Un total de 130 migrantes cubanos fueron deportados este viernes desde Estados Unidos en un nuevo vuelo de repatriación que aterrizó en el Aeropuerto Internacional José Martí, según informó el Ministerio del Interior (MININT) a través de sus canales oficiales.
Entre los retornados se encuentran 106 hombres y 24 mujeres, y de ellos, cinco fueron remitidos a órganos de investigación penal, ya que al salir del país se encontraban cumpliendo libertad condicional, lo que agrava su situación legal bajo la legislación cubana, afirma la nota publicada en el portal oficialista Cubadebate.
Esta es la quinta operación aérea de deportación desde territorio estadounidense en lo que va del año, y eleva a 587 el número total de personas devueltas a Cuba en 2025 desde diversos países de la región, en un total de 19 operaciones.
El primer vuelo de deportación bajo la administración Trump, con 19 migrantes cubanos procedentes de Bahamas, se realizó el pasado 23 de enero.
El 27 de febrero salió un segundo vuelo, con 104 migrantes cubanos deportados desde Estados Unidos.
El 27 de marzo el tercer vuelo llegó a La Habana con 60 migrantes cubanos y el cuarto vuelo se materializó el 24 de abril, con 82 deportados desde Estados Unidos.
Las repatriaciones se realizan en el marco de los acuerdos migratorios bilaterales entre La Habana y Washington, cuyo objetivo es desalentar las salidas irregulares de la isla y promover una migración regular, segura y ordenada, de acuerdo con lo reiterado por las autoridades cubanas.
No obstante, el contexto regional y político es cada vez más tenso. El presidente Donald Trump anunció en abril la suspensión indefinida de las conversaciones migratorias con Cuba, que se celebraban semestralmente desde hacía años.
Además, el mismo día de esta deportación, la Corte Suprema de Estados Unidos autorizó a la administración Trump a revocar el programa de libertad condicional humanitaria (CHNV), que desde 2022 había permitido a más de 500,000 migrantes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití vivir y trabajar temporalmente en EE.UU.
El fallo, que contó con una disidencia de las juezas Ketanji Brown Jackson y Sonia Sotomayor, podría derivar en una expulsión masiva de personas actualmente en territorio estadounidense bajo estatus legal temporal, sin necesidad de una evaluación individual de cada caso.
Esta decisión marca el fin de un programa clave del gobierno de Joe Biden, diseñado para reducir la presión migratoria en la frontera sur y canalizar flujos migratorios a través de mecanismos legales.
La isla enfrenta una profunda crisis económica y social, lo que ha empujado a decenas de miles de ciudadanos a emigrar en busca de mejores oportunidades.
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