Bajo el título "Cuba: tres minutos por 63 años de dictadura", la organización independiente Archivo Cuba lanzó en la plataforma change.org una petición que exige justicia y libertad para los manifestantes de julio de 2021, así como para el pueblo cubano, y ya la han firmado 4,583 personas en el transcurso de un mes.
"El pasado 11 de julio (11J), miles de cubanos salieron a las calles de todo el país de forma espontánea y pacífica pidiendo libertad y mejora en las condiciones de vida. Ha sido la mayor manifestación pública antigubernamental del pasado medio siglo en Cuba. El Estado ha respondido con una férrea represión: detenciones arbitrarias, juicios sin garantías procesales, despidos laborales, destierros forzados, persecución y amenazas de todo tipo", explica el documento, que se difundió en español y en inglés.
Como consecuencia del estallido social, casi 1,400 personas fueron detenidas y, de ellas, más de 720 continúan tras las rejas, de acuerdo con los registros del grupo de trabajo Justicia 11J. A finales del mes pasado, luego de fuertes presiones de activistas y familiares de presos políticos, la Fiscalía General de la República publicó un comunicado sobre los juicios a los manifestantes y declaró que 790 habían sido ya procesados hasta ese momento.
En la versión oficial, las personas que han sido juzgadas suelen ser presentadas como delincuentes violentos, mientras que los familiares simultáneamente denuncian tal estigmatización, violaciones del debido proceso y malos tratos en las cárceles.
Los firmantes de la petición concuerdan en que "las leyes de Cuba discriminan políticamente en abierta violación a los derechos fundamentales" y que los presos cubanos "están confinados en condiciones deplorables, carentes de atención médica, y son maltratados".
"Este primero de enero de 2022 se han cumplido 63 largos años de este régimen, cuyo gigantesco aparato represivo silencia, persigue, exilia, encarcela y hasta priva de su vida a los que disienten", resalta el texto.
Sus exigencias son cuatro, que CiberCuba reproduce literalmente a continuación:
1. Libertad incondicional de todos los presos políticos y sobreseimiento de todos los procesos judiciales e investigativos por motivos políticos.
2. Información sobre las personas recluidas en el contexto de manifestaciones públicas, por peligrosidad social predelictiva y por toda causa política, así como acceso a los registros de carácter público de los centros penitenciarios y tribunales.
3. Libre acceso al Relator de Naciones Unidas contra la Tortura y a organizaciones internacionales de derechos humanos para la inspección de los centros de reclusión del país, seleccionados sin aviso previo.
4. Desmontaje del aparato de represión interna, derogación de las leyes y regulaciones que penalizan el ejercicio de los derechos civiles y políticos, e inicio urgente de un proceso de transición hacia una democracia pluripartidista que garantice el libre ejercicio de la soberanía del pueblo bajo un estado de derecho.
De igual forma, quienes se han adherido a la iniciativa también piden a los gobiernos del mundo la imposición de un embargo de armas y recursos destinados a la represión política; sanciones a los agentes del Estado cubano, incluidos fiscales y jueces que se presten para reprimir; el cese de toda acción que legitime, financie o ayude a la dictadura y el envío de asistencia humanitaria a Cuba sin mediación del gobierno, hasta que este sea el representante legítimo del pueblo.
Entre 2018 y el primer semestre de 2019, España le vendió al gobierno cubano material para la defensa por un total de 2 millones 239 mil 494 euros, que se habrían destinado fundamentalmente a la Policía Nacional Revolucionaria. Y, en 2020, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo español informó que estas ventas a Cuba habían ascendido a 1,2 millones de euros.
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