A solo horas de cumplirse el cuarto aniversario del 11J, el régimen cubano ha reactivado su maquinaria represiva con una nueva jugada política: la actualización de su controvertida Lista Nacional de Personas y Entidades Vinculadas al Terrorismo, en la que figuran ahora 62 personas y 20 organizaciones.
Entre los nombres más visibles destacan influencers, opositores y activistas exiliados que han denunciado por años las arbitrariedades del gobierno desde plataformas digitales.
Durante la conferencia de prensa de presentación del listado, el coronel Víctor Álvarez Valle, de la jefatura del Ministerio del Interior introdujo un término que levanta alarmas: “ciberterrorismo”, una categoría en la que se encasilla a quienes hacen “uso desmedido de las redes sociales para incitar a la violencia, agredir entidades gubernamentales y crear descrédito”.
“Ya no escapa ninguna de las personas que, por alguna u otra razón, se pongan de frente [al proceso revolucionario]”, advirtió el vocero oficial, en una declaración que marca un giro aún más restrictivo contra el disenso digital.
Entre los más conocidos del listado figuran Alexander Otaola, Ana Olema Hernández, Eliecer Ávila, Ultrack, Manuel Milanés, Orlando Gutiérrez Boronat y Alain Lambert (Paparazzi Cubano). Todos ellos son creadores de contenido con alta visibilidad en redes sociales y críticos férreos del régimen, seguidos por miles de cubanos dentro y fuera de la isla.
Sin embargo, la resolución 13/2025 del Ministerio del Interior, publicada en la Gaceta Oficial, no presenta pruebas públicas que sustenten las acusaciones. Muchas de las imputaciones se basan en hechos vagamente descritos, ocurridos incluso en las décadas de 1990 y 2000, y en supuestas “investigaciones penales” cuyos detalles permanecen ocultos.
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Como parte del aparato mediático del régimen, el vocero Humberto López utilizó un segmento en la televisión estatal para lanzar una advertencia apenas velada. “Muy pronto vamos a mostrar ejemplos concretos de personas involucradas aquí en territorio nacional con estos terroristas. Terroristas que desde la comodidad de la distancia están utilizando como carne de cañón a gente aquí dentro…”, dijo López, insinuando que se preparan nuevos casos represivos contra cubanos residentes en la isla que interactúan con los exiliados.
El comentarista no perdió oportunidad para dramatizar la inclusión de nombres en la lista, como el caso de Armando Labrador Coro, a quien calificó sin reservas como miembro de “la organización terrorista Cuba Primero”.
“Ahí me detengo. Esperen noticias muy pronto”, concluyó, en un tono más propio de un fiscal que de un periodista, alimentando el clima de miedo y amenaza.
Analistas y organizaciones de derechos humanos denuncian que el uso del término “terrorismo” busca más intimidar que impartir justicia. Criminalizar la disidencia, especialmente desde el exilio, se convierte en una estrategia para silenciar voces incómodas y reforzar la narrativa del cerco externo.
El caso de Alexander Otaola es paradigmático: cuando fue incluido por primera vez en la lista en 2023, respondió con ironía: “Canel, mira lo que hago con la extradición: me limpio el fotingo”, dijo mientras mostraba un rollo de papel higiénico con el rostro del mandatario cubano.
Pese al dramatismo de las acusaciones, la lista no tiene efectos jurídicos reales fuera del territorio cubano. En 2024, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España confirmó a CiberCuba que no tenía constancia oficial de dicha lista y que no existía ninguna alerta en aeropuertos europeos contra los mencionados. Lo mismo ocurre en América Latina, donde varios de los acusados han podido viajar sin impedimentos.
Incluso la mención a notificaciones rojas de Interpol no ha sido acompañada de pruebas ni confirmaciones por parte del organismo internacional. Tampoco ha habido respuesta oficial del gobierno de EE.UU., aunque durante la conferencia, altos funcionarios cubanos acusaron a Washington de proteger a quienes, según ellos, “planifican acciones terroristas desde su territorio”.
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