Ratifican condena de prisión domiciliaria a adolescente cubana que protestó el 11J

“Yo tenía la esperanza de salir absuelta de este segundo proceso, con libertad inmediata. Esto es una injusticia no solamente conmigo, también con las demás acusadas y con los detenidos del 11 de julio”, dijo la adolescente.

Gabriela Zequeira Hernández Foto © Captura de video / CubaNet

El Tribunal Provincial de La Habana ratificó la sentencia de 8 meses de reclusión domiciliaria a Gabriela Zequeira Hernández, la adolescente de 17 años condenada por su participación en las protestas del 11J, acusada de “desorden público”.

Entrevistada por el medio independiente CubaNet, Zequeira Hernández relató que este martes se celebró el juicio de apelación, pero que el tribunal ratificó la sentencia emitida en el juicio sumario celebrado el 22 de julio en el tribunal municipal de 10 de octubre.

Las autoridades judiciales determinaron que la adolescente cumpla su condena en reclusión domiciliaria, tipificado en el Artículo 33 del Código Penal como “trabajo correccional sin internamiento”. La joven podrá seguir cursando estudios y asistiendo a la escuela mientras cumpla su sanción.

“De la casa para la escuela y de la escuela para la casa”, describió la sentencia recibida en el juicio de apelación.Gabriela es estudiante de segundo año de Economía en el Instituto Politécnico “Andrés Luján”, en el municipio San Miguel del Padrón. Cumplió los 17 años el pasado 8 de enero. Se le acusó de desorden público por haber participado en las protestas del 11J, algo que ella niega.

“Mi hija solo caminó por la calle Rita [en la Virgen del Camino] ese domingo y fue condenada a ocho meses por desorden público”, dijo a CiberCuba Yoanis Hernández Cuadra, madre de Gabriela. Asimismo, denunció que el violento arresto que sufrió su hija fue realizado por las tropas élites conocidas como “avispas negras”.

Once días después de haber permanecido arrestada e incomunicada, Zequeira Hernández pudo ver a su madre por primera vez desde su detención, en el tribunal municipal de 10 de Octubre. El juicio sumario que allí se celebró incluyó a otras 11 manifestantes.

Luego de celebrado, la adolescente fue enviada a la prisión de mujeres de El Guatao. Dos días después la liberaron y le cambiaron la medida a reclusión domiciliaria hasta el día del juicio de apelación, celebrado este martes y en el que el tribunal ratificó la condena.

En el juicio de apelación también se ratificó la condena de reclusión domiciliaria a otra adolescente. Katherin Acosta, de 17 años, seguirá el mismo régimen que Zequeira Hernández. Por su parte, una tercera joven consiguió un cambio de medida de privación de libertad a reclusión domiciliaria. En el caso de la tercera joven, le permitieron salidas para asistir a su trabajo. Según Zequeira Hernández, al resto de mujeres que estaban en el juicio de apelación se les ratificó la condena de un año de privación de libertad.

Cuatro nuevos testigos presentó la fiscalía en el juicio de apelación, según dijo la adolescente. “Dos boinas negras y 2 del MININT”. Tres de ellos dijeron que ella estuvo en la manifestación y que alentó a la gente a unirse a la protesta. El cuarto aseguró haber sido testigo de gritos “contrarrevolucionarios” de la joven.

Preguntada una de las testigos cómo había reconocido a la joven, esta respondió que porque vio a una joven delgada y con el pelo rubio como ella. Sin embargo, Zequeira Hernández insiste en que ella no estaba donde se le acusa, que ella iba caminando de camino a su casa desde la peluquería, y que estaba en el cuchillo de Rita, y no en la Cuevita, como sostiene la fiscalía.

De igual forma, la adolescente denunció en el juicio de apelación haber sido víctima de una detención violenta en la que recibió golpes en la cabeza que le han afectado la audición en uno de sus oídos. Sin embargo, los jueces no lo consideraron.

“Yo tenía la esperanza de salir absuelta de este segundo proceso, con libertad inmediata. Esto es una injusticia no solamente conmigo, también con las demás acusadas y con los detenidos del 11 de julio”, dijo al tiempo que agradeció la solidaridad de todos los que se involucraron en su caso y llamó a seguir luchando por todos los detenidos.

La legislación penal cubana establece que son imputables los mayores de 16 años, aunque todavía son menores de edad. Además, reconoce un “tratamiento diferenciado” al sospechoso de un hecho delictivo que se encuentre entre las edades de 18 y 20 años. La joven estudiante no tiene antecedentes delictivos. Su familia consiguió una carta firmada por profesores de su escuela, quienes dieron fe de que ella es “buena alumna”.

Ante el arresto de una decena de menores de edad, algunos de los cuales continúan en paradero desconocido o detenidos sin contacto con sus familiares, la activista cubana Salomé García Bacallao denunció el desinterés del ministerio de Educación de Cuba (MINED) por la situación de los mismos.

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Ivan Leon

Licenciado en periodismo. Máster en Diplomacia y Relaciones Internacionales por la Escuela Diplomática de Madrid. Máster en Relaciones Internacionales E Integración Europea por la UAB.

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