El régimen cubano ha anunciado el inicio de “barrios debates” organizados por los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) a partir del 9 de mayo, con el propósito de enfrentar los actos vandálicos contra las redes de telecomunicaciones de ETECSA en La Habana.
La medida —que incluye la participación de la Fiscalía, la Policía Nacional Revolucionaria y funcionarios del Partido Comunista— pretende movilizar a la población en una supuesta defensa de la infraestructura nacional, de acuerdo con Tribuna de La Habana.
Sin embargo, para muchos cubanos, esto representa una nueva táctica de control social, donde el Estado recurre a la movilización del pueblo contra su propio pueblo, mientras no resuelve los problemas estructurales que generan el malestar generalizado.
Más control, pero poca solución
Durante una reunión en la sede de la Dirección Provincial de los CDR, encabezada por figuras del Partido y funcionarios de ETECSA, se describieron numerosos ataques recientes a la infraestructura telefónica: incendios intencionales, cortes de fibra óptica y robos de cable, fundamentalmente con el objetivo de revender el cobre en el mercado informal.
Según lo expuesto, entre los incidentes más graves se encuentran: un incendio provocado en La Habana del Este que dañó un cable de fibra óptica clave para la conectividad local; la quema de un gabinete telefónico en Marianao, dejando a 400 usuarios sin servicio fijo; y el corte de un cable de 1,800 pares en Centro Habana, afectando tanto a viviendas como instituciones.
A pesar de estos reportes, las autoridades no reconocen las raíces profundas de esta situación: la crisis económica, el desempleo, la falta de oportunidades y un mercado negro que florece ante la parálisis del aparato estatal. Mientras tanto, el régimen prioriza las tareas de represión y control vecinal, delegando en los CDR la vigilancia y la denuncia, sin soluciones concretas para mejorar los servicios.
Diagnóstico: crisis estructural, no solo vandalismo
El director de Seguridad y Defensa de ETECSA en La Habana, Gerardo Oliva Cubillas, reconoció que los niveles de vandalismo casi duplican los registrados en 2023, con 50 hechos reportados solo en lo que va de año. En municipios como Arroyo Naranjo, Boyeros y Cotorro, se han registrado hurtos de cientos de metros de cable, afectando a miles de clientes residenciales y entidades estatales.
Además, el uso de equipos ilegales que interfieren con la señal de ETECSA ha provocado fallas críticas en zonas como Santa Fe, el Vedado y Centro Habana, reveló Osniel Cruz Enrique, director de la Oficina Territorial de las Comunicaciones. Se calcula que hasta el 12% de las celdas en La Habana están afectadas por interferencias, muchas causadas por dispositivos GSM y conexiones satelitales no autorizadas.
Represión vecinal, pero no soluciones reales
Mientras el gobierno muestra celeridad para organizar mítines y “debates” orientados al control ideológico y la delación vecinal, no hay planes eficaces para restaurar con agilidad los servicios afectados, modernizar la infraestructura ni atacar las causas sociales y económicas que alimentan este tipo de delitos.
Cada acto vandálico provoca retrasos en reparaciones menores y detiene obras de mejora en otras zonas, lo que contribuye a profundizar el deterioro general de los servicios en la isla.
La Habana no solo enfrenta vandalismo: vive un colapso sostenido de servicios esenciales, en medio de una crisis sistémica que se agrava con la falta de reformas estructurales, la represión encubierta como vigilancia popular y una economía sin rumbo. Para arengar al pueblo contra sí mismo, sí hay recursos. Para sacarlo del túnel, no.
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