La escasez de condones en farmacias cubanas no solo es un síntoma más del colapso sanitario del país, sino también una amenaza directa para la vida de muchas adolescentes.
En medio de la falta de anticonceptivos y pruebas de embarazo, cada vez más jóvenes enfrentan embarazos no deseados que terminan, muchas veces, en abortos clandestinos realizados con brebajes caseros y prácticas peligrosas.
Un reciente reportaje publicado por el medio oficialista Periódico 26 expone testimonios que, lejos de ser aislados, reflejan un drama extendido en provincias como Las Tunas.
Es el caso de Anlly —nombre ficticio para proteger su identidad— quien decidió “resolver el problema” por la vía rápida y sin asistencia médica.
Guiada por una tía, ingirió una mezcla casera con plantas, cerveza y aspirinas, y fue instruida para lanzarse varias veces desde una mesa, acciones tras las cuales terminó ingresada en un hospital, desangrada y con la vida en riesgo.
La doctora Maritza Páez Suárez, subdirectora de Ginecobstetricia del hospital Ernesto Guevara, confirmó que este tipo de abortos ilegales no son casos excepcionales.
“La mayoría de las pacientes que han llegado al hospital después de ingerir brebajes sufren intoxicaciones muy serias. Algunas terminan en cuidados intensivos; otras, con sus órganos reproductivos mutilados”, advirtió la especialista.
En el peor de los casos, una adolescente de apenas 12 años perdió el útero y los ovarios, entrando en una menopausia inducida.
La doctora denunció también la circulación del medicamento Misoprostol en el mercado informal cubano, disponible incluso en sitios como Revolico.
Aunque es un medicamento utilizado en abortos médicos, su uso sin supervisión médica puede provocar graves complicaciones.
"Hay adolescentes que dejamos ingresadas para vigilarles la evolución. Llamo a las familias a no correr riesgos innecesarios", alertó.
En Cuba existe una red institucional para interrumpir embarazos de forma segura: consultas de regulación menstrual y servicios de legrado en hospitales como el “Guevara”.
Pero el acceso a estos servicios es limitado cuando la gestación supera las 10 semanas, y muchas jóvenes, por miedo o desinformación, optan por métodos caseros.
Según Páez, familiares o amigos que incitan a una menor a tomar brebajes pueden incurrir en delitos graves, como el feticidio.
La escasez de condones, pastillas anticonceptivas y pruebas de embarazo —ausentes en las farmacias pero disponibles en redes sociales a precios imposibles— contribuye a este escenario desesperado.
“No es un secreto que se encuentran en las redes a precios exorbitantes, alejados del bolsillo profesional”, dice el reportaje.
En ese contexto, la prevención no es una opción viable para muchas familias, una situación que el régimen tampoco ha sido capaz de resolver en la red estatal de farmacias.
La doctora lamentó también que, una vez hospitalizadas, muchas jóvenes y sus familias omitan información vital sobre lo que tomaron o hicieron, lo que entorpece el tratamiento.
“Cuando la ven entubada, entonces es que hablan. Retrasan nuestro trabajo”, dijo.
Frente a esta realidad, la profesional insistió en la necesidad de una acción coordinada entre escuela, familia y sistema de salud.
Y aunque su discurso intenta rescatar el valor del sistema institucional, el panorama que describe —embarazos adolescentes, abortos caseros, medicación peligrosa y mutilaciones— expone con crudeza el deterioro del sistema sanitario cubano y la vulnerabilidad de las mujeres en el país.
En una Cuba donde cada vez es más difícil protegerse, muchas jóvenes se juegan la vida entre el miedo, la improvisación y el silencio.
Porque ni siquiera el derecho a no ser madre está garantizado cuando el Estado abandona incluso lo básico: un preservativo.
En 2024, la dirección del Hospital Universitario Ginecobstétrico Diez de Octubre, conocido como Hijas de Galicia, en La Habana, alertó sobre la llegada de cuatro mujeres en estado de shock al cuerpo de guardia del centro médico en tan solo 10 días, como consecuencia de abortos realizados ilegalmente.
Algunas personas utilizan ilícitamente el misoprostol, una prostaglandina destinada al aborto farmacológico y cuyo empleo está indicado exclusivamente dentro del ámbito hospitalario, subrayó la denuncia.
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