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Human Rights Watch señala deterioro de los Derechos Humanos en Cuba

HRW lamenta que la comunidad internacional no ha conseguido, a lo largo de décadas, que haya avances sostenidos en materia de derechos humanos en Cuba.  

Crisis migratoria, consecuencia de la violación de DDHH en Cuba Foto © USCGSoutheast / Twitter

Este artículo es de hace 1 año

El Informe Mundial 2023 de la organización internacional Human Rights Watch evidenció el empeoramiento de los derechos humanos en Cuba, donde el "Gobierno obstaculiza y castiga prácticamente todas las formas de disidencia".

De acuerdo con el documento –que analiza la situación de los DD.HH. en varios países del mundo–, en 2022 la situación empeoró en la isla caribeña, donde el régimen "continúa reprimiendo y castigando prácticamente cualquier forma de disenso y crítica pública, y los cubanos siguen padeciendo una crisis económica severa que impacta en sus derechos básicos".

Explica que "los juicios de cientos de esos manifestantes (del 11 de julio de 2021) en 2022 a menudo violaron las garantías básicas de debido proceso y dieron lugar a penas de prisión desproporcionadas. Las manifestaciones continuaron en todo el país durante 2022, como consecuencia de los apagones, la escasez de comida y medicamentos y el deterioro de las condiciones de vida", apunta el informe.

También aborda la crisis migratoria, y asegura que "la represión que lleva a cabo el gobierno, así como su evidente falta de predisposición para abordar las causas subyacentes que llevaron a la gente a las calles, forzaron a miles de cubanos a abandonar el país en números sin precedentes".

Según el análisis, a raíz del llamado 11J fueron detenidas más de 1.500 personas, la mayoría de ellas manifestantes pacíficos o transeúntes; y hasta octubre de 2022 permanecían encarcelados más de 660. Muchos estuvieron incomunicados en la detención. Algunos fueron sometidos a maltratos y, en ciertos casos a torturas, señala.

Sobre la migración HRW afirma que la cantidad de cubanos que abandonan el país aumentó marcadamente en 2022, y superó los máximos históricos de las décadas de 1980 y 1990.

"La Patrulla Fronteriza de EE. UU. aprehendió a más de 203.000 ciudadanos cubanos entre enero y septiembre de 2022. Esto representa un aumento drástico en comparación con los 33.000 cubanos aprehendidos en el mismo período de 2021".

Asimismo, "la Guardia Costera de EE. UU. interceptó a más de 6.182 cubanos en el mar entre octubre de 2021 y septiembre de 2022, por lejos la cifra más alta en cinco años".

La Habana también continuó restringiendo la posibilidad de viajar a defensores de derechos humanos y blogueros, dijo la organización.

"Las reformas otorgaron al gobierno amplias facultades discrecionales para restringir los viajes por motivos de “defensa y seguridad nacional” u “otras razones de interés público”. Las autoridades niegan selectivamente a los disidentes la salida o el regreso al país", señala el informe, en referencia a los casos de las activistas Anamely Ramos y Omara Ruiz Urquiola y del escritor Carlos Manuel Álvarez.

Sobre los derechos económicos, sociales y culturales dijo que la crisis económica de Cuba, que se profundizó durante la pandemia de Covid-19, afecta gravemente la posibilidad de las personas de ejercer derechos económicos y sociales, e incluye apagones del servicio eléctrico y la grave escasez de comida, medicamentos y otros productos básicos.

En enero de 2022, las autoridades reconocieron que los faltantes de medicamentos habían empeorado y los atribuyeron al embargo impuesto por Estados Unidos. El presidente del grupo estatal de la industria farmacéutica señaló que 88 de los 262 de mayor prioridad estaban “en falta”, comenta el informe.

En agosto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que los cubanos estaban sufriendo un “colapso del sistema público de salud” y un “aumento generalizado de la pobreza y la desigualdad”, refiere.

Al analizar las condiciones en los centros de detención HRW subraya que las prisiones del país en general están hacinadas y no existen mecanismos para que los detenidos puedan presentar reclamos por abusos.

"Aquellos que critican al gobierno o inician huelgas de hambre a menudo son encerrados en celdas de aislamiento durante períodos extensos y sufren golpizas, restricciones a las visitas familiares y denegación de atención médica", expresa.

Por otra parte, en la isla no hay libertad de expresión señala que el gobierno controla prácticamente todos los medios de comunicación de Cuba, restringe el acceso a información proveniente del extranjero y censura habitualmente a críticos y periodistas independientes. 

Sobre derechos laborales manifiesta que aunque Cuba es firmante de tratados de la Organización Internacional del Trabajo que protegen los derechos de los trabajadores a la libertad de asociación y la negociación colectiva, el Código de Trabajo cubano —actualizado en 2014— viola esos derechos.

"Miles de trabajadores de la salud cubanos enviados al extranjero prestan valiosos servicios, incluso para afrontar la pandemia de Covid-19. Sin embargo, el gobierno les impuso normas que violan sus derechos fundamentales, como el derecho a la privacidad, la libertad, la circulación y la libertad de expresión y asociación", denuncia.

Agrega que el régimen niega el trabajo de los defensores de derechos humanos, y que en la isla se violan los derechos de personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT) que sufren violencia y discriminación.

Sobre los derechos de la mujer reconoce que el nuevo Código de las Familias refuerza los derechos de mujeres y niñas, además de los derechos sexuales y reproductivos, incluido el derecho a la reproducción asistida, prohíbe la violencia doméstica y todo tipo de castigo físico y reconoce el derecho a la distribución equitativa de las tareas domésticas y de cuidado entre los integrantes de la familia.

HRW lamenta que la comunidad internacional no ha conseguido, a lo largo de décadas, que haya avances sostenidos en materia de derechos humanos en Cuba.

"El embargo estadounidense brinda una excusa al gobierno cubano para los problemas del país, un pretexto para los abusos y despierta la simpatía de gobiernos que, de otro modo, habrían sido más proclives a condenar las prácticas abusivas en el país".

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