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Impiden viajar a doctora cubana desvinculada del MINSAP hace seis años

Según relató, tras dejar su trabajo en el sistema de salud pública, pasó al sector bancario

Pasaporte cubano © CiberCuba
Pasaporte cubano Foto © CiberCuba

Este artículo es de hace 1 año

Una doctora cubana, especialista en Pediatría, denunció trabas del ministerio de Salud Pública (MINSAP) para poder viajar al exterior a pesar de llevar seis años desvinculada del ministerio y sin ejercer la medicina.

“Soy graduada de Pediatría en 1er grado desde Noviembre del año 2016 y me desvinculé de dicha especialidad en Enero de 2017..., hace 6 años ya, por razones personales y un poco de descontento con el Sistema de Salud (cosa que sucede casi en todo el país)”, explicó en Facebook la usuaria identificada como Mariana Soto del Valle.

Captura de pantalla Facebook / Mariana Soto del Valle

La joven pediatra recurrió a sus redes sociales para denunciar la situación, porque “ya se salió de los límites mi paciencia”. Según relató, tras dejar su trabajo en el sistema de salud pública, pasó al sector bancario.

En enero del año pasado, Soto del Valle solicitó su pasaporte “para poder viajar como cualquier otro cubano”. Sin embargo, a fecha de hoy, las autoridades cubanas no le han expedido el documento y le contestan que está “regulada” por el MINSAP.

“Me dicen que es imposible porque estoy Regulada por el Ministerio de Salud, porque soy Médico Especialista y que debía para ello redactar una carta en la que solicito al ministro el permiso para poder tener pasaporte y viajar”, indicó la joven, insistiendo que ella solicitó ese “permiso” hace un año “y aún no tengo respuesta”.

Tras haber cumplido con el plazo reglamentario, la doctora se pregunta por qué sigue apareciendo como regulada. “¿Por qué, si yo no estoy ejerciendo mi especialidad? ¿Por qué, si yo no quiero trabajar en ese Sector?”.

“¿Acaso no tengo derecho de viajar como cualquier otra persona? ¿Por qué violan mi derecho de tener pasaporte? ¿Por qué elaboran una Regulación que lo que hace es encarcelarnos aquí sin derecho a viajar? ¿Por qué me obligan a sentirme peor?”, preguntó.

Desde el 7 de diciembre de 2015, los médicos en Cuba están obligados a pedir una autorización al MINSAP para viajar y a esperar hasta cinco años para poder residir fuera, según lo establecido en el Decreto 306, del 11 de octubre de 2012, que “establece el tratamiento hacia los cuadros, profesionales y atletas que requieren autorización para viajar al exterior”.

Las razones esgrimidas en 2012 para establecer “regulaciones” (trabas) a la libre circulación de determinados profesionales cubanos se basaban, según Granma, en consideraciones políticas del régimen, que achacaba fines desestabilizadores a “la política de Pies Secos-Pies Mojados, el Programa de Parole para Profesionales Médicos Cubanos y la Ley de Ajuste Cubano”

“La migración de profesionales cubanos del sector de la salud constituye una preocupación para el país. Especialidades tan importantes como anestesia, cirugía general, terapia intensiva, cardiología, pediatría, neurocirugía, nefrología, obstetricia y ginecología, ortopedia y traumatología, neonatología, entre otras, han sido seriamente afectadas por la salida no planificada de personal médico vital”, afirmaba entonces el medio oficialista.

Las propias autoridades reconocían que la adopción de medidas regulatorias especiales no constituía una prohibición o impedimento de “viajar o residir en el exterior”, sino que ante la solicitud del correspondiente “permiso”, se analizarían “las fechas de salida del país, teniendo en cuenta el relevo de cada profesional, para propiciar un ordenamiento laboral que garantice la accesibilidad, calidad, continuidad y estabilidad del funcionamiento de los servicios de salud”.

En la práctica, esta norma se aplica de manera discrecional por parte de un régimen en el que vigilar y castigar son los principales mecanismos de relación entre el poder y sus subordinados.

Un régimen que, a pesar de una aparente normalización de sus potestades en materia de migración, continúa ejerciendo un férreo control sobre los ciudadanos, utilizando en muchos casos sus prerrogativas en esta materia para coaccionar a opositores, activistas y otros actores de la sociedad civil que denuncian a la dictadura; o que, sencillamente, “han caído en desgracia”.

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