La activista cubana Camila Rodríguez denunció que continúa el hostigamiento de la Seguridad del Estado contra ella por su apoyo a los presos políticos en la isla.
La también coordinadora de la plataforma Justicia 11J, un grupo de trabajo que atiende a los detenidos por manifestarse en la isla, aseguró este miércoles en su perfil de Facebook que se mantiene el cerco policial a la vivienda en la que reside en La Habana, luego de haberle prometido que este sería levantado en la noche del lunes después de 24 días de reclusión arbitraria en su domicilio.
“Este retorno a la relativa tranquilidad duró ciertamente nada, pues tres vecinas confirmaron haber visto ayer una patrulla y un agente de la Seguridad del Estado en las inmediaciones del edificio. Por otra parte, he podido ver HOY (y documentar) la presencia de una patrulla en el sitio habitual de estancia de las patrullas del cerco”, apunta Rodríguez en su denuncia.
También refiere que “en conversación telefónica, el mayor Luis, el jefe del operativo, me ha incitado a que permanezca tranquila, que esta patrulla ‘no debe estar relacionada conmigo’, sin embargo, la presencia de un carro con policías (y la vigilancia que supone) es algo completamente nuevo y ATÍPICO en este vecindario, con lo cual, tengo -y tienen los vecinos- sobradas razones para inferir que esa patrulla en efecto es parte del operativo contra mí, a pesar de que se me permita ahora la movilidad de la que estuve privada por 24 días consecutivos, hasta la mañana de ayer”.
La también filóloga expuso que una de sus amistades cercanas fue “llamado a ‘entrevista’ por ofrecerme su ayuda durante la mudanza del día 5, y para ser alertado sobre los peligros de todo tipo de ayuda futura. Esto no es nuevo, de ayer: el mayor Dennis, de hecho, había hecho énfasis en que Leo Fdez Otaño sería montado en una patrulla si se acercaba a mi hogar”.
Asimismo, puntualiza que “al parecer, se ha iniciado una nueva etapa en su misión para derribarme: la intimidación indirecta, el uso de estrategias menos frontales, pero igualmente persuasivas”
“Se pretende no solo hacerme desistir de mis labores en apoyo a las familias de los presos políticos, sino aislarme de mis amigos y de las personas que solidariamente me han extendido la mano en los últimos días (que ya casi hacen un mes)”, añade, además.
Por último, la activista exigió que se deje de “politizar y criminalizar la solidaridad”.
“Basta ya de amedrentar a unos con lo que pueda suceder a otros. Las manos sucias y LA CULPA, la única culpa, las tienen únicamente quienes deciden ser continuidad de este juego macabro por destruir la vida de las personas de bien”, sostiene en sus declaraciones.
Durante más de 20 días, Camila Rodríguez permaneció retenida arbitrariamente en su domicilio.
Luego del último interrogatorio que sufriera, el 18 de marzo último, donde la retuvieron por varias horas, el cerco en las afueras de su vivienda no cesó hasta presuntamente este último lunes.
En ese tiempo, según sus propias denuncias, cada vez que se asomaba al balcón, agentes de la Seguridad del Estado la acosaban y provocaban.
"Según me han hecho saber, aquí estaré 'por mucho tiempo', 'diez años'. Tal vez, me tengan siempre como hasta ahora: una patrulla y varias motos, dos patrullas y dos motos, una patrulla y una guagua…. Ya son varias las alineaciones en las que han venido a intentar atemorizar", resaltó en Facebook, donde refirió, además, que las autoridades buscan disuadirla de continuar su labor de acompañamiento a las madres de los manifestantes de julio de 2021 que se encuentran privados de libertad.
"Están preocupados por las cercanías, los lazos, que por ocho meses hemos creado en torno al dolor, están intentando que no las acompañe en su camino de denuncias y exigencias", afirmó en esa ocasión.
Rodríguez precisó que son 759 las familias que hoy están sufriendo la represión de los manifestantes del 11J, pero que al mismo tiempo piensan en cómo lograr, por sus vías, "la absolución, la libertad, la amnistía, el perdón, o cualquier fórmula que devuelva a sus hogares la estabilidad que desde julio el Estado les robó".
En una situación similar han estado antes la curadora de arte y activista Carolina Barrero, quien permaneció durante seis meses encerrada en su domicilio, al igual que la periodista y activista Iliana Hernández, por un tiempo menor. También de manera más esporádica la periodista Luz Escobas ha sufrido arrestos domiciliarios, que le impiden abandonar su vivienda de forma arbitraria durante varias horas o días.
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