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Las autoridades cubanas han advertido que los actos de vandalismo contra la infraestructura de telecomunicaciones en Santiago de Cuba podrían ser sancionados con penas de entre siete y 15 años de privación de libertad, en aplicación del artículo 125 del nuevo Código Penal, que tipifica estas acciones como delito de sabotaje.
Según informó el diario oficial Granma, en al menos 17 torres de telefonía móvil —también conocidas como radiobases (RBS)— de reciente instalación en la provincia, se han producido robos y daños deliberados a cercas perimetrales, cubiertas, baterías y otros componentes.
Los hechos han ocurrido tanto en zonas rurales como urbanas, aprovechando principalmente los horarios nocturnos y los constantes apagones eléctricos que padece la población.
Una de las zonas afectadas fue el Alto del 30 de Noviembre, en Santiago de Cuba, donde individuos forzaron la puerta del gabinete técnico y sustrajeron una batería.
Según el diario Granma, vecinos de la zona denunciaron que estos actos afectan seriamente la conectividad de sus comunidades, obligando a la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa) a reponer equipos en repetidas ocasiones.
La situación, que revela vulnerabilidades persistentes en la infraestructura de telecomunicaciones, no es nueva y continúa sin solución definitiva.
En otras localidades como San Vicente, Micro V y La Placita, también se han reportado casos de robo de interruptores magnéticos y materiales que luego son presuntamente comercializados en el mercado informal.
Ante esta situación, Etecsa ha implementado medidas de monitoreo más estrictas a través de su Centro de Gestión, que recibe alertas automáticas al abrirse los gabinetes de las RBS.
Sin embargo, los vándalos han adaptado su “modus operandi”, accediendo por la parte trasera de las estructuras para evadir la detección inmediata.
A raíz de los incidentes, se desarrollan actualmente varios procesos investigativos y judiciales en la provincia contra presuntos responsables.
Las autoridades han recordado que en los casos donde estos sabotajes representen un peligro para la vida humana o la seguridad colectiva, las sanciones podrían ser aún más severas.
En medio de severas limitaciones económicas y tecnológicas, el vocero oficialista presumió que Santiago de Cuba cuenta actualmente con 187 radiobases en funcionamiento y un plan de expansión para instalar otras 21 en lo que resta de 2025, lo que convierte a estos equipos en bienes estratégicos y de alto valor comunitario.
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