Un ciudadano cubano recibió una notificación de multa de 690,000 dólares por parte del gobierno de Estados Unidos tras permanecer en el país pese a tener una orden final de deportación.
El caso fue dado a conocer a través del testimonio del propio afectado, quien lo compartió con el periodista Daniel Benítez, y representa una aplicación destacada de una normativa migratoria reactivada durante la administración Trump.
Testimonio del afectado
Según el relato enviado por el migrante, reside en Estados Unidos desde hace 12 años.
Durante los primeros cinco, vivió con estatus de residencia legal. Posteriormente fue condenado por un delito federal y sentenciado a tres años de prisión.
Durante los últimos seis meses de esa condena, fue transferido a un centro de detención migratoria del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), con la intención de ser deportado.
Sin embargo, el gobierno cubano se negó a recibirlo, lo que impidió la ejecución de la deportación.
Ante la imposibilidad de expulsarlo, las autoridades lo liberaron bajo un régimen de libertad condicional, situación que se ha extendido por dos años.
Durante ese periodo, el ciudadano recibió un permiso de trabajo por un año, renovado recientemente, y tiene programada una cita migratoria en diciembre.
No obstante, hace pocos días fue notificado de una multa de 690,000 dólares por permanecer en territorio estadounidense tras habérsele emitido la orden de deportación.
“Hace dos días recibí la carta donde me dice que estoy en el país después de haber recibido la deportación y pretenden multarme con $690 mil. Casualmente hace 3 días recibí mi permiso de trabajo por otro año y en diciembre tengo mi cita anual en inmigración. ¿Debo contestar la carta?”, preguntó en su mensaje.
Frente a esa consulta, el periodista Daniel Benítez, quien ha seguido de cerca casos similares, recomendó al afectado buscar inmediatamente asesoría legal especializada en inmigración para explorar alternativas legales.
“Lo primero es no ignorar la carta. Es fundamental consultar con un abogado de inmigración lo antes posible para responder dentro del plazo legal. No hacerlo puede agravar la situación”, explicó Benítez.
Marco legal y aplicación de sanciones
El caso se enmarca en una estrategia de sanciones civiles desarrollada bajo una ley migratoria de 1996, reactivada en 2018 durante el primer mandato de Donald Trump, y reforzada tras su regreso a la Casa Blanca en 2025.
Esta normativa permite imponer multas de hasta 998 por día a personas con órdenes finales de deportación que no abandonan el país.
Las sanciones pueden aplicarse con efecto retroactivo por hasta cinco años. Se estima que desde junio de 2025 ICE ha emitido aproximadamente 10,000 notificaciones de multa.
En días recientes fue noticias que las autoridades ya no están obligadas a esperar 30 días para notificar su intención de sancionar.
Actualmente, las notificaciones son enviadas directamente por correo postal, y el proceso de apelación ha sido acortado.
En este caso específico, la cifra de 690,000 dólares refleja la acumulación de sanciones diarias durante un periodo prolongado. El hecho de que el afectado haya recibido un permiso laboral vigente no altera el estatus legal de la orden de expulsión ni impide la imposición de la multa.
Autodeportación: Una opción con beneficios
Como parte de su política migratoria, el gobierno de Donald Trump ha lanzado un programa complementario que promueve la autodeportación voluntaria como vía preferente.
A través de la aplicación CBP Home, los migrantes con órdenes de salida que decidan abandonar voluntariamente el país pueden beneficiarse de:
-El perdón total de las multas acumuladas.
-Un boleto de avión gratuito hacia su país de origen.
Un bono económico de $1,000 dólares tras confirmar su salida.
-El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha sido claro en su mensaje: quienes no cooperen con el proceso podrían enfrentar no solo multas, sino también arresto, deportación forzosa e inhabilitación para regresar legalmente a EE.UU. en el futuro.
“Con un vuelo gratuito, un estipendio de 1,000 dólares y el perdón de las multas, los inmigrantes ilegales no tienen excusa para quedarse en Estados Unidos”, señaló el DHS en un comunicado oficial.
Casos similares y contexto
Este caso no es único. Una situación destacada es la de Wendy Ortiz, madre salvadoreña residente en Pensilvania, que fue multada con 1.8 millones de dólares pese a no haber recibido una citación judicial formal.
Ortiz alegó persecución y riesgos para su hijo ciudadano con autismo, pero su caso fue desestimado tras el retorno de Trump a la presidencia.
Otros migrantes han recibido sanciones de decenas o cientos de miles de dólares, incluso sin conocer la existencia de una orden de deportación previa.
Algunas notificaciones han llegado a hogares con personas bajo tratamiento médico, o en familias con menores ciudadanos estadounidenses.
En ciertos casos, las autoridades han considerado aplicar embargos de bienes para cobrar las sanciones impagas, aunque esa iniciativa enfrenta obstáculos técnicos y legales.
Expertos legales advierten que, en muchos casos, el acceso a defensa adecuada es limitado, sobre todo para migrantes con escasos recursos o en situación vulnerable.
La aplicación de estas medidas sancionadoras, combinada con incentivos a la autodeportación, representa un cambio importante en el enfoque migratorio de EE.UU., que busca reducir el número de personas con órdenes pendientes, ya sea por medios voluntarios o coercitivos.
Este cubano es el primer caso documentado de una multa de esta magnitud.
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