Chivatos por decreto en Cuba

Es evidente que en tiempos de superávit de informantes voluntarios no hacía falta forzar la delación a través de la legislación vigente. Ahora que les faltan lenguas y ojos en las calles, amenazan con multas a quienes no delaten a sus inquilinos.

Pintada en la calle San Ignacio, de La Habana Vieja. Foto © CiberCuba

Me ha llamado mucho la atención el artículo 2.1 (i) del decreto 31/2021, aprobado la semana pasada por el Gobierno de Cuba para sancionar las infracciones relacionadas con la prevención y enfrentamiento del coronavirus.

En esencia, lo que me sorprende es que el Ejecutivo cubano amenace a los pequeños emprendedores que viven de alquilar su casa o un cuarto de su vivienda con multas de 2.000 pesos si no chivatean a los inquilinos que incumplen la cuarentena o que presentan síntomas que invitan a sospechar que son positivos en Covid durante el período de vigilancia epidemiológica.

Si no conociéramos cómo se las gasta el Gobierno cubano, podríamos pensar que en los tiempos terribles que corren, apela con bondad a la colaboración ciudadana. 

Inciso i, del artículo 2.1 del decreto 31/2021. Foto: CiberCuba

Pero no es así. No tenemos noticias de otro punto del planeta civilizado donde se amenace a la iniciativa privada para que muerda la mano que le da de comer. Estamos hablando de que los arrendatarios de viviendas tendrán que delatar  y, por tanto, vigilar a sus inquilinos si quieren librarse de un multazo oficial.

Significa que si hacen lo que les pide el Gobierno, pierden a sus clientes porque nadie quiere tener un casero vigilando sus pasos. Si no lo hacen, también pierden dinero porque los multan. Hagan lo que hagan, salen perdiendo. Así asfixia el Gobierno cubano la iniciativa privada: delegando en ella funciones de la Policía Nacional; criminalizando a ciudadanos con un talón de Aquiles identificable: tener una vivienda o una parte de ella en alquiler.

Es importante leer en clave política la sanción establecida por el Gobierno de Díaz-Canel, que en este caso firma el primer ministro Manuel Marrero porque se ve que el hombre de la continuidad aprendió lo que significa estampar su rúbrica en decretos como el 349. Ahora, cede el testigo del desgaste. Que apechugue el otro.

Es evidente que en tiempos de superávit de chivatos en Cuba no hacía falta forzar la delación a través de la legislación vigente. En estos momentos salta a la vista que a los comunistas les faltan lenguas y ojos en las calles y tienen que apelar al miedo. O delatas o te crujen con una multa de 2.000 pesos. Siempre hay elección, pero en este caso no hay forma de salvaguardar el bolsillo.

La ausencia de chivatos está haciendo perder los nervios a los comunistas. Eso explica que además de poner una cámara enfrente de la casa de Luis Manuel Otero Alcántara, sienten a un agente de la Seguridad del Estado en la esquina y a otro en una patrulla al doblar la calle. Si tuvieran informantes de fiar en San Isidro no les haría falta dilapidar tantos recursos públicos. Desde hace años no les funciona la vigilancia de los CDR. La gente ha aprendido a burlar a los chivatos. Todos sabemos quiénes son. Ya no hay misterio.

Fíjense, en este caso no estamos solamente ante la necesidad que tiene el Estado cubano de arañar dinero hasta debajo de las piedras. Lo que le lleva a presionar a los emprendedores para que delaten a sus clientes es la falta de voluntariedad en la colaboración ciudadana. Los cubanos no sólo hemos aprendido a hacer colas. También tenemos un detector de metales que pita cada vez que algún delator, informante o seguroso pregunta más allá de lo que estamos dispuestos a contar.

No quepan dudas. En este caso del artículo 2.1 (i), del decreto 31/2021 estamos ante la política estatal que promueve el acoso a la iniciativa privada, pero también ante un uso descarado de la pandemia de la Covid 19 para sembrar el miedo y la desconfianza.

En todas partes, los gobiernos piden la colaboración ciudadana no sólo en tiempos de coronavirus. Sin embargo, ningún gobernante ha ido tan lejos como para hacer recaer una sanción sobre el dueño de una vivienda en alquiler, a quien el Estado responsabiliza de la conducta y la salud de su inquilino. Esto coloca a la gente en una encrucijada difícil: o hablas o hablas. O alquilas o no alquilas. 

Es terrible que en los tiempos que corren, el gobernante Partido Comunista insista en hundir la iniciativa privada en Cuba. Vamos directos a la debacle. Siguen sin entender que no hay productos agrícolas en La Habana por su insistencia en topar precios y acosar a los productores privados. Díaz-Canel y Murillo quieren alterar las leyes del mercado como si en esta historia no estuviera todo ya inventado. 

Son mayoría los gobiernos democráticos que están habilitando medidas para ayudar al emprendimiento privado a resistir una crisis económica brutal, que no está dejando nada en pie. En Cuba los comunistas nadan en contra de la corriente. Ponen más multas y habilitan herramientas para incrementar la persecución. No entienden que eso no generan empleo y, por tanto, no crea riquezas que repartir.

En lugar de animar a cerrar filas, a ser solidarios, a echar una mano a quienes peor lo están pasando, los comunistas siguen promoviendo el enfrentamiento entre cubanos porque se han empeñado en almacenar pólvora junto a una gasolinera. El cambio debería ser pacífico, pero están forzando la máquina para que estalle el polvorín. Son temerarios.

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Tania Costa

(La Habana, 1973) vive en España. Ha dirigido el periódico español El Faro de Melilla y FaroTV Melilla. Fue jefa de la edición murciana de 20 minutos y asesora de Comunicación de la Vicepresidencia del Gobierno de Murcia (España)

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