El analista político José Manuel González Rubines publicó este viernes en CubaxCuba un artículo que expone la contradicción central del régimen cubano: mientras desmonta su modelo económico socialista pieza a pieza, preserva intacto el monopolio del poder político como única línea que jamás negocia.
El texto parte de las reformas aprobadas por la Asamblea Nacional a finales de julio y llega a una tesis que sacude seis décadas de discurso oficial: «el socialismo nunca fue el fin último del sistema, sino el instrumento elegido para conservar el poder».
Las medidas que motivan el análisis son de calado considerable. Con la derogación del Decreto 107 y la entrada en vigor del Decreto 160 el 4 de agosto, el gobierno eliminó 46 de las 125 actividades prohibidas al sector privado y flexibilizó 35 más, dentro de un paquete total de 176 transformaciones agrupadas en 23 ejes.
Entre los cambios figuran la apertura a mipymes y cooperativas de los servicios farmacéuticos y las residencias de ancianos, la liberalización del comercio mayorista y la autorización para importar vehículos eléctricos de forma privada. El primer ministro Manuel Marrero anunció además la primera casa de cambio privada, la primera empresa mixta entre capital extranjero y una mipyme, y una zona de inversión totalmente foránea para el turismo de salud.
González Rubines señala que estas medidas liquidan el monopolio estatal sobre la economía que fue la médula del modelo diseñado por Fidel Castro. El mismo Estado que encarceló personas por poseer divisas ha comenzado a traspasar a privados los comedores del Sistema de Atención a la Familia, es decir, parte de la asistencia a los sectores más vulnerables.
Frente a esa realidad, el presidente Miguel Díaz-Canel insiste en que «no vamos a instaurar un capitalismo depredador ni una privatización masiva del patrimonio nacional». Para el analista, esa negación «huele a confesión»: el resultado no es una transición hacia una democracia de libre mercado, sino un modelo híbrido en el que la liberalización económica queda subordinada al monopolio político. «Se ha injertado en el tronco del totalitarismo cubano lo peor del capitalismo latinoamericano», escribe.
La apertura económica tiene, sin embargo, un límite preciso y deliberado. Para actores no estatales continúan prohibidas la publicación de periódicos, libros y revistas; las agencias de noticias; el periodismo independiente; la programación televisiva; y la enseñanza formal no estatal. Nada de lo que pueda construir una esfera pública independiente queda liberalizado.
Esa coherencia no es casual, sostiene González Rubines: es precisamente lo que garantiza la conservación del poder. Las reformas chocan además con la propia Constitución cubana: el artículo 4 declara irrevocable el sistema socialista, el artículo 16 prohíbe negociar bajo coerción, y el artículo 229 convierte ambos en contenido pétreo e irreformable.
El telón de fondo es el costo humano de la crisis. Marrero admitió que el 73% de las instalaciones hoteleras permanecen cerradas y que 25,000 trabajadores del turismo perdieron su empleo, y cifró en 876,522 las personas «en mayor vulnerabilidad». El Observatorio Cubano de Derechos Humanos estima que más del 89% de la población —más de ocho millones y medio de cubanos— vive en pobreza extrema.
Ante ese cuadro, González Rubines pregunta qué queda del antiimperialismo cuando el régimen está dispuesto a que «el propio Sr. Trump podría incluso invertir» en Cuba si ello garantiza la supervivencia del sistema. Y plantea la pregunta que más incomoda: «Lo verdaderamente cuestionable y hasta doloroso es que, si estas medidas eran posibles y hoy se presentan como tabla de salvación, ¿por qué se negaron durante decenios?»
La adhesión que persiste entre los defensores del régimen, concluye el analista, ya no puede explicarse como defensa del socialismo, del bienestar popular ni de la soberanía. «La Revolución funciona más como un símbolo que como un proyecto político susceptible de ser evaluado por sus consecuencias», escribe. Lo único que permanece fuera de toda negociación es el monopolio del poder: prueba, según González Rubines, de que el socialismo fue siempre el medio, nunca el fin.
Preguntas Frecuentes sobre las Reformas Económicas en Cuba y el Régimen Socialista
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es el objetivo real del régimen cubano con las reformas económicas?
El objetivo real del régimen cubano con las reformas económicas es conservar el poder político mientras realiza ajustes en el modelo económico. A pesar de introducir medidas que flexibilizan las restricciones al sector privado, se busca proteger lo que consideran "esencial" del socialismo, es decir, el control político absoluto.
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¿Qué cambios económicos se han implementado en Cuba recientemente?
Recientemente, Cuba ha implementado un paquete de 176 reformas económicas que incluyen la autorización de banca privada, la creación de casas de cambio privadas, la apertura a la inversión extranjera y la flexibilización de las mipymes. Estas medidas buscan dinamizar la economía sin alterar el control político del régimen.
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¿Por qué el régimen cubano no permite la libertad de prensa y expresión?
El régimen cubano no permite la libertad de prensa y expresión para mantener su monopolio político. A pesar de las reformas económicas, no se permite la creación de medios independientes ni la educación formal no estatal, ya que podrían desafiar el control absoluto del Partido Comunista sobre la sociedad cubana.
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¿Cómo afecta la Constitución cubana a las reformas económicas actuales?
La Constitución cubana, al declarar irrevocable el sistema socialista, limita las reformas económicas al no permitir cambios políticos que puedan cuestionar el monopolio del poder del Partido Comunista. Esto impide una transición política que acompañe a las reformas económicas, manteniendo el control estatal sobre aspectos clave del país.
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¿Cuál es la contradicción central del régimen cubano según el análisis de González Rubines?
La contradicción central del régimen cubano, según González Rubines, es que el socialismo nunca fue el fin, sino el instrumento para conservar el poder. Mientras se desmantela el modelo económico socialista, el régimen mantiene intacto su monopolio político, lo que impide una verdadera transición hacia una democracia de libre mercado.
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