Observatorio de Derechos Humanos reclama a parlamento cubano cese represión

Las amenazas y el lenguaje impropios de su parlamento toman cuerpo en la represión que sufren quienes presentan iniciativas que cuestionan al gobierno, sus dictados o a un funcionario en específico. Llama la atención que el Estado que condena el asalto o irrespeto a las instituciones de otro país, tenga un parlamento, que además de no ser plural, forma parte o sea aquiescente ante la represión contra quienes utilizan los cauces institucionales.

Homero Acosta Álvarez, Secretario Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba Foto © Vanguardia

CiberCuba reproduce una carta del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) al Secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), Homero Acosta Álvarez, por el incremento de la represión y las arbitrariedades del gobierno castrista contra opositores y activistas independientes.

"Sr. Homero Acosta 
Secretario
Asamblea Nacional del Poder Popular
Cuba.

Ante todo, deseamos que usted y su familia estén bien de salud.

El Reglamento de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) establece, entre las funciones del cargo que usted ostenta, “examinar las quejas, planteamientos, solicitudes y sugerencias de la población”. 

Es por ello que nos dirigimos a usted para denunciar de manera vehemente que al menos cuatro ciudadanos cubanos que han presentado o intentado presentar solicitudes, quejas o recursos ante la ANPP, haciendo uso de derechos consagrados en la Constitución, han sido detenidos por este motivo de manera arbitraria y sometidos a otros métodos represivos. 

Nos parece grave que las instituciones del Estado estén vedadas para ciudadanos que actúan dentro del marco de la legalidad y los derechos constitucionales, solamente por no coincidir con los planteamientos oficiales. 

El día 29 de abril de 2020, el ciudadano Enix Berrio Sardá presentó una solicitud en la sede de la ANPP para que revisara y declarara inconstitucionales dos artículos del Decreto-Ley No. 370. La petición se basaba en el derecho consignado en el artículo 61 de la Constitución, el cual establece que los ciudadanos tienen derecho “a dirigir quejas y peticiones a las autoridades, las que están obligadas a tramitarlas y dar las respuestas oportunas, pertinentes y fundamentadas en el plazo y según el procedimiento establecido en la ley”.

Para sorpresa nuestra, dos días después, el Sr. Enix Berrio Sardá fue detenido de manera arbitraria por oficiales de la policía por más de 50 horas (30 de ellas en paradero desconocido) y sometido al menos a tres interrogatorios con miembros de la contrainteligencia. 

El día 8 de febrero de 2020, la ciudadana Berta Soler y el ciudadano Ángel Moya fueron detenidos por la policía cuando se disponían a entregar una solicitud de amnistía para los presos políticos cubanos en la oficina de la Asamblea del Poder Popular, en La Habana.

El jueves 4 de febrero de 2021, la joven historiadora del arte Carolina Barrero, miembro del grupo 27N, fue detenida en La Habana. La ciudadana Barrero, junto a Solveig Font, entregaron el miércoles 3 en las oficinas de la ANPP un escrito con la firma de 1.255 cubanos para dar inicio a un proceso de revocación de mandato de Alpidio Alonso Grau, diputado a ese organismo, además de ministro de Cultura y miembro del Consejo de Ministros. Según ha trascendido, la joven estuvo detenida de manera arbitraria desde las nueve de la mañana en la estación de Infanta y Manglar y fue objeto de dos largos interrogatorios por parte de la contrainteligencia. Fue liberada 10 horas después. 

Señor Acosta, 

Por más que no sea causa de sorpresa, es reprobable que funcionarios de gobierno ataquen desde la ANPP a otros ciudadanos, como lo ha hecho la ministra de Finanzas y Precios con los trabajadores por cuenta propia, llamándoles “parásitos”. También es reprobable que el presidente de dicho órgano diga en sede parlamentaria cosas como: "No tenemos por qué ser tolerantes con la gusanera" y otras vergonzosas expresiones, refiriéndose a un grupo de jóvenes cubanos. 

Sin embargo, las amenazas y el lenguaje impropios de su parlamento toman cuerpo en la represión que sufren quienes presentan iniciativas que cuestionan al gobierno, sus dictados o a un funcionario en específico. 

Llama la atención que el Estado que condena el asalto o irrespeto a las instituciones de otro país, tenga un parlamento, que además de no ser plural, forma parte o sea aquiescente ante la represión contra quienes utilizan los cauces institucionales.

Le hacemos un llamado para que se ponga fin a estas actuaciones y que el parlamento proteja a quienes desde su libertades civiles le presentan sus peticiones.

Reciba nuestros saludos cordiales,

Alejandro González Raga, Director Ejecutivo 
Yaxys Cires Dib, Asesor jurídico & Director de Estrategias
Observatorio cubano de Derechos humanos (OCDH)"

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