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Más de 20 grupos religiosos en Estados Unidos demandaron al gobierno de Donald Trump por las detenciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en las iglesias.
La demanda, que representa a millones de estadounidenses practicantes del cristianismo y el judaísmo, alega que el autorizar a los oficiales de ICE a realizar arrestos en lugares de culto está causando miedo y ha mermado la asistencia a los cultos. Por ello, se quebranta la libertad religiosa, concretamente la capacidad de los grupos para ministrar a los migrantes.
Según el reverendísimo Sean Rowe, obispo presidente de la Iglesia Episcopal, entre sus fieles hay inmigrantes, refugiados, personas documentadas e indocumentadas.
"No podemos rezar libremente si algunos de nosotros vivimos con miedo. Al unirnos a esta demanda, buscamos la capacidad de reunirnos y practicar plenamente nuestra fe, seguir el mandamiento de Jesús de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos", declaró a la agencia AP.
La querella, presentada en el Tribunal de Distrito en Washington, va contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y sus agencias de inmigración.
Entre los demandantes están la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo), con más de 3,000 congregaciones; la Convención Bautista Hispana de Texas, que comprende unas 1,100 iglesias bautistas hispanas; la Conferencia General de Amigos, una asociación de organizaciones cuáqueras regionales; la Sinagoga Unida del Judaísmo Conservador, con más de 500 congregaciones; y las ramas regionales de la Iglesia Metodista Unida.
En opinión de Kelsi Corkran, abogada del Centro de Derecho para la Defensa Constitucional y la Protección de la Universidad de Georgetown, la magnitud de la reclamación será difícil de ignorar.
Corkran recordó que antes, los agentes de inmigración usualmente necesitaban una orden judicial u otra autorización especial para sus operaciones en lugares de culto y otros lugares "sensibles" como escuelas y hospitales.
"Ahora pueden ir a cualquier lugar, en cualquier momento. Ahora tienen amplia autoridad para intervenir rápidamente", afirmó.
Pese a la alta representatividad de la demanda, muchos líderes religiosos conservadores están de acuerdo con la actual política de arrestos.
Es el caso de Mat Staver, fundador de la organización legal cristiana conservadora Liberty Counsel, quien asegura que los lugares de culto son para rezar y no santuarios para albergar personas involucradas en actividades ilegales.
"Los fugitivos o criminales no son inmunes a la ley simplemente porque entran en un lugar de culto. Esto no es una cuestión de libertad religiosa. No hay derecho a violar abiertamente la ley y desobedecer a las fuerzas del orden", dijo.
En enero, el secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, Benjamine Huffman, confirmó la anulación de las directrices de Biden sobre la ejecución de la ley de inmigración en áreas "sensibles", para darles mayor poder a los oficiales de ICE para capturar a migrantes con antecedentes penales.
"Los criminales ya no podrán esconderse en lugares como escuelas y iglesias", dijo, en referencia a las áreas donde antes se limitaba la actuación de las fuerzas de seguridad.
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