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Plataforma opositora cubana exige a relator de Naciones Unidas contra la tortura que interceda por la liberación de presos políticos

El Consejo para la Transición Democrática en Cuba aboga por la promoción de una Ley de Amnistía Política.

Protesta del 11 de julio en La Habana © Facebook
Protesta del 11 de julio en La Habana Foto © Facebook

Este artículo es de hace 2 años

En carta enviada al relator del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas (ONU), Erdogan Iscan, el Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC) denunció la situación de su presidente, Jose Daniel Ferrer García, encarcelado desde el pasado 11 de julio, y solicitó que exigiera al gobierno cubano la liberación incondicional e inmediata de todos los presos políticos.

El documento, que la plataforma opositora hizo llegar a la redacción de CiberCuba, refiere que Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba y uno de los presos políticos de la Primavera Negra de 2003, lleva cinco meses detenido, aislado, sometido a tortura y "en pésimas condiciones que ponen en peligro su integridad".

"No le dejan coger sol. Le niegan las llamadas y visitas. Le amenazan con darle golpes. No atienden a sus dolencias físicas ni sus ruidos en la cabeza. Está siendo víctima de vejaciones degradantes y de torturas psicológicas. Tememos por vida", agrega la misiva, firmada por las activistas cubanas Marthadela Tamayo y Elena Larrinaga.

El CTDC mencionó también los casos del opositor matancero Félix Navarro, coordinador del Movimiento por la Democracia Pedro Luis Boitel, y del artista Luis Manuel Otero, líder del Movimiento San Isidro (MSI), detenidos desde el 12 y el 11 de julio, respectivamente.

Navarro, al igual que Ferrer, fue uno de los integrantes del Grupo de los 75, y uno de los pocos que decidió permanecer en el país haciendo oposición, tras las negociaciones entre los gobiernos de Cuba y España y la iglesia católica que conllevaron a las excarcelaciones. En estos momentos se encuentra de nuevo privado de libertad y la fiscalía le ha pedido 15 años de cárcel. No se conoce que participara en el estallido social de julio, pero el día 12 acudió a la estación policial de Perico, en Matanzas, para averiguar sobre el paradero de miembros de su organización, que habían sido arrestados el día anterior, y allí fue detenido.

Otero, por su parte, se encuentra en una prisión de máxima seguridad en la provincia de Artemisa. Lo detuvieron el mismo día 11, cuando intentó sumarse en La Habana a las manifestaciones que acontecían. En circunstancias similares se hallan otros dos miembros del MSI, que habían sido encarcelados desde antes: el activista y periodista independiente Esteban Rodríguez y el rapero Maykel Osorbo.

El Consejo expuso en la carta al funcionario de la ONU que en Cuba más de 600 personas han sido detenidas de manera arbitraria por reclamar de manera pacífica sus derechos, que la respuesta violenta de las autoridades a esos reclamos ha sido desproporcionada, y que el régimen es responsable de cualquier desenlace que puedan tener las personas mencionadas y todas las privadas de libertad por motivos políticos.

Asimismo, exigió al relator "que demande al Gobierno cubano la inmediata liberación incondicional de todos los arrestados, libres de cargos, así como la promoción de una Ley de Amnistía Política", y que "solicite el encarecido apoyo de la Comunidad Internacional, a través de sus instituciones y organismos en solidaridad con nuestras legítimas reclamaciones que no son otras que el respeto a los derechos del pueblo cubano, contemplados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos".

El grupo independiente Justicia 11J, en coordinación con Cubalex, ha registrado 1,292 casos de detenciones asociadas al estallido social del 11 de julio en Cuba, y de ellos, más de 670 continúan en prisión y 14 son menores de edad.

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