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A solo horas de conmemorarse el cuarto aniversario del 11J, el régimen cubano ha actualizado su polémica Lista Nacional de Personas y Entidades Vinculadas al Terrorismo, una herramienta legal que para muchos no solo persigue a presuntos responsables de delitos violentos, sino también criminaliza el disenso político desde el exilio.
La resolución 13/2025 del Ministerio del Interior, publicada este miércoles en la Gaceta Oficial, incluye ahora a 62 personas y 20 organizaciones acusadas por el régimen de “actos terroristas”, aunque no se han presentado pruebas públicas que respalden los señalamientos.
En su mayoría, se trata de cubanos residentes en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos, particularmente en la Florida, vinculados al activismo político, los medios independientes o el entorno digital.
Quiénes son los nuevos incluidos
Entre los cinco nuevos nombres que se suman al listado están Rolando Miguel Pérez Ruiz, Leordan Cruz Gómez y Hamlet Pedraza Rivas, residentes en EE.UU. y señalados por presunta introducción de armas y sabotajes. También fueron añadidos Armando Labrador Coro y Seriocha Humberto Fernández Rojas, miembros del grupo Cuba Primero, acusados de financiar acciones de sabotaje en Villa Clara y La Habana.
Asimismo, se incorporó como entidad “terrorista” al Partido Republicano de Cuba, con sede fuera del país, llevando a 20 el número total de organizaciones incluidas, entre las que ya figuraban Alpha-66, Hermanos al Rescate, Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA), Cuba Primero, la Asamblea de la Resistencia, entre otras.
Figuras del exilio, la política y el activismo digital
Entre los nombres más conocidos de la lista aparecen Alexander Otaola, Orlando Gutiérrez Boronat, Ana Olema Hernández, Ramón Saúl Sánchez, Eliecer Ávila, Manuel Milanés, Ultrack, y Alain Lambert (Paparazzi Cubano). Varios de ellos son influencers o líderes de opinión muy activos en redes sociales, críticos del régimen cubano y con alta visibilidad en la comunidad exiliada.
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En muchos casos, los expedientes citados se remontan a hechos ocurridos en las décadas de 1990, 2000 o 2010, con acusaciones vagas o genéricas como “financiamiento”, “organización” o “incitación” a acciones contra el Estado.
La resolución asegura que todos los incluidos han sido sometidos a investigaciones penales, están “buscados” por las autoridades cubanas y cumplen con criterios establecidos por normas nacionales e internacionales, sin ofrecer documentación que lo respalde.
Pese al tono oficialista y la supuesta gravedad de los cargos, la inclusión en esta lista no tiene repercusión legal fuera de la isla. De hecho, en 2024 el Ministerio de Asuntos Exteriores de España confirmó a CiberCuba que no tenía constancia oficial de este listado y que no existe ninguna alarma activa en los aeropuertos españoles contra las personas mencionadas.
Esto significa que muchos de los acusados pueden seguir viajando libremente por Europa o América Latina, a pesar de ser considerados por el régimen como supuestos “terroristas”.
Uno de los incluidos en el anterior listado y ratificado en este, Alexander Otaola, presentador del show Hola Otaola, reaccionó a la primera inclusión con ironía y sin mostrar preocupación: “Canel, mira lo que hago con la extradición: Me limpio el fotingo”, dijo en un video que compartió en sus redes, mostrando un rollo de papel higiénico con el rostro del gobernante Miguel Díaz-Canel.
Otaola bautizó el producto como “Canel Sanitario”, utilizando un tono de comercial publicitario para burlarse del líder de la “continuidad”, en una respuesta que mezcla humor, desafío y desprecio por la amenaza.
Incluso, en diciembre de 2023, durante el programa Razones de Cuba, el fiscal general adjunto y altos oficiales del Ministerio del Interior hablaron de aplicar el nuevo Código Penal para juzgar a los acusados, incluyendo penas de hasta 30 años, cadena perpetua o incluso la pena de muerte. También se mencionó la existencia de notificaciones rojas de Interpol contra algunos de ellos, aunque nunca se ofreció ninguna confirmación por parte de ese organismo internacional.
Pese a todo, la mayoría de los señalados reiteraron que seguirían denunciando al régimen cubano y no permitirán que esta lista silencie sus voces o altere su activismo.
Un uso político del “terrorismo”
Organizaciones de derechos humanos y analistas independientes han advertido que el uso del término “terrorismo” por parte del régimen busca más la intimidación que la justicia. Al criminalizar a figuras del exilio y del entorno digital, las autoridades cubanas estarían intentando callar voces incómodas y reafirmar una narrativa de cerco externo.
La publicación del listado ocurre además tras la ratificación de Cuba en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo elaborada por EE.UU. y a días de que el presidente de Estados Unidos Donald Trump firmara un memorando que endurece la política estadounidense hacia la isla.
Durante la presentación del documento, altos funcionarios del Ministerio del Interior, la Fiscalía y la Cancillería arremetieron contra la supuesta inacción del gobierno estadounidense, al que acusan de proteger a “terroristas” en su territorio. La viceministra Josefina Vidal calificó como “cínico” que EE.UU. acuse a Cuba de terrorismo “cuando es este país el que lo combate”.
La nueva lista fue enviada oficialmente a la ONU y notificada a los organismos judiciales, fiscales y financieros cubanos, aunque su impacto práctico parece limitado fuera del marco interno de control y represión del propio régimen.
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