El gobierno del presidente Donald Trump ha ordenado un giro radical en las prioridades operativas del Buró Federal de Investigaciones (FBI), redirigiendo a cientos de agentes hacia tareas de control migratorio a lo largo del país, en detrimento de las investigaciones de contraterrorismo, contrainteligencia y delitos de cuello blanco.
La decisión, confirmada por memorandos internos y reportada inicialmente por Reuters y luego por la cadena NBC, representa uno de los cambios estructurales más significativos dentro de la agencia en décadas.
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La orden afecta a todas las oficinas de campo del FBI, donde ahora se asignará hasta el 45% del personal operativo a tiempo completo a labores relacionadas con la inmigración.
Esta reestructuración impacta especialmente a las 25 oficinas más grandes del país.
En Atlanta, por ejemplo, 67 agentes -aproximadamente la mitad del personal- serán destinados a tareas migratorias los siete días de la semana.
En Los Ángeles, se formarán nueve escuadrones exclusivos para “operaciones de control y deportación”, incluso contra personas sin antecedentes penales pero que hayan sobrepasado el plazo de su visa.
La oficina de Boston también recibió la orden de asignar a 33 agentes adicionales a esta tarea.
Estas medidas han generado preocupación dentro de la propia agencia.
“Esto no es lo que hacemos, son malas ideas”, declaró un funcionario federal que habló con NBC News bajo condición de anonimato.
“Si este fuera un gobierno demócrata, diría que esto es malo, que no deberíamos estar haciendo esto”, precisó.
El portavoz del FBI, Ben Williamson, justificó el cambio diciendo que el FBI se ha comprometido a apoyar a sus socios en la aplicación de la ley migratoria y seguirá haciéndolo.
2,000 agentes para la inmigración
De acuerdo con uno de los memorandos obtenidos por NBC News, el objetivo es tener 2.000 agentes del FBI en todo el país dedicados exclusivamente a la aplicación de leyes migratorias.
“Como saben, hemos participado activamente en las iniciativas de control migratorio en coordinación con nuestros socios del Departamento de Justicia (DOJ) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS)”, expresaba un comunicado interno.
“A partir de esta semana, necesitaremos ver un aumento en el ritmo operativo de sus iniciativas de inmigración”, añade el documento.
Recorte presupuestario y jubilaciones forzadas
El cambio de enfoque se produce en un contexto de recortes presupuestarios.
La Administración Trump ha propuesto reducir en un 5% el presupuesto del FBI, y esta misma semana, el director Kash Patel aprobó 667 solicitudes para jubilaciones anticipadas de personal del Buró.
El clima interno dentro del FBI parece estar marcado por la tensión y la desconfianza hacia las nuevas directrices.
Un oficial policial federal indicó que los agentes están “incómodos siendo parte de las operaciones de inmigración”, debido a la falta de planificación meticulosa por parte de ICE, en comparación con los procedimientos habituales del FBI.
Impacto en la comunidad migrante
Organizaciones defensoras de los inmigrantes también han expresado su preocupación.
“En lugar de perseguir a los verdaderos terroristas, vamos a perseguir a quienes limpian nuestros jardines, cuidan a nuestros hijos, procesan alimentos, cosechan verduras, etc.”, dijo Juan José Gutiérrez, portavoz de la Coalición por los Derechos Plenos de los Inmigrantes.
El miedo dentro de las comunidades migrantes se incrementa, y se teme que muchas personas eviten reportar delitos por temor a represalias o deportaciones.
Baja la atención sobre los delitos de cuello blanco
En paralelo, el Departamento de Justicia ha ordenado a los fiscales reducir la persecución de ciertos delitos corporativos.
Un memorando emitido por Matthew Galeotti, jefe de la División Criminal, instruye a los fiscales a aplicar un “equilibrio apropiado” en estos casos.
“La aplicación excesiva y sin control de las leyes corporativas y de cuello blanco supone una carga para las empresas estadounidenses y perjudica los intereses del país”, escribió Galeotti.
La guía establece que no todas las faltas corporativas merecen una acción penal federal y llama a minimizar el impacto colateral y la duración de las investigaciones.
Las prioridades ahora se enfocan en fraude aduanero, evasión de sanciones, lavado de dinero -incluidas redes chinas- y financiación del terrorismo.
También se están revisando acuerdos previos con empresas sancionadas, y algunos podrían rescindirse de manera anticipada.
“Las investigaciones federales pueden interferir significativamente con las operaciones comerciales diarias y causar un daño a la reputación que, en ocasiones, puede ser injustificado”, advirtió Galeotti.
Reacciones y contexto político
Este redireccionamiento de recursos coincide con la frustración expresada por Trump y sus asesores ante lo que consideran una lentitud en las deportaciones.
Datos publicados durante la administración Biden muestran que “cientos de miles de inmigrantes indocumentados con antecedentes penales vivían en Estados Unidos, incluyendo más de 10,000 con condenas por homicidio”, según reportes citados por NBC News.
Los críticos advierten que esta política puede debilitar la lucha contra amenazas más serias, como el terrorismo o el espionaje internacional.
Al mismo tiempo, activistas temen que el enfoque intensificado sobre inmigración erosione la confianza pública en las instituciones de seguridad y genere consecuencias sociales graves.
El cambio de prioridades del FBI bajo la administración Trump marca un giro profundo en la política de seguridad de EE.UU.
Al colocar la inmigración irregular como foco central, desplazando a temas como el contraterrorismo y los delitos financieros, se reconfigura el papel de la principal agencia federal de investigaciones.
La medida ha sido defendida por la administración, pero dentro y fuera del FBI no faltan voces críticas que alertan sobre el costo institucional, político y humano que esta nueva orientación puede tener para el país.
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