Activistas cubanos denunciaron este martes ante el Comité de Derechos Humanos del Parlamento de Italia la situación de los más de mil presos políticos y pidieron a esa instancia tomar acciones en solidaridad con la demanda de libertad de la ciudadanía en Cuba.
Rosa María Payá, coordinadora de la plataforma Cuba Decide, y los abogados Marco y Julio Pellitero, de la asociación Cubanos por la Democracia, testificaron sobre el “terrorismo de Estado del régimen contra el pueblo cubano” y solicitaron la suspensión del Acuerdo de cooperación entre la Unión Europea y el gobierno de la isla, señala un comunicado de Cuba Decide.
Payá mostró un video con testimonios de familiares de los presos políticos: Adriana Delgado, cuyo padre presenta un crítico estado de salud; Luis Wilber Aguilar Bravo, quien denunció la condena de 23 años que pesa contra su hijo de 21, por manifestares pacíficamente; y Roxana García Lorenzo, que narro las golpizas y violaciones contra su hermano después del 11 de julio.
En su intervención, la activista remarcó que el régimen cubano, que promueve el reconocimiento de la independencia de los territorios ucranianos Donetsk y Lugansk y replica el discurso ruso a través de sus medios de prensa, se comporta como el mejor aliado de Vladimir Putin en América Latina.
Pidió al comité parlamentario que denuncie el Acuerdo Político de Diálogo y Cooperación de Cuba con la Unión Europea, promueva la imposición de sanciones y exija a las empresas italianas en Cuba el respeto a los derechos humanos.
Por su parte, los abogados Marco y Julio Pellitero denunciaron el financiamiento que hace el tesoro italiano a ONG gubernamentales cubanas que se hacen pasar por sociedad civil y pidieron al Parlamento que reconozca a los verdaderos actores civiles y a la oposición independiente dentro y fuera de Cuba como interlocutores válidos.
La diputada Laura Boldrini, presidenta del Comité de Derechos Humanos, agradeció la exposición de los activistas y expresó su preocupación por la situación actual de Cuba.
“Comparto con ustedes su angustia y sentimiento de rabia porque después de 60 años seguir con un régimen que no permite ningún tipo de apertura ni libertad es terrible y tiene consecuencias en la calidad de vida de la gente, también es preocupante la represión del régimen contra las protestas legítimas y pacíficas”, comentó.
El pasado marzo, más de 128 personas, que participaron en el estallido social del 11 de julio, fueron condenadas a penas que oscilan entre 4 y 30 años de prisión.
Organizaciones de derechos humanos han expresado preocupación ante la severidad de las condenas y el hecho de que entre los sentenciados se encuentren menores de edad.
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