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Desmantelada red de explotación sexual con víctimas cubanas en España

La investigación comenzó tras recibir varias denuncias por presunta explotación sexual y tráfico de drogas.

Auto de la policía Foto © Wikimedia Commons

La policía española desmanteló una red de explotación sexual en Granada (sur del país) que obligaba a inmigrantes de Cuba y Colombia a prostituirse.

Según la información divulgada por ese organismo, fueron detenidas cuatro personas –dos mujeres y dos hombres de entre 24 y 45 años– que formaban parte de un entramado criminal dedicado a la trata de mujeres para su explotación sexual en un departamento de la ciudad, informó la agencia EFE.

Las víctimas –tres mujeres y un hombre– fueron liberados.

La investigación por parte de las autoridades comenzó tras recibir varias denuncias por presunta explotación sexual y tráfico de drogas.

EFE informó que los supuestos culpables se habrían aprovechado de la situación de vulnerabilidad de las víctimas, las cuales residían de forma irregular en España, para obligarlos a ejercer la prostitución.

Las víctimas eran vigiladas con cámaras de manera continua y obligadas a ofrecer a todos los clientes drogas proporcionadas por un colombiano que tenía un laboratorio de cocaína que fue desmantelado en esta misma operación policial.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial e ingresó en prisión el ciudadano colombiano que dirigía el laboratorio y la distribución de cocaína.

La policía española también desarticuló otra red de trata de personas (latinoamericanas) con fines de explotación sexual en ciudades españolas como Santander, Valladolid y Avilés.

"La organización desmantelada obligaba a las mujeres a estar disponibles las 24 horas del día, siete días a la semana, y a pedir permiso para poder bañarse o atender su higiene menstrual", explicó.

Al menos cinco personas fueron arrestadas en Cantabria (3), Madrid (1) y Avilés (1), entre las que se encuentra la principal responsable del grupo que ya ha ingresado en prisión provisional.

Estos engañaban a las víctimas en sus países de origen aprovechando su situación de pobreza y les prometían trabajo en España. Al llegar les informaban que debían hasta 6500 euros y que debían prostituirse hasta pagarlos. Sin embargo les cobraban otras tarifas semanales que incrementaba la deuda.

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