a las ya empobrecidas familias cubanas.

Ojalá estos funcionarios y organizaciones paraestatales respondan a las demandas de sus compatriotas. En vez de concentrarse, obsesivamente, en los problemas de aquellas naciones donde sus ciudadanos -incluidos aquellos simpatizantes del gobierno de Cuba- ejercen sin cortapisa sus derechos cívicos. Cuando ello ocurra, los funcionarios y organizaciones, presentados como “sociedad civil socialista”, demostrarán el nivel de autonomía y capacidad crítica que define a cualquier activismo cívico, digno de ese nombre. Y su gobierno estará en condiciones para cuestionar, en nombre de la “soberanía”, la solidaridad cívica proveniente de las naciones y sociedades democráticas.

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Artículo de opinión: Las declaraciones y opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de su autor y no representan necesariamente el punto de vista de CiberCuba.

Armando Chaguaceda

(La Habana, 1975) Politólogo e historiador Especializado en el estudio de los procesos de democratización y 'autocratización' en Latinoamérica y Rusia.

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