La Corte Suprema de Estados Unidos habilitó el martes la puesta en marcha de los planes del presidente Donald Trump para despedir a decenas de miles de trabajadores federales y reorganizar profundamente la estructura del gobierno, al anular órdenes judiciales previas que bloqueaban temporalmente las reducciones.
La decisión representa una victoria clave para la administración Trump, que ha impulsado una reconfiguración sin precedentes del aparato estatal, a pesar de las advertencias sobre la pérdida de servicios esenciales.
En una orden no firmada, la mayoría de los jueces del máximo tribunal -incluidas dos consideradas progresistas- permitieron a la administración avanzar con los despidos y reestructuraciones mientras continúan los litigios en cortes inferiores.
La jueza Ketanji Brown Jackson fue la única voz disidente, acusando a sus colegas de "dar luz verde a las acciones legalmente dudosas de este presidente en una postura de emergencia". En su voto particular de 15 páginas, tildó la decisión de "arrogante y sin sentido".
Aunque la Corte evitó pronunciarse sobre la legalidad de los recortes específicos, sostuvo que los planes en sí no estaban aún bajo su revisión.
Los recortes han sido liderados por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), una dependencia creada por Trump y dirigida hasta mayo por Elon Musk.
El magnate tecnológico, que fue aliado cercano del presidente, abandonó el cargo tras un conflicto con la Casa Blanca. Desde entonces, la política de reducción ha continuado, generando inquietud en amplios sectores del país.
No existen cifras oficiales sobre la magnitud del impacto, pero al menos 75,000 empleados federales se acogieron a programas de renuncia diferida y otros miles -sobre todo aquellos en período de prueba- fueron despedidos. Además, un número no determinado de trabajadores ha sido puesto en licencia.
La orden ejecutiva de Trump, firmada el 11 de febrero, ordenaba a las agencias federales planificar despidos masivos y reorganizaciones como parte de su objetivo de "eliminar el despilfarro" y reducir el tamaño del gobierno federal.
La medida afecta a 19 agencias y departamentos, entre ellos los de Agricultura, Energía, Trabajo, Interior, Estado, Tesoro y Asuntos de Veteranos.
También a instituciones claves como los CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades), la Administración del Seguro Social (SSA), la Fundación Nacional de Ciencias, la Asociación de Pequeñas Empresas y la Agencia de Protección Ambiental.
La Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno (AFGE), el mayor sindicato de trabajadores federales, presentó una demanda contra el gobierno argumentando que el presidente no tiene autoridad para eliminar unilateralmente estructuras creadas por el Congreso.
El fiscal general John Sauer, que defendió la postura de la administración ante la Corte Suprema, sostuvo que el presidente no necesita autorización especial del Congreso para ejercer su poder de supervisión sobre el funcionamiento del Ejecutivo, y que su orden solo instruye a las agencias a actuar en cumplimiento de la ley vigente.
La nueva decisión se inscribe en una serie de recientes victorias judiciales para Trump.
El pasado 27 de junio, la Corte Suprema también limitó la capacidad de jueces federales para suspender temporalmente órdenes ejecutivas del presidente, lo que permitió a la administración avanzar con la eliminación del derecho de ciudadanía por nacimiento en ciertas jurisdicciones, incluso cuando continúan los desafíos legales.
La Casa Blanca celebrado esta serie de fallos como un respaldo a su estrategia de reformar profundamente la burocracia federal.
Trump asegura que su objetivo es aumentar la eficiencia y el control ciudadano sobre el aparato estatal.
Mientras, críticos y expertos advierten que los recortes podrían tener consecuencias graves en áreas sensibles como la atención médica a veteranos, la seguridad alimentaria y la protección ambiental.
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